Extremeños de primera y de segunda

Cuatro meses y un día después de ganar con claridad las elecciones autonómicas, la popular María Guardiola revalidará el miércoles su cargo como presidenta de Extremadura gracias a la mayoría absoluta que suman su partido y Vox tras el pacto cerrado el jueves por ambas formaciones. Su intención cuando llamó a las urnas era que la política regional no se viese condicionada por la extrema derecha. Ahora todos los electores de esa comunidad —incluidos los casi 229.000 que dieron la victoria al PP— comprobarán que, para seguir al frente de la Junta, Guardiola ha suscrito parte de la agenda más ultra y tóxica del partido de Santiago Abascal. Sobre todo, en materia de inmigración.

Vox ha hecho de la aversión a los inmigrantes el eje de sus políticas, esperando que, igual que en otros países occidentales, su demagogia xenófoba se traduzca en votos. Y, como en otros países, esa ola reaccionaria está arrastrando a las formaciones conservadoras tradicionales. Esa xenofobia desacomplejada no solo llena los 12 puntos que el programa extremeño de gobierno dedica a la inmigración, con medidas como expulsar de España a los menores inmigrantes, la supresión de ayudas a las ONG que atiendan a extranjeros o no crear más plazas en centros de acogida. También permea medidas en materia de vivienda, sanidad o prestaciones y ayudas sociales.

Bajo la idea de la “prioridad nacional” —con la que Vox no solo arremete contra los inmigrantes en situación irregular sino también contra los extranjeros que residen legalmente en España—, el programa dibuja una Extremadura con ciudadanos de primera y segunda. Y lo hace en una comunidad que tiene entre sus mayores hándicaps una severa despoblación, donde solo un 1,3% de los ciudadanos consideran la inmigración un problema, según el CIS, y en la que la convivencia entre nacionales y extranjeros nunca ha sido conflictiva. El pacto que Guardiola cerró con la ultraderecha en 2023 no citaba ni una sola medida sobre inmigración.

María Guardiola y con ella el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, deberán aclarar cómo piensan hacer compatible lo firmado con el ordenamiento legal español, empezando por la Constitución. A finales de febrero, Génova aprobó un documento marco de negociación de pactos único para toda España cuyo punto quinto solemniza que no se aceptarán propuestas que “supongan desigualdad entre ciudadanos”, entre otras razones por su origen. Los populares tendrán que explicar si su concepto de igualdad excluye a los 7,2 millones de residentes en España de nacionalidad extranjera que contribuyen cada día a mantener el país. Alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recalcó este viernes que la “prioridad nacional” invocada en Mérida ni es legal “ni se ajusta a derecho”.

Con menos de la mitad de los escaños extremeños que el PP, el partido de Abascal es el gran beneficiario de la situación. Y vuelve a mostrar, como ya se vio en la Comunidad Valenciana, que en muchas autonomías los populares están dispuestos a asumir como propio lo que haga falta del ideario ultra con tal de mantenerse en el poder. La intolerancia que rezuma el pacto firmado por Guardiola desdibuja políticas defendibles no solo por un partido conservador, como la mejora en el salario de los profesores.

PP y Vox siguen negociando un acuerdo en Aragón y en Castilla y León. Dentro de un mes irán a las urnas los andaluces y en 2027, de mantenerse el calendario, serán las generales. El PP ya ha normalizado pactar y gobernar con una formación que reniega de algunos de los consensos básicos de la democracia, pero como partido de Estado no debería debatir siquiera la posibilidad de que haya españoles de primera y de segunda.