Trump planea acabar con algunas peticiones de asilo: ¿quiénes se verían afectados?

La ofensiva de la Administración del presidente Donald Trump contra la comunidad migrante sigue adelante a pesar de las protestas en contra de las deportaciones masivas. Ahora, un reporte de la CNN señala que el Gobierno planea tomar nuevas acciones que afectarán a los solicitantes de asilo dentro del país, y que podrían enfrentarse a una rápida deportación sin tener derecho a una audiencia.

El plan formaría parte de una serie de acciones que ha tomado el Gobierno para evitar que los migrantes tengan protecciones legales. Los esfuerzos son una respuesta ante la presión que existe de conseguir las cifras de arrestos de inmigrantes que prometió Trump durante su campaña.

Por otra parte, la “gran hermosa ley” de Trump, que actualmente se discute en el Senado, muestra cómo se vería el futuro de su política migratoria, y cómo se usaría el presupuesto para mejorar las capacidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para arrestar y expulsar a indocumentados.

Acelerar el proceso de deportación

De acuerdo con la cadena estadounidense, la Administración Trump planea denegar las peticiones de asilo para cientos de miles de migrantes. Los afectados serían las personas que entraron al país de forma ilegal y que después pidieron asilo. Los casos de esos individuos serán cerrados, lo que los deja en riesgo de ser expulsados de forma expedita, la fórmula que permite a las autoridades retirarlos del país sin derecho a una audiencia frente a un juez de inmigración.

Un reporte federal de 2023 señala que alrededor de 250.000 personas que solicitaron asilo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), admitieron haber ingresado a Estados Unidos de forma ilegal. Según los datos, actualmente hay alrededor de 1.400 millones de personas con aplicaciones de asilo pendientes.

Por lo general, si los USCIS determinan que una persona no puede recibir asilo en Estados Unidos, pueden entregar a la persona al ICE y así llevar a cabo su deportación. Lo mismo puede pasar con la Protección Fronteriza (CBP). Sin embargo, un informe obtenido por la CNN afirma que los USCIS ahora tendrán la autoridad de colocar a esos individuos en un proceso más rápido de deportación y “tomar medidas adicionales para hacer cumplir las infracciones civiles y penales de las leyes de inmigración”.

Presupuesto y la “Big, Beautiful, Bill”

Hace unas semanas, Trump anunció su proyecto de ley apodado “la gran hermosa ley” (o big, beautiful bill), la cual destinaría 150.000 millones de dólares en cuatro años para financiar el programa de deportaciones masivas que ha impulsado. El Senado actualmente debate una versión similar y los republicanos quieren que se apruebe rápidamente, en especial después de que las protestas en Los Ángeles se tornaran violentas en respuesta a las redadas de inmigración.

La versión de la ley que fue aprobada en la Cámara de Representantes destinaría más de 46.000 millones de dólares para la construcción e infraestructura del muro fronterizo con México, un proyecto que Trump ha impulsado desde su primera Administración. 45.000 millones se usarían para incrementar la capacidad de detención del ICE; 14.400 millones serían para las deportaciones, incluyendo el costo de transporte; y 12.000 millones se destinarían para reembolsar a los Estados por implementar las leyes de inmigración desde 2021.

De igual forma se destinarían 8.000 millones para contratar 10.000 elementos del ICE, 3.000 millones para vivienda y supervisión de niños migrantes no acompañados, 1.320 millones para abogados en las cortes de inmigración, y 1.250 millones para contratar jueces de inmigración y expandir la capacidad de las cortes.

Los críticos argumentan que el proyecto de ley carece de transparencia, y que usa un lenguaje ambiguo en torno a las principales disposiciones de gasto. Por otra parte, los defensores de los derechos humanos advierten que la ley puede resultar en una expansión descontrolada de la aplicación de las leyes migratorias sin una supervisión clara, lo que pone en riesgo los derechos de cientos de miles de migrantes.