Entre el neocolonialismo y la resistencia: los guatemaltecos que negocian con la cooperación internacional

Benjamín Son Turnil, un indígena maya quiché de 76 años, es rotundo en sus críticas a la cooperación internacional. “El colonialismo sigue bastante presente, solo que ahora hay variedad de formas y a veces no se percibe mucho”, dice en Totonicapán, una ciudad de unos 100.000 habitantes en el occidente de Guatemala. Él considera que recibir recursos internacionales es un derecho de su comunidad debido a las desigualdades heredadas de siglos de despojo que enriquecieron a Europa. Por eso reconoce que le molesta que algunos fondos repliquen dinámicas de dominación y a veces vengan condicionados a agendas y prioridades definidas en los países donantes, sin participación local. “El que coloniza trata de ignorante al colonizado”, afirma. Pero no se siente víctima. Cuenta con orgullo que la Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO), fundada en los ochenta, ahora tiene abundantes recursos propios, emplea a más de 200 personas y elige a socios internacionales que la respetan: “Hemos generado nuestro propio margen de maniobra”.

La cooperación internacional permea una parte importante de la historia guatemalteca de las últimas tres décadas. Con los acuerdos de paz de 1996 quedaron atrás 36 años de conflicto armado interno y surgieron expectativas de una época de reconstrucción y crecimiento. Recursos millonarios sirvieron para asuntos tan variados como la construcción de un nuevo sistema judicial, la reivindicación de la identidad maya o la consolidación de medios independientes. A simple vista, Guatemala se ha convertido en el país de la cooperación: abundancia de oficinas de oenegés internacionales en barrios ricos de la capital, un sinnúmero de programas con mayor o menor éxito, recuerdos de gobiernos que confrontaron públicamente a estos actores extranjeros. Sin embargo, la sociedad civil local cuenta una historia distinta, una en la que reivindica sus capacidades propias y su habilidad para moverse bajo las reglas de juego.

Daniel Pascual, líder campesino de 52 años, tiene una visión parecida a la de Son Turnil. Es el coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), una organización que se conformó en 1978 para defender los derechos de los trabajadores del campo y que hoy cuenta con unos 25 empleados. Por un lado, señala que los fondos que reciben “no son una donación” porque las agencias estatales y las oenegés internacionales “imponen” las prioridades y “dicen para qué es”. Además, lamenta que rehúyan temas políticamente sensibles que el CUC ve como prioritarios para producir cambios sustanciales a largo plazo. “Si hablamos de reforma agraria, somos comunistas y ninguna agencia nos da dinero”, explica. Por otra parte, enfatiza que el CUC sabe con qué socios trabajar: “Nosotros escogemos, no estamos viendo de agarrar cualquier cosa. Trabajamos con quienes son más solidarios y nos entienden mejor. Por eso no tenemos fondos gigantescos”.

Una escala salarial y un golpe de Estado

Luego de los acuerdos de paz de 1996, abundaron las imposiciones. Son Turnil tiene grabado un recuerdo incómodo de aquellos años. Durante una reunión para un proyecto de mujeres, le pareció “aberrante” que unos donantes cuestionaran la política salarial de CDRO, su organización comunitaria, y exigieran sueldos más altos para los trabajadores que contratarían en el nuevo programa. “Les dije que nos iban a romper la tabla salarial y que eso nos iba a crear una desigualdad muy grande con el resto de nuestros empleados”, comenta Son Turnil, que todavía trabaja en la organización como asesor de las directivas. “La gringa me dijo que no, que tenían que ser los salarios que ellos decían por la dignidad y el empoderamiento de las mujeres. Así que le dije que bueno, que no iba a haber proyecto entonces. Y me retiré”.

En Ciudad de Guatemala, Pascual también relata momentos traumáticos. Cuenta que el CUC recibió a comienzos de los 2000 unos fondos del Gobierno de Estados Unidos, a través de una ONG de ese país, para la exhumación de los restos de compañeros masacrados durante el conflicto armado —más de 200.000 personas fueron asesinadas en Guatemala entre 1960 y 1996, de acuerdo con la ONU—. El proyecto incluía unos libros en los que las comunidades campesinas contaban sus historias. Según relata Pascual, los donantes rechazaron unas menciones sobre el rol de Washington en el golpe contra el presidente Jacobo Árbenz en 1954 y en el recrudecimiento de la violencia durante el conflicto armado. El CUC, entonces, enfrentó un dilema: retirar estos apartados o quedarse sin fondos para terminar de levantar los cuerpos.

“Quitarlos hubiera sido una traición a nuestra memoria”, enfatiza Pascual en la sede de la organización, donde un mural con una bandera roja, campos por cosechar y siete rostros recuerda a “los mártires del CUC”. “No olvidar a nuestros muertos es parte de nuestra cosmovisión”, añade tras una pausa. Aunque Estados Unidos finalmente entregó los fondos restantes, quedó claro en la organización campesina que preferían estar solos antes de tener socios que les impusieran cosas tan inaceptables para ellos. “Decidimos que no haríamos ni un proyecto más que contara con dinero de la cooperación oficial de Estados Unidos”, subraya. Y así fue: hasta que la Administración de Donald Trump suspendió la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Pascual vetó colaboraciones con oenegés que ofrecieran sus fondos.

