La nueva ley de aguas aviva el conflicto entre los campesinos y el Gobierno de Sheinbaum

El Congreso mexicano pisa el acelerador para aprobar antes del 15 de diciembre una nueva legislación para el agua en el país. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta ha creado un nuevo punto de conflicto entre las organizaciones agrícolas y ganaderas y el Gobierno, tras la disputa por el precio de la tonelada de maíz durante el mes de octubre. Este desacuerdo entre las partes llevó a que los campesinos bloquearan durante dos días las carretas en al menos 20 Estados de la República. Las organizaciones del campo han acordado este domingo cerrar carreteras, empresas y pasos fronterizos en caso de que Morena y sus aliados insistan en presurar el proceso legislativo.

El núcleo del conflicto recae en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las pueda reasignar. La justificación para esta prohibición es acabar con el mercado ilegal de concesiones de agua que se ha creado en el país. De acuerdo con los campesinos entrevistados, esto les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor.

“Es una ley regresiva que nos despoja de los derechos ganados por los agricultores con las concesiones de agua; pone en riesgo la estabilidad de nuestras familias, nuestras inversiones y el crecimiento económico del campo”, denuncia Eraclio Rodríguez, exdiputado federal del PT y campesino de Chihuahua. De acuerdo con Rodríguez y sus compañeros del Frente Nacional para el Rescate del Campo, una organización con presencia en 25 Estados, sus tierras carecen de valor sin la concesión de agua.

En los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permite la transición de derechos entre privados sin tener que pasar por la Administración pública. Esto llevó a que, actualmente, la Conagua no tenga ni control ni trazabilidad de cuánta agua usan los usuarios ni para qué fines. Como hay demasiado volumen de extracción concesionado, la Conagua no puede dar más permisos y los particulares son orillados a realizar operaciones alegales de compraventa. Con esta nueva ley, una concesión no utilizada vuelve a la Conagua para que la reasigne.

Los millonarios del agua, un trabajo académico que analizó las concesiones de agua en México, observó que hay unos 3.300 grandes usuarios privados a los que la Conagua ha dado un volumen de un millón de metros cúbicos o más al año. En total, siendo el 1,1% del padrón, tienen un total de 13.000 millones de metros cúbicos al año, el 22% de toda el agua concesionada en todo el país. Para hacerse una idea, el volumen de una piscina olímpica es de 2.500 metros cúbicos.

Esta nueva regulación se compone de una iniciativa para hacer una nueva Ley General de Aguas y un proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales. En 2012, la Constitución dio rango constitucional al derecho humano al agua y otorgó un año de plazo para promulgar una Ley General de Aguas. Aunque hubo intentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador, estos no llegaron a concretarse. Esta nueva legislación busca, según su exposición de motivos, asegurar el acceso al agua como un derecho garantizado y prioriza, en momentos de escasez, el uso doméstico y público sobre el industrial o el agrícola.

“La prohibición de las transferencias de concesiones es un aspecto positivo, ya que con la ley vigente se ha creado un mercado ilegal en el que las concesiones son del dominio de las personas, que pasan a tener un título de propiedad, y entonces pueden transferirlas, traspasarlas, hipotecarlas o especular con ellas, como si fuera una mercancía, no un permiso o una concesión”, explica Beatriz Olivera, maestra en ingeniería industrial y miembro del colectivo Cambiémosla Ya, que busca reformar en profundidad la ley minera. Olivera cree que debe revisarse el caso específico de los campesinos y pequeños propietarios, pero entiende la lógica detrás de quitar esta posibilidad.

Otro punto de conflicto para las organizaciones campesinas es que la nueva legislación condiciona los volúmenes asignados al hecho de tener una infraestructura que cumpla condiciones de sustentabilidad y ahorro de agua. Esto supone un gasto de importancia para los pequeños y medianos productores, que carecen de los recursos necesarios, y los pone en desventaja contra las grandes empresas de la agroindustria.

“Tenemos canales de tierra todavía, no tenemos sistemas de aspersión o de goteo, no contamos con el recurso como lo tienen las empresas extranjeras que están en el Estado”, lamenta Horacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Trigo en Baja California.

Los líderes campesinos se reunieron a negociar con la Secretaría de Gobernación, sin llegar a alcanzar un acuerdo. La Administración de Sheinbaum les ofreció que sus demandas queden en un artículo transitorio, es decir, una norma temporal que luego puede derogarse con facilidad.

Los representantes de los campesinos buscan una mesa de diálogo directa con la presidenta Sheinbaum, ya que consideran que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el de Agricultura, Julio Berdegué, no transmiten de forma acertada sus demandas. “Queremos que ella esté presente y corroborar que tiene la información, que está enterada de nuestras preocupaciones y de nuestras soluciones”, dice Gómez.

El frente campesino se ha reunido este fin de semana en Ciudad de México para discutir las acciones que siguen si avanza la aprobación en el Legislativo. De momento, han acordado una reunión este lunes en la Cámara de Diputados, con legisladores de Morena. La intención es persuadirlos sobre la aprobación contra reloj del ordenamiento. Para el martes, alistan la toma simbólica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y una conferencia de prensa frente a Palacio Nacional para anunciar acciones más radicales. Un paro nacional que incluye cierres de carreteras, empresas y la toma de pasos fronterizos. Esta medida de presión funcionó en el conflicto del maíz días atrás, haciendo que el Gobierno concediera un aumento en el precio a pagar por cada tonelada.