Una jueza de Madrid investiga a la exsocialista Leire Díez por sus maniobras contra la UCO

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, ha abierto diligencias previas para investigar a la exmilitante socialista Leire Díez, a los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, y al abogado Jacobo Teijelo después de que la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) presentara el pasado junio una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, según ha adelantado El Independiente y han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas.

En su denuncia, esta asociación profesional concluía que el vídeo en el que aparece Díez prometiendo beneficios judiciales a Hamlyn, procesado por un fraude de hidrocarburos, a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil buscaba torpedear varias investigaciones que afectaban al Gobierno.

En la actualidad hay otras cuatro denuncias o querellas en otros tantos órganos judiciales de la capital y Badajoz por aquella grabación presentadas por diferentes asociaciones, además de una del PP ante la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, la presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y que va dirigida solo contra Díez por supuestos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia ha recaído recientemente en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, que aún no ha tomado ninguna decisión sobre ella. Sobre la de Iustitia Europa ―un partido político que se presentó a las últimas elecciones europeas y obtuvo 27.407 votos (el 0,15%)― será el Juzgado número 44 de la capital el que decida.

Manos Limpias y Hazte Oír presentaron sendas querellas en los Juzgados de Instrucción número 4 y 2 de Badajoz, que han decidido inhibirse en los de Madrid. La última la ha asumido ya el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre ninguna de ellas, según detallan fuentes del ministerio público. Tampoco Anticorrupción sobre la que presentó el PP. Fuentes jurídicas señalan que la llegada del periodo vacacional retrasará previsiblemente qué pasará con ellas y la decisión sobre si, finalmente, se agrupan todas en un único juzgado y, de ser así, en cuál de ellos.

La difusión en mayo en El Confidencial de aquella grabación provocó un terremoto dentro del PSOE, ya que Díez había ocupado varios cargos públicos. La denunciada había sido teniente de alcalde y secretaria general del PSOE en Vega de Pas (Cantabria) en 2017. Además, había trabajado en dos empresas públicas: fue jefa de Comunicación de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos entre 2022 y 2024.

El audio recogía una reunión celebrada el marzo anterior por videoconferencia entre ella y un grupo de abogados, junto al empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en las subvenciones públicas, y el también empresario Alejandro Hamlyn, imputado en la Audiencia Nacional por liderar presuntamente una “organización criminal” dedicada al fraude de hidrocarburos, por la que la Fiscalía le pide más de 89 años de cárcel.

En este encuentro, Díez se mostraba interesada por una información que Hamlyn aseguraba disponer sobre un supuesto caso de corrupción en el seno de la UCO y que presuntamente afectaba al teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del departamento de la unidad que se encarga de la investigación de las causas contra el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del caso que salpica a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y de las pesquisas sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La entonces aún militante socialista ofrecía al empresario a cambio tratos de favor incluso con la Fiscalía.

Días después de salir a la luz el audio y tras abrirle un expediente el PSOE, Díez anunció que presentaba su baja del partido en una comparecencia ante la prensa en un hotel de Madrid. Ante los medios, la exmilitante socialista negó ser una enviada de su partido y justificó el contenido de aquella grabación en un trabajo periodístico que, sostuvo ante los micrófonos, llevaba realizando durante años para publicar un futuro libro “que versará sobre los estragos del falso patriotismo y la trama de los hidrocarburos”.

También detalló que había entregado en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, un pendrive con la información que aseguraba haber recabado durante esa investigación sobre la trama multimillonaria de los hidrocarburos y la denominada policía patriótica, la trama parapolicial responsable de la guerra sucia contra los independentistas catalanes y Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE anunció entonces que iba a llamar esa memoria informática a la Fiscalía.