Dos reveses judiciales vetan el unilateralismo de Trump contra el asilo

Una de las prioridades de Donald Trump en materia migratoria ha sido acabar con el asilo, una de las vías que tiene los migrantes para ser autorizados a residir en Estados Unidos. Sus esfuerzos, sin embargo, no han sido bienvenidos por los tribunales, que perciben el unilateralismo de sus acciones como un desprecio por la autoridad del Congreso. Así lo han presentado dos recientes fallos judiciales.

Un panel de jueces federales limitó el viernes pasado el esfuerzo del presidente Trump para cerrar el sistema de asilo de Estados Unidos en la frontera sur, diciendo que su Administración no puede suspender unilateralmente las leyes que prohíben deportar a migrantes a lugares donde enfrentarían persecución o tortura.

La decisión se tomó en el tribunal de apelaciones del circuito de Washington DC, que levantó una pausa administrativa que esta misma corte había impuesto en julio sobre una decisión de un juez que había dejado sin efecto la orden ejecutiva de Trump que vetaba el acceso al asilo. El mes pasado, el juez federal de distrito Randolph Moss, designado por el expresidente Barack Obama, dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad con esta medida.

El 20 de enero, fecha de la investidura de Trump, el magnate incluyó entre su ráfaga de órdenes ejecutivas una que eliminaba el derecho a solicitar el asilo. El decreto prohibía a los migrantes solicitarlo al cruzar la frontera por cualquier punto fuera de un puerto de entrada y restringía los requisitos para pedirlo a quienes lo hicieran por dichos puertos. El presidente justificó la medida alegando que el país sufría “una invasión” de migrantes.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones rechazó los esfuerzos de la Administración de utilizar la “invasión” como justificación para negar las protecciones de asilo expresamente otorgadas por el Congreso y deportar sumariamente a familias e individuos a países donde corren grave riesgo de persecución sin ningún recurso.

“La declaración de invasión, en particular, es un ejemplo de cómo la Administración Trump, mediante órdenes ejecutivas, intenta esencialmente anular al Congreso, porque aunque la ley estadounidense lo estipula, la Administración dice que tiene la autoridad ejecutiva para no permitir que las personas soliciten asilo o la suspensión de la deportación”, explica Kathleen Bush-Joseph, analista política del Migration Policy Institute.

Los funcionarios de la frontera estadounidenses se han basado en la orden ejecutiva de Trump para expulsar a quienes ingresan al país ilegalmente, sin permitirles solicitar asilo, en los seis meses que ha estado activo el decreto del republicano.

Los 13 demandantes que se personaron en la querella contra el decreto afirmaron haber sufrido “persecución en el pasado” o “temen persecución futura debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas”, o presuntamente han “sufrido o temen tortura”. A la demanda también se unieron el Centro para la Educación y los Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Los defensores elogiaron el fallo de Moss, que vuelve a estar en vigor tras la decisión del tribunal de apelaciones, por entender que el asilo no es una preferencia política, sino una obligación legal incorporada en la legislación estadounidense y los compromisos internacionales. “Nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni en la Constitución otorga al presidente (…) la amplia autoridad que se afirma en la proclamación y las directrices de implementación”, escribió Moss. “Apelar a la necesidad no puede llenar ese vacío”, dijo, rechazando el argumento del Gobierno de que una frontera fuera de control justificaba la medida.

El fallo del tribunal de apelaciones rechazó el recurso que presentó la Administración contra la decisión de Moss, pero establece ciertas limitaciones del asilo. Lo que sí que autoriza completamente es el acceso a los mecanismos de suspensión de expulsión y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Ambos tienen un margen amplio para evitar las deportaciones, aunque no son una vía para solicitar la tarjeta verde y su permiso de residencia permanente, como sí lo hace el asilo.

Otro fallo judicial dio un revés al Gobierno de Trump al bloquear el viernes las deportaciones exprés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los inmigrantes que entraron legalmente al país con el parole humanitario. La jueza federal Jia Cobb, del Distrito de Columbia, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional excedió su autoridad legal con las deportaciones aceleradas, que permiten la expulsión sin una orden judicial. La magistrada dijo que esos inmigrantes enfrentan peligros que superan cualquier daño que pueda resultar de “hacer una pausa” en los planes de la Administración.

La prohibición de acceder al asilo y el resto de medidas contra la inmigración han hecho descender drásticamente el número de encuentros en la frontera. En el mes de julio, la Patrulla Fronteriza de EE UU detuvo a 4.598 personas. Con respecto al año fiscal anterior, el descenso ha sido del 85%.