La Comisión Jurídica concluye que Itziar González no debe ser indemnizada por las amenazas por los pisos turísticos de Ciutat Vella

Ada Colau firmó, en septiembre de 2022, un decreto de alcaldía para abrir un expediente e indemnizar a la exconcejal Itziar González y a la funcionaria Lourdes Conesa por los perjuicios ocasionados -amenazas y presiones durante años- tras destapar los casos de corrupción en la concesión de licencias de pisos turísticos de Ciutat Vella. Dos años y medio después de la apertura del expediente, la Comisión Jurídica Asesora –el órgano consultivo de la Generalitat integrado por 15 juristas que vela por la legalidad de las actuaciones de las administraciones catalanas- ha emitido un dictamen en el que advierte que el Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de las amenazas sufridas por González y, por tanto, no es partidario de indemnizar a la exconcejal con los 71.228,92 euros que solicitaba la propia interesada.

González fue la concejal de Ciutat Vella entre 2007 y 2009. Se había presentado, como independiente, en las listas del PSC capitaneadas por Jordi Hereu. La concejal detectó, junto con Conesa, la tramitación fraudulenta de pisos turísticos en su distrito entre 2005 y 2009, periodo en el que también había gobernado el PSC la ciudad. Fruto de esa denuncia recibió amenazas, dimitió del cargo y denunció a los autores de las amenazas y al Ayuntamiento por no prestarle el apoyo suficiente. Los denunciados fueron condenados pero el Ayuntamiento no tuvo que abonar ninguna indemnización a la exconcejal. En septiembre del 2022, Colau intentó corregir lo que consideraba injusto con un decreto de alcaldía. También lo hicieron BComú, ERC, Junts y Ciudadanos que aprobaron, en el pleno de septiembre de 2022, dos propuestas para reconocer y reparar el trato que consideraron injusto recibido por González y Conesa. El PSC, el partido bajo cuyas siglas se presentó la exconcejal, no aprobó las propuestas ni apoyó a la exconcejal

Colau firmó el decreto el 29 de septiembre del 2022 y, por el momento, no está consiguiendo el propósito que pretendía. La gerencia del distrito de Ciutat Vella, tras recibir el decreto, abrió el proceso legal en el que González aportó documentación y solicitó 71.228,92 euros en concepto de los salarios que dejó de percibir tras verse obligada a dimitir y hasta el fin del mandato en 2011.

Desde la gerencia de Ciutat Vella se solicitó al seguro del Ayuntamiento que abonara las cantidades reclamadas y la aseguradora justificó que estaban fuera de cobertura. El pasado mes de mayo, el instructor del expediente tras realizar varias gestiones propuso que se pidiera un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat.

El organismo de la administración catalana ha emitido un dictamen admitiendo que Itziar González dimitió tras ser víctima de un delito de amenazas cometido por “autores que no eran funcionarios municipales”. La exconcejal ha alegado en todo momento la “falta de apoyo del Ayuntamiento” pero la Comisión sostiene que el Consistorio le proporcionó un servicio de escolta tras conocer que había sido amenazada. Además, el tribunal de la Audiencia de Barcelona no condenó al Comsistorio a abonar ningún tipo de responsabilidad patrimonial al considerar que su actuación había sido apropiada. La Comisión Jurídica Asesora, que es consultiva, concluye que no se cumplen los requisitos para indemnizar a González. Ahora será el Ayuntamiento de Barcelona -ahora en manos del PSC, que no firmó el apoyo a González- el que decida si debe indemnizarse o no a la exconcejal.

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