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Sufrir en silencio o enfrentar la deportación: el terrible dilema de las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género

Los defensores de las supervivientes advierten del daño causado por las redadas de inmigración: “Es probable que ahora esas mujeres mueran”

Una mujer migrante es procesada después de un vuelo de deportación desde Estados Unidos, en Guatemala, en enero de 2024.
Patricia Caro

Aguantar la violencia género en casa, que puede provocar hasta la muerte, o enfrentarse al implacable Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). El temor a la expulsión y la separación familiar deja a las mujeres víctimas que son indocumentadas ante una disyuntiva imposible: denunciar el abuso y arriesgarse a la deportación o continuar en una relación abusiva. Las políticas antiinmigración de la Administración de Donald Trump y su empeño en lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos exacerba el riesgo que enfrentan al acudir a las autoridades. El ICE está ávido de cubrir el cupo de 3.000 deportaciones diarias que le impone el Gobierno y una denuncia de maltrato de una migrante indocumentada le sirve a la víctima en bandeja.

“El miedo entre las migrantes que sufren violencia doméstica ha aumentado muchísimo con esta Administración. Cuando ves a gente literalmente detenida en la calle mientras lleva a sus hijos a la escuela o al supermercado, el miedo aumenta enormemente, y con razones válidas”, explica Christian F. Nunes, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres (NOW son sus siglas en inglés), dedicada a la abogacía feminista.

Hasta en las ciudades santuario, como Alburquerque, en Nuevo México, las mujeres tienen miedo de denunciar el drama que viven en sus hogares desde que el ICE ha invadido las calles del país en busca de personas que deportar. Bonnie Escobar, que dirige Enlace Comunitario, confirma que el temor se ha apoderado de las migrantes que sufren abuso. Su organización lleva 25 años ayudando a las víctimas de violencia de género con terapia, alojamiento, asesoramiento y defensa legal. Al año atienden unas 700 supervivientes, pero ya han notado los efectos. Hace aproximadamente un mes el ICE hizo dos redadas en un establecimiento de Walmart local y se llevó detenidos a varios trabajadores indocumentados que se encargaban del reparto a domicilio, extendiendo el miedo entre la comunidad migrante.

A la reunión semanal del grupo de apoyo, donde aprenden cómo solicitar una orden de protección y cómo redactar un informe para la policía, entre otros conocimientos, suelen acudir 20 supervivientes de violencia. La semana pasada solo acudieron cinco. “Y las cinco que vinieron nos dijeron que tenían miedo de salir de casa porque no saben si van a toparse con el ICE”, afirma Escobar. “Hemos visto los efectos escalofriantes con solo dos redadas”, añade.

La violencia de género se define como un comportamiento abusivo para controlar a la pareja u otro miembro de la familia. El abuso puede ser físico, emocional, económico o sexual. Escobar explica que en culturas más machistas, como ocurre con buena parte de la comunidad latina, es más común que las mujeres vean el abuso como algo que deben soportar en una relación. Si a ello se le añade el temor a caer en las garras del ICE, es muy probable que eviten denunciarlo.

El Houston Chronicle publicó recientemente el caso de una mujer salvadoreña cuyos datos acabaron en manos de los agentes migratorios después de haber llamado al 911 para pedir ayuda por el maltrato recibido por su exmarido.

La mujer llegó en 2018 a Estados Unidos con su esposo y sus dos hijos huyendo de la violencia de las pandillas. La pareja tuvo un tercer hijo en Houston, pero se separaron poco después. En 2024, ella obtuvo una orden de protección contra él debido a abusos reiterados, pero el hostigamiento no cesó. En el trabajo y en público, la acosaba, armado con pistola y cuchillos, y amenazaba con matarla. En abril, después de ser abordada cuando hacía la compra, llamó a la policía, quien le facilitó un número de ayuda. El oficial que respondió el teléfono le avisó de que la policía había pasado su informe al ICE y le aconsejó que no hiciera una denuncia en persona o se arriesgaba a ser detenida.

“Si volviera a hacerme daño, no creo que pudiera denunciarlo porque ahí terminaría mi historia”, dijo la mujer.

Su caso no es único. Muchas mujeres sin papeles prefieren sufrir en silencio a revelar su identidad y que acabe en manos del ICE. Una reciente encuesta realizada por los Defensores de los Migrantes Supervivientes (AIS) muestra que el 76% de los abogados admite que las víctimas que son indocumentadas tienen miedo de denunciar los abusos. El riesgo adicional de la deportación impide que soliciten órdenes de protección, llamen a la policía o sigan adelante con el proceso legal.

