El Supremo corrige de forma parcial una condena en el caso de corrupción por las licencias turísticas de Ciutat Vella

La Audiencia de Barcelona decidió en 2022 condenar a 17 personas por la trama que permitió la concesión de licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella a espaldas de la normativa aprobada por el Ayuntamiento a cambio de mordidas. El Tribunal Supremo ha decidido avalar esa sentencia, con una pequeña variación que afecta a la que se considera que era una de las piezas claves en la tramitación ilegal de licencias que se operaba en el Departamento de Licencias del distrito, la responsable de la secretaría técnico–jurídica, Elena Ariza. El fallo del Supremo borra su condena de un año y seis meses por el delito de cohecho, aunque le mantiene los dos años de prisión por prevaricación urbanística en concurso con un delito continuado de falsedad documental.

En el caso del otro condenado que apeló la sentencia de la Audiencia, Francesc Gabriel Palau Helguera, también técnico municipal, el Supremo desoye su petición y mantiene para él dos años y siete meses de prisión por su participación en la trama.

El de las licencias de viviendas turísticas de Ciutat Vella es un largo procedimiento judicial que se inició en 2009 y acabó en la Audiencia de Barcelona diez años después. Lo originaron la entonces concejal de Ciutat Vella, Itziar González, y la técnica Lourdes Conesa, que fueron claves en la detección de las irregularidades cometidas por los cuatro técnicos municipales que participaron en el amaño de los procesos administrativos y en su denuncia. A raíz de su oposición, ambas fueron amenazadas, por lo que González dimitió de su cargo y denunció a los autores de las amenazas y al Ayuntamiento por prestarle el apoyo necesario. Los condenados sumaron penas de prisión de entre seis meses y tres años y medio por la comisión de los delitos de soborno, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental.

Si González y Conesa fueron quienes impulsaron las denuncias, el origen del caso se encuentra en la aprobación municipal del Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública Hotelera y otros servicios en el distrito de Ciutat Vella en 2005, con el fin de poner freno a la proliferación de apartamentos turísticos en la zona, ya sometida a una gran presión. Toda la tramitación pasaba por el Departamento de Licencias e Inspección. El director de servicios técnicos de Ciutat Vella, Heliodoro Eugenio Lozano, cesado en 2008, se puso de acuerdo con Ariza para aprobar autorizaciones para apartamentos turísticos en viviendas que no cumplían con las condiciones marcadas por la normativa municipal. Joaquín Quilez, contratado por una serie de propietarios, asumió el papel de intermediario.

Durante el juicio en la Audiencia, 15 imputados alcanzaron acuerdos con la Fiscalía para, tras admitir los cargos, eludir altas penas (hasta 20 años llegó a pedir en algunos casos la Fiscalía) y evitar así la prisión.