El Supremo de Estados Unidos asesta otro golpe a los derechos reproductivos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves en contra de la posibilidad de que Planned Parenthood demande al Estado de Carolina del Sur por negar a la mayor red de clínicas abortivas y de salud reproductiva del país los fondos de Medicaid, una especie de seguridad social para las rentas más bajas.

Se trata de una sentencia, decidida por 6 votos contra 3, cuyas consecuencias van más allá del caso estudiado (Medina contra Planned Parenthood South Atlantic): no solo abre la puerta a que los Estados le nieguen el dinero a Planned Parenthood, bestia negra de los republicanos, también supone un nuevo golpe a los derechos reproductivos de las estadounidenses. Y llega pocos días después del tercer aniversario del fallo con el que el alto tribunal derogó el precedente de Roe contra Wade (1973) y con él, el derecho al aborto a nivel federal.

Los votos se repartieron a ambos lados de la línea ideológica que divide a los magistrados: los seis conservadores votaron a favor, las tres liberales, en contra. La opinión mayoritaria la firma Neil Gorsuch, uno de los tres jueces nombrados por el presidente Donald Trump en su primer mandato (2017-2021). En ella, escribe que la ley de Medicaid, que permite a sus beneficiarios escoger médico u hospital, no contempla su derecho a demandar a los Estados, y que estos tienen autoridad para decidir qué proveedores de atención médica están “cualificados” para participar en el programa.

El aborto está prohibido en Carolina del Sur a partir de las seis semanas. Es una de las leyes más severas de un país en el que 23 de sus 50 Estados prohíben o tienen severamente restringidas las interrupciones de un embarazo. El dinero de Medicaid que Carolina del Sur niega a Planned Parenthood no se dedicaba, porque la ley federal tampoco lo permite, a abortos, si no a otros tratamientos que se dispensan en sus clínicas, como anticonceptivos, pruebas de embarazo o de detección temprana del cáncer de mama.

Las creencias del gobernador

Para las autoridades de Carolina del Sur, y especialmente para su gobernador, el republicano Henry McMaster, dar dinero a una clínica que practique abortos aunque este no vaya a ser usado con ese fin va en contra de sus creencias. “Hace siete años, tomamos una posición firme para proteger la santidad de la vida y defender la autoridad y los valores de Carolina del Sur, y hoy, finalmente, hemos salido victoriosos”, dijo McMaster este jueves en un comunicado después de conocerse el fallo.

“La decisión de hoy es una grave injusticia que golpea los cimientos de la libertad estadounidense y promete sumir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica”, reaccionó la presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic, Paige Johnson, que prometió que seguirán “operando y ofreciendo atención médica en Carolina del Sur incluso a las personas inscritas en Medicaid”. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que puedan recibir la atención que necesitan a bajo costo o sin costo alguno”, añadió. Según la red de clínicas, solo el 5% de los beneficiarios de Medicaid han solicitado servicios de salud sexual y reproductiva en esta red en lo que va de año.

La opinión discrepante de este jueves la firma Ketanji Brown Jackson, que escribe que la decisión del Supremo “causará probablemente un daño tangible a personas reales”. “Arrebatará a los habitantes de Carolina del Sur —y a innumerables otros beneficiarios de Medicaid en todo el país— una profunda libertad personal: la capacidad de decidir quién nos trata en nuestros momentos más vulnerables”.

El portavoz de la Casa Blanca Harrison Fields calificó la sentencia como “una gran victoria del sentido común” y dijo que subraya la posición de Trump de que los estados deben determinar la política sobre el aborto.