El ‘Gran Hermano’ de las monjas de Belorado: “Bastante tenemos con aguantar la vida”

“Propiedad privada. Prohibido el paso”, se lee en la entrada del Monasterio de Belorado. La cancela está cerrada con candado. Ahí dentro viven las monjas que el 13 de mayo de 2024 se separaron de la Iglesia Católica, lo que acarrea la excomunión. No piensan salir de ahí. El 12 de marzo serán desahuciadas, por orden judicial y a mano de la Guardia Civil si hiciera falta. “Si desea ser atendido, llame a este número”, reza un segundo cartel colgado debajo del primero. En una puerta lateral, hay un grafiti que pone “Okupa y resiste”. A unos 100 metros, alguien ha escrito en una enorme pared: “Para lo que me queda en el convento, me cago dentro”. La calle paralela al Camino Monjas, el que conduce al monasterio, es Camino del Matadero.

Quizás todo eso sea la descripción más acertada para explicar el caso de las monjas de Belorado que el pasado lunes estrenaron una página web, queremosunconvento.com, para buscar otro lugar al que mudarse apelando a la solidaridad de los españoles y a la España vaciada. Según el arzobispado, en el derecho canónico, la expulsión de la vida consagrada conlleva la pérdida del título jurídico por el que vivían en el monasterio. La defensa de las monjas, en cambio, alega que España no se rige por el derecho canónico. “Cuando cada una de ellas como personas físicas decide separarse de la Iglesia Católica, es también el Monasterio como persona jurídica el que se separa, de forma que ni ellas ni el Monasterio están ya sujetas al Derecho canónico, y por lo tanto el arzobispo de Burgos deja de tener jurisdicción sobre ellas y sobre el Monasterio”, explica uno de sus abogados, Florentino Aláez. Al separarse de la Iglesia, las monjas pretendían transformar la entidad religiosa en asociación civil y solicitaron el traslado de esta al Registro Nacional de Asociaciones. El Ministerio del Interior lo denegó tras solicitar un informe al arzobispado para ver si se ajustaba a la legalidad.

El caso de las monjas rebeldes, que fue visto al principio como una excentricidad que atrajo a medios de todo el mundo, se ha convertido en un interminable lío judicial de demandas civiles y penales en el que ha intervenido hasta la Santa Sede. Lo hizo para nombrar a Mario Iceta, arzobispo de Burgos, como comisario pontificio, una especie de tutor legal, económico y administrativo de los tres monasterios que pertenecen a la orden de Santa Clara —Belorado, Derio y Orduña— y que reclaman las clarisas. En las 70 páginas de su Manifiesto Católico, la abadesa explicó que la reflexión había sido considerada durante “largos años” hasta llegar a la “conclusión empírica” por la que declaraban inválidas todas las doctrinas de la Iglesia posteriores al Concilio Vaticano II, negaban la autoridad de los papas posteriores al mismo y declaraban “hereje” a Francisco. Se pusieron “bajo la tutela y jurisdicción” de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en 2019.

Desde la publicación de ese manifiesto ha habido de todo: para empezar, un casting para fichar a alguien que atendiera a las necesidades de la liturgia diaria. Por allí pasaron un cura conocido por su pasado de coctelero en Bilbao, un brasileño, un argentino experto en boxeo o un valenciano consagrado ilícitamente. Más cosas pasaron por el camino: la apertura de un restaurante en Arriondas (Asturias) que no ha durado ni un año, una noche en el calabozo de dos de las monjas rebeldes, investigadas por un delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural, una segunda investigación por posibles acciones ilícitas en la venta de 1,7 kilos de oro por 121.000 euros. Y también un rescate, conseguido al tercer intento, de las monjas mayores (cinco, de entre 87 y 100 años, las conocidas como no cismáticas) por parte de la Guardia Civil. El obrador en el que producían y vendían sus famosas trufas y palitos de chocolate cerró en mayo del año pasado. Según sus abogados, las cismáticas viven de los negocios, que definen como “muy rentables”, de criaderos de perros y animales que ya tenían antes del cisma y “sobreviven gracias a las ayudas de los familiares”.

De las 16 monjas de clausura que había en el monasterio cuando la abadesa firmó el manifiesto para desvincularse de la Iglesia Católica, una se marchó al día siguiente, cinco, las mayores, no ratificaron el acuerdo cuando se lo solicitó el arzobispado y ahora, a un mes del desahucio, sólo quedan siete: sor Isabel [la firmante en nombre de todas], sor Sion, sor Berit, sor Paloma, sor Belén, sor Israel y sor Alma. La mayor del grupo tiene 61 años. Una de ellas, aunque no quiere identificarse para “proteger” su “privacidad”, es la que devuelve la llamada a esta periodista 24 horas después de marcar unas 20 veces el teléfono de atención que cuelga de la cancela del recinto. La intención era quedar con ellas para escuchar de su propia voz cómo se ha llegado hasta aquí. “El tema de prensa lo canaliza un encargado [Francisco Canals]. Hemos preferido así”, afirma, amablemente, al otro lado del teléfono.

“Lo último que queremos es que nos siga denigrando más”

Cuando se le explica que se ha pasado por el responsable de prensa cuatro veces sin éxito y que este periódico quiere únicamente recabar su versión, la monja responde: “Lo siento, no es nada personal. Al principio intentamos hacer precisamente lo que usted dice, salir nosotras a hablar, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Nosotras decíamos una cosa y, a los tres segundos, ellos decían otra. A mí misma me tendieron una trampa. Y eso ha sido muy duro. Estamos un poco escaldadas y lo último que queremos es que nos sigan denigrando más. Además, EL PAÍS, precisamente, no es muy afín a nuestras ideas”, insiste. Y añade: “La situación en estos momentos es muy difícil. Bastante tenemos con aguantar la vida”. Antes de colgar, remarca: ¿De qué vale que en EL PAÍS salgamos desmintiendo todo lo que se está diciendo en la prensa? Todo es mentira...”. Al despedirse, invita a esta periodista a seguir la cuenta de Instagram [@tehagoluz] que crearon: “Nosotras hablamos allí”.

