Las redadas y deportaciones vacían el presupuesto del ICE

“Su Departamento está fuera de control”. El senador demócrata Chris Murphy no suavizó las críticas contra la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, y no hablaba en esta ocasión de las redadas y las deportaciones que está llevando a cabo, sino del dinero, de la gestión de los fondos que tiene asignados a su cartera. El también legislador de Connecticut advirtió de que la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump ha puesto al DHS en riesgo de quedarse sin financiación en julio, meses antes del fin del año fiscal.

Esta realidad puede llevar al Departamento a caer en la ilegalidad. De acuerdo a las estimaciones publicadas por Axios, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), parte del DHS, ya habría sobrepasado su presupuesto en 1.000 millones de dólares cuando aún quedan tres meses para que acabe el ejercicio fiscal. La Ley Antideficiencia prohíbe a las agencias federales gastar dinero público que no haya sido asignado por parte del Congreso o tener gastos que estén por encima de los fondos que tiene a su disposición.

Estas cuentas no parecen cuadrar cuando desde la Administración se está endureciendo la orden de cumplir el objetivo de detener a 3.000 inmigrantes al día, una cantidad de arrestos que no tiene precedentes y que aún no se ha alcanzado pese al impacto en los recursos presupuestarios. Ya en marzo, el Departamento que gestiona Noem redirigió 500 millones y solicitó un mínimo de 2.000 millones más para acabar el año fiscal.

En otra comparecencia de mayo, esta vez ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el legislador republicano Mark Amodei pidió a Noem mejor comunicación sobre los gastos de su Departamento. “No la sorprenderemos, no nos sorprenda”, él dijo.

El presidente Donald Trump tiene varias opciones si la caja se vacía. Podría invocar la emergencia nacional, lo que le permitiría dedicar fondos de otras agencias para seguir financiando al ICE. Algo que ya hizo en su primera Administración, cuando se destinaron 4.000 millones del Pentágono a la construcción del muro con México.

A la actual situación presupuestaria se une el hecho de que esta agencia ya ha involucrado a otras áreas del Estado en sus operaciones de inmigración, lo que indirectamente suma más fondos a esta tarea. A mediados de mayo, el DHS pidió la ayuda de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional que desde hace días apoyan al personal del ICE en Los Ángeles. Además, la semana pasada, el secretario de Defensa autorizó la movilización de 700 miembros del Ejército para apoyar labores de esta agencia en Florida, Luisiana y Texas.

Con o sin emergencia nacional, el coste de las actividades refuerza a los legisladores republicanos en la necesidad de aprobar la ley fiscal y presupuestaria que Trump ha bautizado como su “gran y hermosa” ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora se revisa en el Senado. Esta destina 168.000 millones de dólares a agencias cuya primera dedicación será la ejecución de las políticas para poner en marcha la mayor deportación de la historia prometida por el presidente.

David Bier, experto del Cato Institute, explicaba en un reciente artículo que el gasto en ejecución de leyes de inmigración “es ya extremo” dado que se destina a ello 36 veces más que a la lucha contra el fraude fiscal y financiero, y ocho veces más que al presupuesto del FBI. No obstante, a su juicio, la nueva ley fiscal llevaría este gasto a cotas “inimaginables”.

Los fondos que destinaría esta ley estarían disponibles durante cinco años y se podría distribuir el gasto hasta 10 años. Bier opina que lo que se dedicaría a la aplicación de las leyes y políticas de inmigración dejaría muy lejos al resto de lo presupuestado para asegurar y velar por el cumplimiento de otras leyes por parte de otras agencias del Estado.