Ir al contenido
_
_
_
_

Multitudes y gritos, en lugar de intimidad y apoyo: todo lo que falló en la frustrada entrega del hijo de Juana Rivas

Al intento de retornar al menor a su padre le faltó todo lo que deben tener este tipo de actos tan sensibles

Juana Rivas y su hijo menor, este martes rodeados de cámaras.Foto: PACO PUENTES | Vídeo: EPV (EFE)
Javier Arroyo

La entrega de Daniel Arcuri, de 11 años, este martes a su padre incluía un elemento imposible de obviar: la preservación de sus derechos, que incluyen la intimidad, la ayuda profesional y el sosiego necesario y, también, oír su opinión, que ha de ser libre. Daniel se enfrentaba a un hecho rompedor: pasar de vivir con su madre a hacerlo con su padre en un país distinto. Un padre que tiene un juicio pendiente el próximo 18 de septiembre por maltrato a sus propios hijos en Italia, y también una resolución judicial que obliga a la madre a entregar al hijo menor para que se lo lleve a vivir con él a Italia. Muchas cosas no fueron el martes, pero los derechos vulnerados son percibidos de modo distinto, según lo valore una u otra parte.

El primer detalle que se obvió en este caso, porque probablemente la titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Granada no cayó en la cuenta de que esto necesitaba un formato distinto al habitual, es que hacer público el día, lugar y hora de la entrega iba a convertir el acto en un espectáculo. Tampoco las partes, que sabían lo que iba a ocurrir, hicieron nada por evitarlo. Este diario les ha preguntado y la realidad es que nadie intentó negociar un modo de entrega alternativa y más íntimo que, de haberse alcanzado un acuerdo, seguro habría sido aceptado por la jueza.

Decenas de periodistas acompañaron al séquito de Juana Rivas y sus hijos durante el recorrido de 60 metros que hubo entre que aparecieron y llegaron al Punto de Encuentro Familiar (PEF) donde estaban citados.

La intimidad del menor —incluso de la madre, que llegaba llorando y descompuesta— brilló por su ausencia. Estuvo en el centro de la comitiva, de la mano de su hermano mayor. Al llegar al PEF, la madre pasó al interior y el menor se quedó en la puerta, a la vista de todos y sin mayor intimidad, durante un cuarto de hora. Finalmente, entró acompañado de su hermano y una amiga de la familia, psicóloga.

Pero, ¿cómo funciona el protocolo de entrega de un menor en estos casos? No existe en Andalucía un protocolo fijado por una norma, aunque sí uno habitual. Existe un decreto que regula cómo funcionan los PEF en Andalucía y, aunque no es muy específico sobre esto, se pueden extraer ideas: estos centros deben servir “de espacio neutral en el que se presta atención profesional multidisciplinar para garantizar el derecho esencial de las personas menores de edad a relacionarse con sus personas progenitoras”.

Además, su actuación se basa en “el respeto, la promoción y la defensa del interés superior de la persona menor de edad, así como velar por su seguridad y bienestar, siendo prioritaria su protección en caso de conflicto con otros intereses contrapuestos”. Según ese decreto, “la persona menor de edad deberá acudir acompañada por la persona progenitora custodia o persona debidamente autorizada y que será entregada a la persona progenitora”. Y finalmente, la intervención de los especialistas concluirá con “la negativa reiterada de las personas menores de edad a la realización de la visita o la entrega … que haga aconsejable otro tipo de actuación especializada ajena al ámbito de actuación de los PEF”.

Todos esos aspectos son relevantes en este caso. Empezando por el final, de las informaciones recabadas por este diario, hay coincidencia en que Daniel Arcuri mostró en todo momento su negativa a irse con su padre. Los trabajadores del PEF transmitieron a la jueza esa idea y esta paralizó la entrega. Esa negativa es, según una u otra parte, un pensamiento propio o inducido por la familia y el hermano mayor, que apenas lo dejó solo en las tres horas y media que pasaron en el PEF. Es extraño, o directamente irregular para los letrados de Arcuri, que el menor estuviera todo el rato con su hermano y con la psicóloga amiga.

