La policía libera a 162 mujeres víctimas de una red de explotación sexual en España

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta desarrollada en varias provincias españolas, han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización dedicada a la explotación sexual. Además, han sido detenidas 37 personas, de las cuales 22 fueron arrestadas en Valencia, tres en Alicante, cuatro en Castellón, cuatro en Málaga y otras cuatro en Murcia.

Nueve de los detenidos han ingresado en prisión provisional. Además, se han realizado 39 registros en siete provincias, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado. Estos registros incluyeron los domicilios de los 11 responsables de la organización, así como los locales donde se explotaba sexualmente a las víctimas, donde se incautaron 141.000 euros y tres vehículos. Además, se procedió al bloqueo de bienes y cuentas bancarias de los presuntos implicados.

La organización se dedicaba a captar mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad, sin permiso de residencia ni de trabajo, a quienes se obligaba a ejercer la prostitución en distintos puntos del territorio nacional. A raíz de la declaración de tres víctimas, que denunciaron haber sido explotadas sexualmente por varias personas y en varias regiones españolas, los agentes detectaron el entramado criminal que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana, pero que se estaba expandiendo a Murcia, Málaga, Barcelona o Tarragona.

Para desarrollar su actividad, la organización adquiría o alquilaba inmuebles de uso residencial o comercial por vías legales, con el fin de aparentar legitimidad. Estos locales eran camuflados como centros de masajes, muchos de los cuales permanecían cerrados al público y que presentaban condiciones de insalubridad.

Disponibilidad permanente

Las mujeres víctimas de la red solo podían salir del inmueble durante dos horas al día, siempre en horario de mañana, y debían permanecer disponibles de forma permanente. Dormían hacinadas en literas o incluso en las mismas camas donde atendían a los clientes.

Los principales investigados controlaban en tiempo real tanto los locales como a las víctimas, mediante un sistema de videovigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles destinados a la prostitución. La mitad del dinero obtenido en cada servicio era para la organización, mientras que la otra mitad se destinaba a las mujeres. Sin embargo, estas podían ser sancionadas por sus captores por diversos motivos.

En paralelo a la investigación policial, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial de la organización criminal y de su posible implicación en el blanqueo de capitales. Este trabajo permitió identificar a los que controlaban las sociedades utilizadas como pantalla para canalizar los beneficios obtenidos de la actividad criminal.

Esta investigación permanece abierta y se está analizando la información bancaria y el resto de datos obtenidos en los registros domiciliarios, donde se hallaron las libretas y ordenadores en los que se llevaba a cabo la contabilidad de cada local de explotación. También ha resultado de gran importancia la localización y el bloqueo de bienes muebles e inmuebles -además de las más de 60 cuentas bancarias detectadas- de los presuntos responsables. Todos estos han sido intervenidos con el objetivo de garantizar el eventual decomiso de esos bienes.