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El Gobierno calcula que con la nueva Ley de Aguas se recaudará un 21% más que en 2025

La Administración estima que, con el aumento de sanciones, la instalación de medidores y el cobro de deudas, los ingresos para el Estado podrán aumentar hasta los 37.000 millones de pesos

Una mujer suministra agua potable en botes y tinacos en su hogar, en ztapalapa.Graciela López (CUARTOSCURO)

En los primeros meses de la nueva Ley de Aguas que el Senado aprobó el pasado diciembre, los resultados para las arcas mexicananas empiezan a notarse. Efraín Morales López, director general de Conagua (Comisión Nacional del Agua), ha asegurado este lunes en rueda de prensa que en 2025 han conseguido incrementar la recaudación en 3.500 millones de pesos. “Estamos recuperando [impuestos] de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando. Y además, este año vamos a incrementar en 6.300 millones de pesos más esta recaudación”, ha prometido el titular, lo que se traduce en un 21% más que este año.

Morales, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, ha celebrado los logros en el primer cuatrimestre de la ley. La iniciativa ha eliminado las transmisiones del recurso entre particulares, lo que generaba un “mercado negro del agua”, según el director de la Conagua. “Ahora regresa toda esa concesión a Conagua y ya Conagua puede otorgar a quien realmente va a utilizar”, ha destacado Sheinbaum. Este fue uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación, que enfrentó al campo con el Gobierno de Morena. De acuerdo con los productores agrícolas, la eliminación de las transmisiones les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor, lo que da ventaja a las grandes empresas que obtendrán sus tierras a precios irrisorios.

El Gobierno también ha endurecido la vigilancia a embotelladoras para reclamar por las deudas en el pago de impuestos. En los últimos meses, Conagua ha detectado 18 títulos de concesión con 2,8 millones de metros cúbicos de agua que no pagaban su parte al Estado, así como otros 10 títulos con sobreexplotación, 42 concesiones sin medidor y 10 con registros de impago. “El marco de la nueva ley nos permite que la Conagua pueda establecer una norma que permita que se mida adecuadamente y con los mecanismos también relacionados y limita las cuotas de garantía para que el agua que no se esté utilizando se regrese”, ha apuntado Morales.

En 2024, la recaudación por la gestión del recurso fue de 27.143 millones de pesos. En 2025, el año en el que se aprobó la nueva ley, las arcas ingresaron 30.635 millones de pesos en este concepto. Ahora, con las medidas de control y vigilancia y el endurecimiento de las sanciones y la fiscalización del agua, el Estado espera que se llegue a los 37.000 millones de pesos en impuestos. “Es muy importante porque estos recursos sirven para realizar obras de agua y también para llevar muchos otros beneficios a las y los mexicanos”, ha subrayado Morales.

Sheinbaum ha señalado que, como las concesiones de agua para riego agrícola no pagan tasas al Estado, los particulares con estos títulos solían usarla para otros usos o venderla sin notificar a la Conagua. “Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo mientras la gente de un lado no tiene agua”, ha indicado la presidenta. Durante la rueda de prensa, Conagua ha expuesto como ejemplo un pozo de agua en Querétaro de 628.000 metros cúbicos bajo la gestión de una familia a la que no se le cobraba impuestos por estar bajo uso agrícola. “Cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas”, ha denunciado Morales. “Otro de los títulos que también revisamos que se está utilizando, es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo en donde hay esquí acuático, en donde se tienen áreas verdes muy grandes”, ha añadido. Sheinbaum ha señalado al diputado del PRI Mario Calzada por oponerse a la Ley de Aguas “porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaban haciendo un uso [comercial] de esa agua”. Es una de las más de 1.000 clausuras de concesiones que ha hecho el Gobierno con la nueva normativa.

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