Las víctimas de pederastia aguardan justicia ante un juicio inédito en Bolivia contra la Compañía de Jesús

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Han pasado más de dos años desde que las principales instituciones de Bolivia se pusieron en pie y prometieron investigar los casos de pederastia cometidos por clérigos en las últimas décadas. Lo anunció el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el procurador general. En el parlamento se registró un proyecto de ley para hacer estos delitos imprescriptibles y el senado dio luz verde a una comisión de la verdad. Incluso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, prometió públicamente justicia a las víctimas y exigió por carta al papa Francisco los archivos sobre los casos de los que tuviera conocimiento el Vaticano.

Pero poco se ha materializado. La iniciativa legislativa no salió adelante, la comisión del senado se paralizó tras meses de entrevistas, el presidente no ha vuelto a sacar el tema y las denuncias de las víctimas a las autoridades ―que contabilizan casi medio centenar― no han sido suficientes para que los tribunales atisben la posibilidad de una reparación integral para los afectados. “Se han olvidado de las víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana”, dice Edwin Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.

El escándalo de los abusos clericales estalló en Bolivia en mayo de 2023, después de que saliera a la luz un reportaje sobre el diario del sacerdote español, Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. En él, este jesuita admitía haber abusado de al menos 85 niños entre 1972 y comienzos de los años 2000, durante su labor pastoral como misionero y profesor en varios colegios del país, entre ellos el Juan XXIII de Cochabamba. También revelaba cómo varios de sus superiores y otros compañeros religiosos lo protegieron y desoyeron a los agredidos. La publicación provocó que decenas de víctimas se animasen a contar su caso y el número de jesuitas acusados se elevó hasta nueve, ocho de los cuales eran españoles. En todos ellos, las víctimas denunciaron que la orden supo de los abusos y no hizo nada.

Las autoridades anunciaron que abrirían pesquisas en cada uno de estos casos, tanto por los abusos cometidos como por su encubrimiento, aunque el agresor (en la mayoría de los casos) hubiera fallecido. Dos años después, solo una de estas causas avanza: la que investiga a los ex altos cargos de los jesuitas, Ramon Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, acusados de proteger a Pedrajas mientras dirigían la orden en el país boliviano. Este caso es inédito, pues es la primera vez que serán juzgados dos altos mandos de la Compañía por proteger a Alfonso Pedrajas. Uno de ellos, Recolons, fue además el número dos de toda la orden en Roma. De hecho, este miércoles se sentarán en el banquillo en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba. Día histórico para los afectados, aunque exigen a los tribunales que desatasquen el resto de causas pendientes sobre abusos.

Estos son los casos más relevantes por lo que las víctimas siguen luchando para que no caigan en el olvido:

El diario del cura pederasta

Es el caso que más víctimas contabiliza: Una treintena relataron sus testimonios a EL PAÍS y 18 de ellas pusieron una denuncia en los tribunales, aunque la asociación de sobrevivientes afirma que los niños agredidos seguramente superen el centenar. A pesar de que en Cochabamba se juzgará a los responsables Alaix y Recolons, las víctimas reclaman que aún hay “más encubridores” que deben ser imputados.

En el diario de Pedrajas aparecen citados al menos siete provinciales ―cargo de mayor estatus de la orden en un país― y una decena de religiosos que han desempeñado puestos relevantes, como directores de colegios, superiores de comunidades e incluso como responsables de la oficina de atención a víctimas de abusos. “El modus operandi de los provinciales jesuitas, de reubicar a los perpetradores y esconder los escándalos suscitados por repetidas denuncias, en vez de denunciarlos y apartarlos de los niños, provocó que los perpetradores siguieran abusando a cientos de niños, de manera sistemática, a lo largo de décadas, y con un sofisticado mecanismo de encubrimiento institucional", asegura Pedro Lima, víctima y portavoz de la organización de sobrevivientes.

