Igualdad pedirá al Poder Judicial que los agresores reincidentes no puedan eludir la cárcel con trabajos a la comunidad
Ana Redondo cree que las acciones comunitarias no deben ser una medida alternativa. Cinco de las 13 víctimas de este año habían denunciado a sus parejas o exparejas


No había pasado ni una semana de 2026 cuando el hombre del que Pilar se había separado hacía un año rompió la orden de alejamiento y le quitó la vida a cuchilladas. Ahora, dos meses y medio después, otras 12 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. El desamparo crece cuando se conoce que algunos de esos hombres habían sido denunciados antes, es decir, que eran agresores “persistentes o plurivictimizadores”, con historial de maltrato contra esas u otras mujeres. Aún así, el sistema no logró impedir el crimen. Previo al comité de crisis en el Ministerio de Igualdad que se celebra este martes para evaluar los casos de febrero, entre los que se encuentran dos menores, la titular Ana Redondo ha descartado penas alternativas a la cárcel para los agresores reincidentes.
“Creo que los reincidentes en ningún caso pueden tener como medida acciones en favor de la comunidad”, ha dicho Redondo, quien ha asegurado que valorará esta propuesta con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. “Esas medidas no pueden aplicarse como pena alternativa a los agresores y hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez que son puestos en libertad”.
Los dos hombres detenidos en marzo como presuntos autores del asesinato de sus parejas ya habían herido antes a más de una mujer, lo que plantea el interrogante de cómo evitar que vuelvan a ejercer violencia contra otras. Más allá de sus casos, uno de cada cinco hombres que maltrata en España ya lo ha hecho antes, según datos del Ministerio de Interior. José M. G., presunto autor del fuego que mató a su expareja, la madre de ella, una vecina y que hirió a cuatro personas, entre ellas dos niños, es el presunto agresor del caso con más víctimas —entre muertas y heridas— desde que hay registros. Quien asesinó a Mercedes en Pedreña (Marina de Cudeyo) no tenía una denuncia previa de ella, pero sí había estado en el Sistema VioGén. Entre sus antecedentes constan dos con condena firme: en 2011 y 2019, en Madrid, pero el seguimiento ya estaba inactivo.
Las grietas del sistema
La ministra ha llamado a que los municipios se incorporen a VioGén. Según ella, solo el 80% de aquellos con más de 5.000 habitantes han firmado hasta ahora colaboración para aportar recursos propios al sistema, algo “fundamental”, ha dicho, porque son las policías locales quienes pueder hacer un seguimiento más cercano y por lo tanto tienen más capacidad para impedir “que se les facilite [a ellos] la agresión”.
Además del caso de Pilar, también Victoria, María José, Petronila y Czarina habían interpuesto denuncias contra sus agresores. En el caso de esta última, más tarde, no quiso seguir con el proceso. La tendencia anual ―según los datos actuales― suele ser que solo denuncia alrededor de una de cada cuatro, pero en este primer trimestre ha sido casi un 39% las que sí habían denunciado, lo que muestra las grietas que hacen que el sistema no las haya podido proteger a pesar de haber pedido ayuda.
De los agresores, cuatro tenían vigente una orden de alejamiento, que quebrantaron sin que las Fuerzas de Seguridad puedan impedirlo. El Ministerio de Igualdad envió a finales de febrero tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado una serie de “recomendaciones”, entre las que está que sean 350 metros la distancia mínima recomendada “para una capacidad de respuesta óptima” del sistema de las pulseras antimaltratadores.
La decisión de si imponer la orden, a qué distancia y si activar una pulsera es de los jueces. La cartera de Redondo pidió esta distancia del área fija de exclusión, es decir, de la zona que no pueden traspasar cerca de las casas de las mujeres y sus lugares de trabajo. También solicitó buscar alternativas para la protección de las mujeres en VioGén en las zonas de baja cobertura.
Ya son 1.356 las mujeres víctimas desde que se creó el registro oficial, en 2003; y 67 menores asesinados por violencia machista desde 2013, cuando comenzó a contabilizarse oficialmente. También por esta violencia han quedado hasta ahora 514 menores huérfanos. Y son 87 los feminicidios fuera de la pareja o expareja desde 2022, cuando se inició esta estadística.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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