De las 10 rebeldes, solo quedan siete. “Esto es como un Gran Hermano, se han ido cayendo varias”, dice el responsable de prensa. Aláez, el abogado, abunda: “Lo que no sé es cómo han resistido las otras ante la presión tremenda del arzobispo con la intención de hacerles todo el daño posible. El desánimo, la lucha con la Iglesia... Son muchos factores”.

Ante el inminente desahucio, este periódico no ha podido recabar la versión de las rebeldes. La monja de la llamada sólo detalla una de las que considera como “mentiras”. “Se ha escrito que pegábamos a las mayores y las teníamos en una situación lamentable”, lamenta. Cuando la abadesa, en mayo de 2024, dice firmar el manifiesto de separación en nombre de todas las clarisas (16), en realidad no les preguntó a las demás, o por lo menos a todas las hermanas dependientes o de mayor edad. Así lo explica el prelado Carlos Azcona, secretario de la comisión gestora del comisario pontificio a Mario Iceta. “Sabemos que solo lo firma ella porque nos lo cuenta sor Amparo que se marchó, precisamente, por estar en desacuerdo con esa forma de actuar”.

Lo que les cuenta sor Amparo —y que este periódico ha corroborado con la sobrina de otra monja no cismática— es un guion digno de una serie. “No nos convoca para presentarnos el acuerdo, simplemente nos llama a todas el 12 de mayo, el día antes de hacerlo público, para presentarnos a nuestro nuevo obispo”, según relata Azcona en la sede del arzobispado de Burgos. Ese nuevo obispo era el excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco. Sor Amparo, siempre según el relato de Azcona, les dice que su único obispo es Iceta y la invitan a marcharse. La sobrina de una de esas cinco monjas mayores, que pide no dar su nombre para “preservar la privacidad de su familia”, lo cuenta así a este periódico: “Era imposible que las cinco mayores se adhirieran a eso porque algunas, como mi tía, ya estaban en un estado de dependencia que les impedía llevar la contraria a quienes tomaban la decisión. No podían decidir nada porque no estaban con capacidad de hacerlo. No se enteraron de lo que estaba pasando. Sí a nivel emocional, por la tensión y los movimientos inusuales; ellas estaban acostumbradas a la paz del convento. Yo creo que un grupito de dos-tres manipuló al resto. Son como una secta”, relata. A esta sobrina le prohibieron “expresamente”, a partir de cierto momento, visitar a su tía. “Los familiares de las que estaban de acuerdo con el manifiesto han estado casi de forma continua en el convento”.

El mandato de la abadesa sor Isabel era el cuarto, según explica Azcona: “Ya se le había ampliado con permiso de la Santa Sede por dos trienios más y eso es el máximo permitido. El último expiraba a finales de mayo de 2024 y no podía ser reelegida. El manifiesto se presenta justo un par de semanas antes…”. Enrique García de Viedma Serrano, abogado y hermano de la abadesa, sostiene al otro lado del teléfono que las monjas no se han arrepentido de su decisión. “Sabían que la Iglesia no se lo iba a tomar bien, pero lo que no esperaban era una reacción tan horrible y cruel. El comisario [pontificio, Iceta] ha ejercido un poder inmenso sobre ellas, su economía y sus posibilidades. Con una forma tan inhumana de tratarlas”.

Desde el arzobispado, preguntados por eso, invitan a que expliquen cómo y cuándo se las ha maltratado. Así lo expresa Azcona: “Ellas abandonan la Iglesia por decisión libre y voluntaria. Lo respetamos, pero salirse tiene consecuencias jurídicas. Les facilitamos un correo electrónico para que nos pidieran lo que necesitaran: pañales para las mayores, comida, medicamentos. Sólo nos enviaron multas de tráfico y facturas no pagadas”.

Azcona asegura que, al asumir el arzobispado la tutela económica de los tres monasterios, afloró una situación económica y patrimonial desastrosa. “Se han ingresado 450.000 euros para tapar una parte del agujero”. Añade, además, que cuando las monjas les denegaron la contabilidad de los monasterios, tuvieron que ir “banco por banco” para preguntar si tenían cuentas a nombre de las clarisas para “saber de cuáles” hacerse cargo. Y añade: “Había multas no pagadas por el criadero de perros que al principio de los tiempos era ilegal, reclamaciones de pago por parte de proveedores… Hubo, además, que regularizar nóminas de trabajadores como cuidadoras, jardineros...”

En el monasterio de Derio no hay monjas. Está cerrado, según el abogado Florentino Aláez. Al de Orduña, en el País Vasco, sí se han ido desplazando, aunque en el pueblo algunos vecinos afirman que hace un tiempo que no las ven. Allí trasladaron a las mayores en verano, antes de ser rescatadas. La casona pegada al convento de Orduña tiene el aspecto de estar completamente abandonada y no parece un lugar habitable. Hay ventanas rotas. Hay un timbre descolgado y otro que no, pero no suenan. El terreno donde antes había cerdos y más animales está lleno de barro y parece también completamente abandonado. Para el hermano de la abadesa, ese podría ser uno de los sitios en los que ubicarse “dependiendo de las posibilidades que tengan”. El desahucio de ese monasterio está pendiente del juzgado de Bilbao.