El Supremo de Estados Unidos permite a los Estados prohibir los tratamientos de género a los menores trans

El Supremo de Estados Unidos dictó este jueves sentencia sobre uno de los asuntos más controvertidos en la sociedad estadounidense actual: los tratamientos de género a los menores trans. En una votación de seis contra tres, el alto tribunal da la razón a Tennessee y, con ello, a los al menos 26 Estados gobernados por el Partido Republicano que han prohibido desde desde 2021 la administración de esos cuidados hasta los 18 años, con el consentimiento de los padres y asesoramiento médico.

Los seis jueces de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo han apoyado la decisión, aunque alguno de ellos introduciendo sus propios matices. En cambio, las tres juezas progresistas han presentado votos particulares discordantes.

“Este caso conlleva el peso de intensos debates científicos y políticos sobre la seguridad, la eficacia y la idoneidad de los tratamientos médicos en un campo en constante evolución”, admite el presidente del Supremo, John Roberts, autor de la sentencia. Sin embargo, sostiene que la función del Tribunal no es “juzgar la sensatez, la equidad o la lógica” de la norma, sino solo garantizar que la ley no viole el derecho a la igualdad. “Y no lo hace. Por lo tanto, las cuestiones relativas a la política de la ley se dejan, como corresponde, en manos del pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático”, dice, adoptando una posición que ya anticipó en la vista oral del caso.

La sentencia de la mayoría concluye que la ley de Tennessee no viola la cláusula de igualdad de la Constitución, al dar el mismo trato a todos los menores. “La ley no prohíbe determinados tratamientos médicos para menores de un sexo, mientras que permite esos mismos tratamientos para menores del sexo opuesto”, argumenta. “La SB1 [nombre de la norma] prohíbe a los proveedores de atención médica administrar bloqueadores de la pubertad u hormonas a cualquier menor para tratar la disforia de género, el trastorno de identidad de género o la incongruencia de género, independientemente del sexo del menor; permite a los proveedores administrar bloqueadores de la pubertad y hormonas a menores de cualquier sexo para otros fines. Y, aunque un Estado no puede eludir la Cláusula de Igualdad de Protección redactando en términos abstractos, la SB1 no enmascara las clasificaciones basadas en el sexo”, añade.

El Tribunal rechaza también el argumento de los demandantes de que, por su diseño, la ley impone una preferencia gubernamental de que las personas se ajusten a las expectativas sobre su sexo. “Para empezar, cualquier alegación de estereotipos sexuales está fuera de lugar. Es cierto que una ley que clasifica en función del sexo puede no superar un escrutinio más estricto si las clasificaciones se basan en estereotipos inadmisibles. Sin embargo, cuando las clasificaciones de una ley no se basan ni de forma encubierta ni abierta en el sexo, la ley no da lugar a un examen más estricto, a menos que esté motivada por un propósito discriminatorio odioso. En el presente caso no se ha planteado ningún argumento de este tipo”, sostiene.

El caso que está en el origen de la sentencia, la más importante del Supremo en materia de derechos de las personas trans de su historia, enfrentaba al Gobierno federal de la Administración anterior contra Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, uno de esos territorios en los que la ley prohíbe a los menores acceder a tratamientos de género.

Era tal vez el caso más importante del curso judicial que termina a finales de este mes, el primer cierre de temporada desde que el presidente Donald Trump regreso a la Casa Blanca. La actual composición del Supremo debe mucho a su primer mandato, durante el cual se las apañó para nombrar tres de sus nueve jueces, lo cual desequilibró su composición hasta crear una supermayoría conservadora de seis contra tres, inédita desde los años treinta.

Desde su regreso al poder, Trump ha redoblado sus ataques a las personas trans. Entre otras medidas ejecutivas, ha prohibido que el Gobierno federal financie los tratamientos de género a menores de 19 años, y pretende acabar con la participación de los militares trans en el ejército y de las atletas trans en el deporte de mujeres. Además, decretó que solo existían los sexos femenino y masculino, según volvió a sentarse en el Despacho Oval.

En Estados Unidos contra Skrmetti la cuestión era si una ley del Estado sureño contraviene la Decimocuarta Enmienda, en la parte que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos. Los jueces non examinaban, si son los padres los que deben decidir sobre la salud de sus hijos o si es el Gobierno, sino sobre si la norma en cuestión discrimina a esos menores.

Un largo interrogatorio

La vista oral del caso se celebró en diciembre pasado. Fue un toma y daca inusualmente largo, durante el que los nueve magistrados interrogaron durante dos horas y media a ambas partes.

El argumento que más resonó en esa discusión, por el lado conservador, fue que, dado que existe un debate científico en marcha sobre la eficacia y los efectos secundarios de esos tratamientos a menores, corresponde a los legisladores, en este caso, los de Tennessee, decidir sobre el tema. No a los magistrados del Supremo. “La Constitución deja esa decisión en manos de los representantes del pueblo, y no de nueve personas, ninguna de las cuales es médico”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., en referencia a sí mismo y a sus ocho compañeros de toga. Es el argumento que ha incorporado a su sentencia.

Las principales organizaciones médicas del país, incluidas la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, se oponen a prohibir la atención de género para los menores ―siempre que se dispense de manera adecuada y con supervisión psicológica―, y alertan del riesgo de depresión o incluso de suicidio si no la reciben.

En aquella vista, Chase Strangio hizo historia al convertirse en el primer letrado trans en litigar ante el Supremo. Dijo que la ley de Tennessee había acabado con “el único tratamiento que alivió años de sufrimiento de cada uno de los adolescentes demandantes”.