Residentes de Portland demandan al ICE por el uso de gas lacrimógeno que invade sus viviendas y pone en riesgo su salud

Los residentes de un complejo de vivienda asequible en Portland, Oregón, han presentado una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria Kristi Noem por el uso reiterado de gas lacrimógeno frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el argumento de que los agentes federales han permitido que sustancias químicas ingresen dentro de sus hogares durante meses. El uso de gases lacrimógenos está prohibido por varios protocolos y convenciones en contextos de guerra, pero son continuamente desplegados en contextos internos en Estados Unidos y otros países.

El complejo Gray’s Landing se encuentra a menos de 30.8 metros (100 pies) del edificio federal. Según la demanda, el gobierno está “lanzando gas venenoso dentro de los hogares de sus propios ciudadanos a sabiendas”. Los residentes sostienen que el gas se adhiere a paredes, alfombras, muebles y juguetes infantiles, lo que genera exposición continua más allá de los momentos visibles de dispersión.

La demanda fue presentada tras meses de enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes frente a la instalación del ICE en el sector de South Waterfront de la ciudad de Portland. Aunque el DHS ha defendido el uso de municiones químicas como respuesta a disturbios, las autoridades locales han descrito varias de las protestas como pacíficas.

La demanda de los residentes sostiene que están “sufriendo inmenso daño físico y psicológico” por la exposición recurrente a los gases. El documento describe que “los niños que viven en Gray’s Landing se han acostumbrado a que armas de guerra exploten afuera de sus hogares”, y que algunos de ellos “duermen en armarios para reducir la exposición al gas que entra por los espacios en sus ventanas”.

Whitfield Taylor, uno de los demandantes, afirmó que sus hijas “no pueden dormir debido a las potentes granadas aturdidoras que los agentes federales lanzaron fuera de su vivienda”. Algunas noches, según la presentación judicial, “han dormido dentro del armario de su habitación, construyendo un refugio improvisado para sentirse protegidas”.

Otros residentes reportan síntomas físicos persistentes. Susan Dooley declaró a la cadena KATU que, tras repetidas exposiciones, comenzó a experimentar problemas respiratorios y desorientación: “Me olvido de muchas cosas, y sé que mi habla no es como solía ser, porque siento que me falta el aire”. Posteriormente recibió un diagnóstico: “Finalmente, fui al médico y el miércoles me diagnosticaron insuficiencia cardiaca leve”.

El doctor Anthony M. Szema, presidente de la Sección sobre Terrorismo y Desastres por Inhalación de la Sociedad Torácica Americana, dijo al New York Times que existen riesgos cuando el gas lacrimógeno se mantiene en entornos cerrados. “Es un arma indiscriminada y un peligro respiratorio. Punto”. También añadió que si la sustancia se introduce en espacios cerrados, es una “receta para el desastre”.

Sin embargo, el DHS rechaza las acusaciones. La portavoz Tricia McLaughlin declaró que “la Primera Enmienda protege la libertad de expresión y la reunión pacífica, no los disturbios”. Añadió que los agentes han “seguido su formación y han utilizado la mínima fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”, y que la agencia está tomando “medidas adecuadas y constitucionales para defender el Estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de los peligrosos alborotadores”.

Paralelamente, la ACLU de Oregón presentó otra demanda en nombre de manifestantes y periodistas, con el argumento de que el uso de municiones químicas constituye represalia que inhibe derechos de la Primera Enmienda. En respuesta, el juez federal Michael Simon emitió una orden de restricción temporal por 14 días limitando el uso de municiones químicas contra personas que no representan una amenaza inminente.

En su resolución, Simon escribió que la nación “ahora está en una encrucijada”, y sostuvo que en una república constitucional “la libertad de expresión, el periodismo valiente y las protestas no violentas están permitidos, son respetados e incluso celebrados”.

Por otra parte, después de que el fin de semana pasado agentes federales lanzaran grandes cantidades de gas lacrimógeno hacia protestantes, incluidos niños, el concejal Sameer Kanal anunció que propondrá una prohibición total del gas lacrimógeno en la ciudad. “Es indiscriminado, no ataca a personas concretas, envenena a niños y ancianos”, declaró. “Lo hemos prohibido en tiempos de guerra... si no permitimos que lo utilicen los soldados, ¿por qué íbamos a permitir que se utilizara contra la población de Portland?