Las exmonjas de Belorado impiden que salgan de un convento vasco cinco compañeras ancianas

Una comitiva judicial, acompañada por agentes de la Guardia Civil, representantes del Arzobispado de Burgos y varias monjas clarisas, han intentado este viernes, sin éxito, acceder al convento de Orduña (Bizkaia) para trasladar a otro lugar a cinco religiosas mayores que vivían hasta ahora en el monasterio de Belorado y que no fueron excomulgadas en mayo de 2024.

Las ex religiosas permanecen en las instalaciones de Orduña después de haber sido llevadas allí la noche anterior por las denominadas “monjas cismáticas”, en vísperas del juicio por el desahucio de la comunidad rebelde de Belorado. La sentencia, hecha pública este viernes, las obliga a abandonar el convento, porque no han podido demostrar que son las propietarias y sí el Arzobispado que las denunció.

Según fuentes del entorno del convento consultadas por Europa Press, el objetivo de la intervención era rescatar a las cinco clarisas de edad avanzada, consideradas al margen del cisma y sobre las que pesa una orden judicial de traslado impulsada por el Arzobispado y secundada por el juez.

La operación, que incluía un dispositivo especial de transporte adaptado por las necesidades de las religiosas, no ha podido completarse debido a la negativa frontal de las cismáticas, quienes se han negado a entregar las llaves y han calificado la actuación como un “secuestro y abuso de autoridad”.

El portavoz del grupo cismático, Francisco Canals, ha denunciado que la comitiva habría amenazado con “tirar la puerta y detener” a quienes impidieran el traslado. En ese contexto, las monjas han alertado a los medios y han difundido mensajes en los que se señalan que las monjas mayores “no desean abandonar el convento” y manifiestan su voluntad de permanecer junto a ellas en Orduña.

En la tarde de este viernes, la mayoría de las monjas rebeldes abandonaron el convento de Belorado para agruparse en Orduña, según han confirmado fuentes de la comunidad. Mientras, representantes del Arzobispado, así como miembros de la Federación de Clarisas de la provincia de Aránzazu, han insistido en la necesidad de dispersar y trasladar a las religiosas mayores a otros monasterios en los que se las puede atender mejor.

Según fuentes judiciales, tres de las cinco monjas han manifestado explícitamente su deseo de no marcharse cuando el operativo ya estaba en marcha, mientras que las otras dos, por su avanzada edad y delicado estado de salud, no han podido expresar su voluntad de forma clara. La jueza ha solicitado la intervención de la Fiscalía para que las desaloje, pues un informe certifica la vulnerabilidad de las ancianas y urge a proteger sus derechos.

Las ex monjas, por su parte, insisten en que cualquier decisión sobre las mayores corresponde a la comunidad con la que han convivido durante años y reivindican que “la voluntad de las mayores debe ser respetada como personas”. Niegan también que se las tutele.

El Arzobispado de Burgos, que ostenta la administración legal de los monasterios implicados tras la excomunión de buena parte de la comunidad, sostiene que la prioridad es garantizar la atención y el bienestar de las cinco monjas mayores, separándolas del “clima de tensión” generado por la fractura eclesial.