“Esta encuesta nos muestra el grave efecto disuasorio que los recientes cambios en la política migratoria están teniendo en los inmigrantes supervivientes de violencia”, declaró Cristina Vélez, directora de Políticas de ASISTA, organización que ofrece asistencia a los defensores de las migrantes víctimas de violencia de género en casa. “Este es el mensaje que están recibiendo: o se quedan con su abusador o se arriesgan a la deportación”.

La colaboración de las fuerzas del orden estatales y locales con el ICE impuesta por Trump agrava su situación. Las redadas de los agentes migratorios en los tribunales también les desanima a demandar a sus agresores.

Las mujeres indocumentadas han huido de situaciones de violencia, pobreza y o persecución de algún tipo en sus países de origen. Su vulnerabilidad es mayor que la del resto de las mujeres y están más expuestas a sufrir violencia de género y abusos sexuales. Un informe de NOW realizado en 2017, durante la primera Administración de Trump, ya mostraba que las tasas de abuso entre mujeres inmigrantes llegan al 49,8%, casi tres veces el promedio nacional.

Los agresores, que en muchas ocasiones son los únicos vínculos que tienen con Estados Unidos, se aprovechan de esa dependencia. Varias son las amenazas con las que pueden chantajear a sus víctimas. Entre otras, denunciarlas a las autoridades, parar su proceso de regularización o no iniciarlo, separarlas de sus hijos y retirarles la ayuda financiera, si dependen de ella. En muchos casos, además, las víctimas no hablan inglés, por lo que su situación se complica y su aislamiento es mayor.

El informe de NOW mostró que entre los cónyuges abusivos que podrían haber presentado los documentos de inmigración legal para las víctimas, el 72,3 % nunca los presentó y el 27,7 % que sí los presentó lo hizo con un retraso promedio de 3,97 años.

“Eres mi esposa. Te lo advertí”

La vulnerabilidad de las mujeres indocumentadas propició que el Congreso aprobara la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994 (VAWA), por la que las personas extranjeras que han sido maltratadas por un familiar ciudadano estadounidense o residente permanente legal tienen la posibilidad de solicitar de forma independiente (autopetición) la residencia permanente sin el conocimiento, consentimiento ni participación del abusador en el proceso migratorio.

Según los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en 2024 se presentaron 35.917 peticiones de VAWA. El aumento de las solicitudes en la última década ha sido del 350%.

Una mujer de 31 años que dejó a su marido tras varios incidentes de maltrato físico y verbal mostró a la cadena CBS algunos de los mensajes que recibía de su agresor. Un mensaje decía: “1. Eres mi esposa. 2. Soy tu peticionario. Legalmente no puedes irte así como así; como estadounidense, eres mi responsabilidad. Lo siento, pero te lo advertí”. También envió la advertencia a la hermana de la víctima: “Me pondré en contacto con inmigración pronto” y “el ICE puede aparecer cualquier día y deportar”, decían los mensajes de texto.

Nunes explica que las redadas que está realizando el ICE en lugares que antes se consideraban seguros, como iglesias, escuelas y hospitales, aumentan el temor de las mujeres, que se sienten más inseguras que nunca. “Hay auténtica crueldad e inhumanidad en lo que está sucediendo con la política migratoria actual. Hay un miedo extremo”, afirma.

Los agentes del ICE también tienen acceso ahora a los albergues que reciben a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Trump puso fin a la protección que tenían estos lugares durante la Administración del expresidente Joe Biden, que impedía la entrada de los agentes migratorios a los refugios. La directora de uno de ellos que ayuda principalmente a mujeres hispanas en El Paso (Texas) afirmó a USA Today haber observado una disminución del 25% en la cantidad de personas que buscan ayuda. La directora solicitó el anonimato por temor a represalias del ICE.

Todo el contexto hostil que ha creado el Gobierno de Trump hacia los migrantes influye también en el ambiente que hay en el hogar. Si ya había violencia, esta se ve exacerbada por sus políticas. “Si alguna vez ha habido un incidente de estrangulamiento o si hay un arma en el hogar, es más probable que ahora esas mujeres mueran”, admite con pesadumbre Escobar.

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Sobre la firma

Patricia Caro
Periodista en Washington, especializada en temas latinos y de inmigración. Forma parte del equipo de la edición de Estados Unidos de EL PAÍS. Fue corresponsal de la Cadena SER en Brasil. Trabajó como redactora de Economía Internacional en el diario Cinco Días.
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