Bruselas advierte a TikTok, Facebook e Instagram de que ponen en riesgo a menores al exponerlos a contenido dañino

La Comisión Europea ha lanzado una advertencia muy seria a TikTok, Facebook e Instagram: en una conclusión preliminar, el Ejecutivo europeo dice haber constatado que ninguna de estas populares plataformas digitales garantiza de forma adecuada los mecanismos previstos en la legislación europea para investigar y denunciar contenidos ilegales potencialmente dañinos sobre todo para menores, como son material de abusos sexuales o terrorismo. En el caso de los servicios de Meta, Facebook e Instagram, Bruselas también les reprocha lo difícil que resulta a los usuarios rebatir una decisión relativa a la moderación de contenidos, incluida una potencial suspensión de su cuenta.

Desde su entrada en vigor hace poco más de dos años, la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE intenta proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea, combatiendo los contenidos ilícitos y exigiendo a las grandes plataformas más transparencia. Desde entonces, Bruselas ha abierto varias investigaciones a diversas plataformas por presunta violación de las premisas de esta normativa, muy criticada por el Gobierno de Donald Trump, que ha llegado a calificarla de censura. Un extremo que Bruselas niega categóricamente, explicando que lo que busca es preservar la libertad de expresión de los usuarios frente a decisiones “unilaterales” de moderación de estas plataformas, controladas por grandes empresas tecnológicas.

El caso que ahora ha llevado a la Comisión a efectuar una seria llamada de atención a TikTok, Facebook e Instagram no trata en sí del contenido ilegal que puedan distribuir estas plataformas, sino de los mecanismos de los que disponen para que los usuarios puedan alertar en caso de que se topen con material de este tipo: los considera demasiado opacos como para garantizar su eficiencia.

Según la investigación preliminar, las tres plataformas cuentan con procedimientos y herramientas tan “engorrosos” que no permiten a los investigadores un “acceso adecuado” a datos públicos. Algo que, denuncia Bruselas, “deja a los investigadores con datos parciales o poco fiables”. Y esto no es algo baladí: “Permitir a los investigadores el acceso a los datos de las plataformas es una obligación de transparencia esencial en virtud de la DSA, ya que facilita el escrutinio público del impacto potencial de las plataformas en nuestra salud física y mental”, recuerda la Comisión en un comunicado.

En el caso de Facebook e Instagram, ambas pertenecientes a Meta, los investigadores europeos creen, además, que la compañía no está cumpliendo con la obligación de garantizar “mecanismos sencillos para notificar contenido ilegal”. Los sistemas que tiene en marcha son “confusos” y “disuasorios”, porque Meta impone “varios pasos innecesarios y demandas adicionales a los usuarios” que complican un proceso que justamente deberían facilitar.

Además, Bruselas considera que en sus plataformas, Meta está violando también el derecho de los usuarios europeos garantizado por la DSA a rebatir una decisión de moderación de contenido, por ejemplo, las razones por las que una cuenta ha sido suspendida. Concretamente, los mecanismos de apelación de estas plataformas “no parecen permitir a los usuarios proporcionar explicaciones o pruebas que respalden sus apelaciones”, señala la Comisión. Una situación que “dificulta que los usuarios de la UE puedan explicar con más detalle por qué no están de acuerdo con la decisión de Meta sobre el contenido, lo que limita la eficacia del mecanismo de apelación”.

La investigación aún no es definitiva y las plataformas señaladas tienen ahora la posibilidad de replicar y aportar sus propios datos. Sin embargo, el paso dado por Bruselas este viernes es mucho más que un toque de atención: si el Ejecutivo europeo publica conclusiones preliminares es porque considera que tiene evidencias suficientes de una infracción, basadas en “cientos de denuncias” recibidas, según fuentes comunitarias. Las investigaciones fueron abiertas en febrero (TikTok) y abril (Meta) de 2024.

“Nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio”, recuerda la comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. El objetivo de esta investigación es “asegurarnos de que las plataformas rinden cuentas de sus servicios, tal y como garantiza la legislación de la UE, ante los usuarios y la sociedad”, agrega en el comunicado.

Si las plataformas no logran convencer a la Comisión y esta acaba por concluir, en una fecha aún no fijada, pero que no se conocerá en cualquier caso hasta entrado 2026, que sus conclusiones preliminares eran correctas, podrá emitir una “decisión de incumplimiento”. Algo que, recuerda Bruselas, puede acarrear una multa de hasta el 6 % del volumen de negocio anual total y a nivel mundial del proveedor. Además, el Ejecutivo europeo también puede imponer sanciones periódicas para obligar a una plataforma a cumplir la normativa.