Espacio de seguridad

Pilar Díaz Martínez, psicóloga del equipo de Francesco Arcuri, estuvo en el PEF acompañando al padre, y se muestra contrariada por lo que ocurrió. Lo esperable, cuenta, es que haya tranquilidad y seguridad para el menor, “algo que ayer [por el martes] no se cumplía”. El proceso, resume, es simple: la madre tenía que pasar un tiempo con el menor para despedirse, “no con el hermano”, para pasar después a un espacio de seguridad en el que un equipo de especialistas le ayudan a entender por qué se despide de su madre para ir con su padre —sentencia judicial o lo que corresponda—. Finalmente, debería entrar con el padre y, si hace falta ayudado también, volver a establecer vínculos. Los abogados, por cierto, tienen vetada su presencia en estas entregas.

Pero nada de eso se cumplió este martes. Juana Rivas entró primero y luego el menor con su hermano y una amiga. Desde el primer minuto expresó claramente su negativa a quedarse con el padre y verbalizó miedo al padre y en alguna ocasión un “me va a matar”. Por eso, la mayor parte de esa tres horas y media en el PEF las pasó sin ver al padre, con quien estuvo apenas cinco minutos. Esa negativa fue la que llevó a los servicios especializados a explicar a la jueza la situación y la que retrasó la entrega porque, según su providencia de aplazamiento, esta no se podía hacer “bajo ningún tipo de fuerza física o coacción”.

Finalmente, tras una reunión entre las partes y con las sugerencias de los técnicos presentes en el primer acto de la entrega, la jueza decidirá cómo se hará el viernes: todo indica que será en un lugar donde no haya personal ajeno a cierta distancia —probablemente la comandancia de la Guardia Civil o similar, que es un recinto amurallado y con distancia entre la entrada en vehículo y el edificio— y donde se limite el número de presentes al mínimo. Y, seguro, se le dará la publicidad estrictamente necesaria.

Dos juristas consultadas por este diario coinciden en señalar un aspecto fundamental en este asunto: la voluntad del menor en volver o no con su padre, que tiene un juicio pendiente el próximo 18 de septiembre por presunto maltrato a sus propios hijos en Italia. La abogada especialista en violencia de género y victimología Amparo Díaz considera que este caso es un ejemplo del fracaso en el sistema de protección de las mujeres maltratadas y de sus hijos. “Se les revictimiza con este tipo de entregas. Si el niño muestra su negativa para irse con el padre, lo normal es que no se produzca ese encuentro con él y se recomiende una intervención psicológica que fomente la confianza con el progenitor y le ayude a superar este rechazo”. Para Díaz, “el mayor problema que tiene es volver con su progenitor a las bravas, perdiendo a su fuente de seguridad, la madre”, informa Sara Castro.

Esta abogada insiste en que la normativa actual recoge que hay que tener en cuenta las necesidades emocionales del menor, también sus preferencias, opiniones y deseos. “No he visto ningún otro caso en el que se fuerce tanto a un niño a estar con una persona que no quiere”, subraya. Lo correcto, comenta, es que la persona de 11 años esté acompañada por un equipo de psicólogos especialistas que la entreviste para averiguar si habla con libertad. “Es algo que la actual legislación no aborda. Lo que sí establece la normativa es que si hay indicio de posible maltrato, en principio, no habrá régimen de visita”.

Por su parte, Altamira Gonzalo Valgañón, integrante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, opina que la sobreexposición mediática del menor no es lo más relevante. “Lo importante es que hay una persona de 11 años que se niega a ir con su padre”, expone. Como Díaz, cree que es importante que valoren si es una rabieta y un capricho o si hay motivos que justifican su postura. “Generalmente, los niños no mienten”, insiste.

Gonzalo Valgañón añade que los derechos de los progenitores no son absolutos, ceden ante el interés superior de los menores. “¿Qué va a cambiar de un martes a un viernes?”, se pregunta. Explica que la legislación establece que a los niños de 12 años hay que escucharlos obligatoriamente y antes de esa edad, si tienen discernimiento, también. “Parece que el niño habla con sentido común y forzarle a ir con su padre no solo es malo para él, también para la relación entre ambos, es algo que no va a olvidar”, concluye.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Javier Arroyo
Periodista. Estudié Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla e hice el Máster de Periodismo de EL PAÍS/UAM. Publiqué mi primer artículo en EL PAÍS el 14 de julio de 1999. Estuve unos años y me fui a hacer otras cosas. Volví como colaborador desde Granada en 2016 y aquí sigo.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_