Luxemburgueses y suecos

Mientras transcurre la entrevista con el líder del CUC en el segundo piso de la sede de la entidad en Ciudad de Guatemala, un abogado está reunido en otra sala con dos funcionarios estatales. Los tres buscan maneras para formalizar los derechos de unas comunidades campesinas sobre más de 8.000 hectáreas de tierras. Una sentencia de 2015 los favoreció y anuló los títulos falsos que tenían unos terratenientes, pero todavía prevalece la interminable burocracia del Estado. Según explica Carlos Paz, coordinador de gestión y planificación, el sueldo del abogado lo financia una ONG de Luxemburgo que respeta las prioridades que ellos establecen. Paz dice que el CUC elige cómo usar los dos abogados que les financian: selecciona qué litigios estratégicos priorizar para avanzar en sus causas y a quiénes asistir de una larga lista de líderes campesinos con problemas judiciales.

CDRO, en tanto, muestra un proyecto de cosecha de tomates para mujeres. En una casa en la zona rural de Totonicapán, la organización ha instalado un macrotúnel, una estructura de acero cubierta de plástico que se utiliza para proteger a cultivos de las inclemencias del clima. Dentro hay tomates en varios estados de maduración: rojos, verdes y amarillos. We Effect, una organización sueca, ha invertido fondos del Gobierno de su país para que las mujeres mayas quiché aprendan a desinfectar los suelos con ceniza, podar el exceso de plantas y preparar fertilizantes con cáscaras de huevo y banano. Ofelia Tzoc, una de las mujeres, cuenta que eso les ha permitido salir de sus casas y aportar productos naturales a sus familias. Sabe que We Effect puso dinero, pero no lo tiene muy presente. “Wu Fet, Wefet... no podemos pronunciarlo”, comenta entre risas.

Tanto CDRO como el CUC definen sus prioridades y tienen claro a qué agencias estatales u oenegés recurrir para financiarlos. Williams Chuc, encargado de proyectos de CDRO, señala que aprovecharon los recursos de We Effect para los cursos de cosecha de tomates porque los fondos del convenio con el Gobierno sueco se enfocan en proyectos de formación y fortalecimiento institucional. Para construir el macrotúnel, recurrieron a Musol, una fundación española que sí les financia infraestructura.

El feminismo y la complementariedad maya

El proyecto de cosecha de tomates no se limita a una cuestión de cultivos. Es parte de un programa más amplio que CDRO y We Effect tienen para el empoderamiento de mujeres. Por eso, Ofelia Tzoc y Candelaria Gutiérrez hablan de unos cursos en los que dialogan sobre sus derechos. “Nos concientizamos de que tenemos los mismos derechos [que los hombres]. Recogemos que las mujeres no tenemos que estar solo en la casa: podemos platicar con los maridos para que entiendan que somos capaces de hacer cosas afuera para ayudar”, comenta Tzoc. “Antes nos costaba ir a reuniones, los esposos no nos daban permiso. No teníamos un espacio para compartir nuestras experiencias”, añade Gutiérrez.

Las dos, acompañadas por cuatro compañeras más, afirman que no aceptarían que estos cursos utilicen conceptos como “feminismo”. “Es deshacer al hombre. Es otra idea, no es nuestra cosmovisión, rompe nuestros valores”, explica Gutiérrez. Para ellas, es importante que los cursos incorporen nociones de la cultura maya quiché sobre la “complementariedad” entre géneros. “Aquí nadie es más importante que el otro, hay un respeto mutuo”, comenta Gutiérrez.

La nicaragüense-hondureña Damaris Ruiz, directora para Centroamérica de We Effect, afirma en una videollamada desde Honduras que ella sí se considera feminista. Pero sabe que no puede ir a Totonicapán a hablar de derechos reproductivos o educación laica. Imponer terminologías, dice, puede causar más daños que beneficios y hacer que las mujeres y sus maridos se cierren. Por eso toca “ir con cuidado” y conciliar entre las visiones locales y el compromiso de We Effect de que el 50% de sus recursos se utilicen en promover la participación de mujeres. Declinaría trabajar con una organización local que no tenga ningún compromiso con estos temas, pero está dispuesta a negociar conceptos: “Por ahora nos enfocamos en que las mujeres tienen derecho a participar en la economía. Después, con esos primeros pasos, nos podemos agarrar para avanzar en procesos más profundos”.

