El Gobierno reabre cárceles privadas desacreditadas para llenarlas con los migrantes detenidos por el ICE

En 1931 la ciudad de Leavenworth, en Kansas, recibió a uno de los presos más célebres de la época: Al Capone. El gánster George Machine Gun (metralleta) Kelly y James Earl Ray, quien asesinó a Martin Luther King Jr, fueron otros reclusos famosos que pasaron por sus cárceles. Ahora, la ciudad mantiene un pleito sobre el Midwest Regional Reception Center (MRRC), que se prepara para acoger otro tipo de presos: los migrantes detenidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). MRRC es una de las penitenciarías privadas que, a pesar de arrastrar un pasado marcado por las denuncias sobre las condiciones en que mantenía a los presos, reabre sus puertas para cubrir las necesidades de la campaña antiinmigración de Donald Trump. El ICE ha citado una “urgencia apremiante” para conseguir miles de camas y hacer frente a las detenciones masivas que exige el Gobierno del republicano y su anhelada mayor deportación de la historia de Estados Unidos. La Administración cuenta con 41.000 camas para detener migrantes y quiere llegar al menos a 100.000, tal vez 150.000.

Para ello, se han firmado contratos con las mayores compañías de cárceles privadas, CoreCivic, gestora del centro de Leavenworth y con sede en Tennessee, y Geo Group, de Florida. Los contratos, adjudicados sin licitación, han disparado las acciones de las empresas, que recibirán millones de dólares por los acuerdos. “Nunca en nuestros 42 años de historia como empresa hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros servicios como la que estamos viendo ahora”, declaró Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic, durante una conferencia telefónica con accionistas el mes pasado.

La vuelta a la actividad de los centros que estaban inactivos ha hecho saltar las alarmas entre los grupos de derechos civiles, que denuncian las insalubres condiciones de las dependencias y la historia de maltrato que penden sobre muchas de ellas.

“GEO Group y otros contratistas privados están rebosantes por la continua expansión de los centros de detención de ICE por parte de Trump y, en particular, ante la perspectiva de sacar provecho de sus prisiones vacías, como North Lake”, afirmó Setareh Ghandehari, directora de defensa de Detention Watch Network, una coalición nacional que lucha para abolir la detención de migrantes en Estados Unidos. Sus declaraciones siguieron a la reapertura de la prisión de North Lake, en Michigan, que llevaba cerrada desde 2022 y esta semana empezó a operar para alojar a migrantes. Con una capacidad para 1.800 personas, se prevé que sea uno de los centros de detención del ICE más grandes del país.

“Esta instalación es una abominación y ha sido un insulto para Michigan desde que se colocó la primera piedra”, dijo Shelley Cichy, miembro de la organización No Detention Centers. “Lo que le importa al Grupo GEO es obtener ganancias. Al reabrir North Lake para el ICE, esta corporación se está beneficiando de la expansión de Trump de un sistema de detención cruel e inhumano”, añadió.

También la cárcel de Leavenworth está ligada a denuncias pasadas por las condiciones en que vivían los presos. Su reapertura está pendiente de la resolución de un litigio que mantiene con la ciudad, que le exige la obtención de un permiso especial. CoreCivic defiende que dicho permiso no es necesario, ya que gestionó el centro de 1992 a 2021, cuando la Administración Biden, que puso fin al uso de las cárceles privadas, no renovó el contrato.

En declaraciones a EL PAÍS, Ryan Gustin, director de Asuntos Externos de CoreCivic, señalo que “además de las tarifas por impacto que acordamos pagar, y el impuesto de propiedad que ya pagamos, nos hemos esforzado por escuchar y ser transparentes con la comunidad. Hemos organizado jornadas de puertas abiertas para líderes locales y medios de comunicación, y hemos seguido proponiendo soluciones a los funcionarios municipales para avanzar juntos”.

Las autoridades de Leavenworth iniciaron su petición citando una transcripción judicial de 2021 en la que la jueza del tribunal de distrito Julie Robinson calificó la prisión como un “absoluto infierno”.

“Todo lo que está sucediendo allí está traumatizando a todos: los guardias están traumatizados. Algunos casi mueren. Los detenidos están traumatizados con agresiones y lesiones, y hace poco un detenido fue asesinado. Así que conozco bien la situación en CoreCivic y también estoy muy preocupada”, declaró Robinson en aquel momento.

La demanda de la ciudad describió a detenidos encerrados en duchas como castigo. Dijo que las sábanas y toallas de la instalación obstruyeron el sistema de aguas residuales y que CoreCivic obstaculizó la capacidad de la policía de la ciudad para investigar agresiones sexuales y otros crímenes violentos que tuvieron lugar en sus instalaciones.

“Como en cualquier situación difícil, buscamos aprender de ella. La dotación de personal fue el principal factor que contribuyó a los desafíos, y la pandemia de Covid 19 agravó los problemas laborales. Agradecemos tener un mercado laboral más estable y hemos recibido una respuesta positiva de quienes buscan empleo y están interesados ​​en los puestos que creará la instalación”, respondió Gustin. CoreCivic prevé crear 300 nuevos puestos de trabajo para los que ofrece un salario de 28,25 dólares por hora.

Delaney Hall

Una de las primeras aperturas de centros de detención para satisfacer las necesidades del ICE ha sido Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. La agencia migratoria ha firmado un contrato por mil millones de dólares con Geo Group para usar sus mil camas por un plazo de 15 años y multiplicar así por cuatro la capacidad del Estado para alojar migrantes detenidos.

“Este aumento masivo en la capacidad de detención coloca al público en mayor peligro ante la agenda inconstitucional, racista y xenófoba de detención y deportación masiva de la Administración Trump”, declaró al respecto Amol Sinha, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nueva Jersey. El centro comenzó a recibir migrantes en mayo y se han sucedido las protestas por la falta de comida, acceso a tratamientos médicos y otras carencias que sufren los presos. Cuatro reclusos se fugaron del recinto la semana pasada, tres de los cuales ya fueron regresados.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, que fue arrestado frente al Delaney Hall el mes pasado y acusado de allanamiento después de intentar visitar las instalaciones, ha cuestionado que el edificio, remodelado para albergar a detenidos, no cumple con los permisos de ocupación correspondientes. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que estas acusaciones son falsas.

La construcción de nuevos centros para detener a lo migrantes depende del presupuesto de 45.000 millones de dólares que ICE ha pedido y que se debate en el Congreso. El Senado aún no lo ha aprobado, pero ello no ha frenado a los agentes de disparar el número de redadas y detenciones de los migrantes.