En los legajos incautados por las autoridades, también aparecen citados los nombres de estos religiosos, lo que evidencia que la Compañía ha mentido a lo largo de estos dos años. Un ejemplo, el jesuita boliviano Osvaldo Chirveches, ex alto cargo de la orden y encargado de la delegación contra los abusos eclesiales de la congregación, respondió tajante a este periódico que no tenían noticia de las acusaciones contra Pedrajas. Pero la documentación que se guardaba en los archivos de la congregación demuestra lo contrario.

La primera mención a los abusos de Pica fue en 2009, poco después de fallecer el pederasta. Un antiguo alumno se intercambió varios mails con un responsable de la orden. Más tarde, en 2019, durante una investigación canónica contra otro sacerdote, un religioso declaró que en los ochenta comunicó al provincial de entonces los abusos del cura español y que este solo lo apartó temporalmente. Y ya en 2020 otras dos víctimas denunciaron ante la congregación haber sido agredidos por Pedrajas.

Edwin Alvarado afirma que, tanto a través de su abogada como por declaraciones directas de sus altos cargos, “la mentira y la falta de memoria y desconocimiento ha sido la regla en casos de abuso infantil”. “Mentirle a la justicia no parece importante para la Compañía de Jesús en su afán por encubrir a sus perpetradores”, añade el portavoz.

Los manuscritos de Charagua

De la investigación del diario de Pedrajas surgió la de los manuscritos de Charagua, publicada en junio del año pasado. En este caso, otro jesuita catalán, Lucho Roma, detalló en unos manuscritos cómo abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió y las grabó en vídeo. La Compañía de Jesús realizó una investigación interna en 2019 que confirmó los crímenes y su encubrimiento, pero tras la muerte de Lucho Roma en ese mismo año, escondieron los hallazgos en un cajón. Tampoco repararon a las víctimas, a pesar de que Lucho Roma había incorporado en su texto el nombre de 70 de ellas.

Cuando este diario publicó el reportaje, la Fiscalía boliviana ordenó abrir una causa judicial. Desde entonces, los afectos afirman que no ha habido ningún avance. Por otro lado, dentro de la documentación incautada a los jesuitas, hay un cruce de correos electrónicos en los que la Curia General de la Compañía en Roma ―máximo cargo de poder de la congregación en el mundo― ordenó a los responsables ocultar los manuscritos de Charagua. “Se debe conservar con mucho cuidado”, aparecía en el correo electrónico.

Los vivos y los muertos

De todos los casos destapados, solo hay dos acusados que siguen vivos: Francesc Peris y Francisco Pifarré. El primero tiene abierta una investigación canónica e interpuesta una denuncia en un tribunal de España, donde reside. El caso de Peris fue destapado en 2021 por EL PAÍS, acusado de abusos de niños y niñas en Barcelona en los setenta y luego trasladado a Bolivia para tapar el escándalo. Dos años después, este periódico destapo nuevas acusaciones contra él durante el estallido del caso Pica en Bolivia. En 1983 Peris abuso de varias menores en Cochabamba y fue enviado de regreso a Cataluña, donde siguió abusando de menores hasta 2005. El jesuita niega los hechos.

Pese a que en España se investiga a Peris, las autoridades bolivianas no han abierto una causa de oficio. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes se queja de la pasividad de la justicia de su país y le reclama que esta dé un paso al frente. “Esperemos que se deje la pasividad y se emitan señales claras contra la impunidad”, afirma Edwin Alvarado.

La lista de los acusados fallecidos es la más larga: Antonio Gausset, Jorge Vila, Carlos Villamil, Luis Tó y Alejandro Maestre. Este último sacerdote, de origen español y acusado de violar en dos ocasiones a un menor en 1961, llegó a ser arzobispo de La Paz en los ochenta. Falleció en 1988. La víctima de Mestre denunció el caso en 2021 ante la orden, pero esta no hizo nada. Por esta razón, la Fiscalía imputó el año pasado por encubrimiento al actual provincial de los jesuitas, Bernardo Mercado, y a otros dos ex altos cargos. Pero se desconoce cuándo dará el siguiente paso el juez en este proceso.