La Sección 899 de Trump: venganza fiscal con efecto bumerán

Corría el año 1765 y el Parlamento británico se sacaba de la chistera la Stamp Act, ley que obligaba a los colonos americanos a pagar un impuesto por casi cualquier documento impreso como una carta oficial, folleto o periódico. Esta tasa, que tenía como fin recaudar dinero para costear las tropas británicas en América del Norte tras la Guerra de los Siete Años, era una herramienta fiscal con un trasfondo de control político de sus colonias.

Más de dos siglos después, EE UU podría repetir la historia con la polémica Sección 899, incluida en el último proyecto de ley de reconciliación presupuestaria y concebida para castigar a países con impuestos considerados “injustos” o “discriminatorios”. La medida, aprobada por poco margen en la Cámara de Representantes, espera el visto bueno del Senado. Y es que detrás del pintoresco nombre de “The One Big Beautiful Bill” se esconde un arma combativa: si un gobierno extranjero grava con una tasa digital o impuesto global mínimo a las corporaciones de EE UU, Washington replicará elevando hasta en un 20% los tributos sobre rentas que este gobierno o sus ciudadanos y empresas obtengan en suelo estadounidense.

Así, para Donald Trump, la 899 es una herramienta de presión que permitirá al Tesoro responder a impuestos digitales considerados excesivos o extraterritoriales sobre compañías estadounidenses, incentivando a países a revisar estas medidas. Supone además un método de recaudación fiscal directa, que la Comisión Conjunta de Impuestos estima que generaría 116.000 millones en una década, tras probarse el fracaso del DOGE de Musk —el plan de recorte de gastos alcanzó el 9% de los 2 dos billones previstos—.

El Senado deberá, sin embargo, sopesar los contras. El impuesto podrá reducir la participación extranjera en su mercado de capitales —el inversor foráneo mantiene unos 30 billones de dólares en activos cotizados en EE UU—, especialmente en inmobiliario, bonos corporativos y acciones con dividendos. Y aunque es probable que los bonos del Tesoro se libren por la “exención de intereses de cartera”, la financiación privada se verá afectada y los costes subirán.

Las multinacionales alertan sobre la pérdida de empleo en EE UU, con más de 8,4 millones de puestos ligados a empresas extranjeras. Según el Instituto de Banqueros Internacionales, los bancos foráneos respaldan más del 70% de deuda emitida para grupos extranjeros en EE UU —un tercio de la deuda en dólares—, prestaron más de 1,3 billones a empresas locales y canalizaron 5,4 billones en inversión extranjera directa, generando 270.000 millones en ingresos.

La Stamp Act tuvo como consecuencia la unión y movilización de las colonias. La Sección 899, si se aprueba sin ajustes, elevará el coste de invertir en EE UU, dañando la inversión extranjera, la estabilidad de los mercados y las relaciones diplomáticas. El legislador deberá proponer limitar su alcance, retrasar su implementación u ofrecer exenciones claras a vehículos de inversión. Si no quiere el bumerán de vuelta.