Los fondos propios

CDRO y el CUC enfatizan que es importante consolidar ingresos propios para no depender de la cooperación internacional. En el primer caso, hay varios negocios: alquiler de salones para reuniones, venta de pilotes y productos agrícolas, un sanatorio, la administración de un parque ecológico, acciones en el Banco de Desarrollo Rural y créditos a través de una cooperativa. “Empezamos con recursos propios que daban risa, eran una miseria. Pero eran propios y fuimos creciendo”, remarca Son Turnil durante el desayuno en el hotel de Totonicapán. Eso les permite, por ejemplo, comprar unos extractores de miel que saben que We Effect no puede aportar para un proyecto de apicultores. El CUC, por su parte, está más limitado a aportes comunitarios de sus miembros y allegados. Al menos no paga renta: la sede, una vieja casona, fue una donación de la Ayuda Popular Noruega en los noventa.

Conseguir fondos propios es indispensable para la vertiente más política del CUC: grandes movilizaciones y “recuperaciones” de tierra que a veces le han causado problemas judiciales, tensiones con los gobiernos y el rechazo de las élites tradicionales. Las oenegés internacionales no financian esta parte. Ninguna quiere ser acusada de promover actividades desestabilizadoras, como algunos denominan a los actos más políticos de esta organización. Daniel Pascual, que lamenta lo que considera una falta de compromiso con la democracia, sabe que por eso importan los fondos propios. “Para nuestro ser político no vamos con las oenegés porque ya sabemos que van a decir que no”, dice. Orgulloso, muestra en la oficina del CUC unas bolsas con libras de maíz, atol y arroz. Cuenta que esas donaciones alimentaron en 2023 a quienes marcharon durante semanas para defender la llegada del presidente Bernardo Arévalo.

La agenda estatal

Ana Glenda Tager, secretaria privada del presidente Bernardo Arévalo y exdirectora para América Latina de la ONG Interpeace, tiene una visión menos idealista sobre qué es, o debería ser, la cooperación. “Si vas a donar, no es que tu ayuda va a ser completamente pura. Lógicamente tiene un interés estratégico en cuanto a que estás apoyando y por qué”, subraya en referencia a asuntos que pueden ir desde una agenda verde hasta contención de la migración. Cree que, entendiendo eso, es Guatemala la que debe establecer su propia agenda para negociar las prioridades: “Eso es lo que nos ha faltado en los gobiernos anteriores. Pero eso no ha sido culpa de la cooperación. Es culpa del país que no tiene claridad estratégica hacia dónde quiere ir y a qué le quiere dar prioridad”.

En el Gobierno de Arévalo, sociólogo y diplomático que enfrentó numerosos obstáculos de las élites tradicionales para asumir su cargo en enero, Tager y otros ministros proceden de la cooperación. El diagnóstico de la secretaria es lapidario con las administraciones anteriores. “La agenda de Guatemala ni siquiera ha sido impuesta. Más bien, no ha habido siquiera capacidad para decir: ‘Yo tengo mi propia agenda’. Solo se recibe y punto. Se reciben los fondos y ya está. Incluso los ministerios agarran por agarrar, sin decir cuál es su agenda y qué les interesa”, comenta. Para ella, en estos años las oenegés han hecho programas “muy buenos”, pero no han tenido un Estado que los escale y replique en todo el país. “Ese no es el rol de la cooperación, sino del Gobierno. Tenemos que ver qué cosas han estado funcionando para tratar de ver cómo las ampliamos”, señala.

La funcionaria afirma que el actual presidente ha dejado en claro que las prioridades son la infraestructura estratégica —puertos, aeropuertos, carreteras— y el programa Avenidas para el Buen Vivir, que promoverá proyectos de desarrollo en las regiones más empobrecidas del país —la tasa de pobreza de Guatemala fue del 55% en 2023, según el Banco Mundial—.

Tager sabe que cada oenegé o agencia tiene sus intereses, que cada vez llegan menos fondos por otras prioridades en Europa y que temas más políticos como la conflictividad agraria son difíciles. Pero enfatiza que Guatemala tiene margen de maniobra para definir la agenda. “Si yo propongo bien los proyectos, y los explico bien, voy a recibir el apoyo”, afirma.

Para Ana María Méndez, directora para América Latina de la ONG Care, es importante entender todas estas dinámicas dentro de un contexto en el que algunas organizaciones internacionales —no todas, reconoce— han cambiado en los últimos años. “Hemos hecho autocrítica, introspección”, señala en el café de una librería de la capital. La responsable explica que se han reducido en tamaño y han priorizado el fortalecimiento de los socios locales, algo que considera más sustentable a largo plazo y que permite que más dinero llegue a las comunidades. “Hace 10 o 15 años había organizaciones con planillas enormes en la región. Ahora ya no se conciben... los empleados disminuyeron de 400 a 40”, afirma. Méndez subraya, no obstante, que todavía falta y que organizaciones como Care, Oxfam o We Effect son “un mal necesario”: conectan a los donantes con los territorios, aportan conocimientos técnicos y preparan rendiciones de cuentas para los países donantes.