Vox logra que el PP se comprometa a reformar la ley de extranjería para acabar con la prohibición de discriminar a los inmigrantes

El acuerdo alcanzado este jueves entre PP y Vox para gobernar Extremadura va mucho más allá de dicha comunidad autónoma y condiciona la agenda política de Alberto Núñez Feijóo en el ámbito nacional. Santiago Abascal ha conseguido que los populares se comprometan a modificar la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, más conocida como ley de extranjería, para acabar con la prohibición de discriminar a los inmigrantes, que convierte en ilegal la implantación de la llamada “prioridad nacional”, la preferencia de los españoles sobre los extranjeros a la hora de acceder a ayudas públicas, principal bandera política del partido ultra.

El acuerdo que los dos partidos han hecho público anuncia en dos ocasiones que, “de forma paralela” a su aplicación, “se instará a la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 [Ley de Extranjería] y de cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior”. El objetivo es que los inmigrantes sean relegados en el acceso a servicios y ayudas públicas respecto a los españoles, al margen de cuál sea su estado de necesidad o su situación familiar.

El líder de Vox, Santiago Abascal, presentó el jueves el acuerdo para hacer presidenta de Extremadura a María Guardiola como una “buena noticia” y agregó, en un mitin en Granada: “Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional; prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”. Vox había dejado claro cuál era su principal objetivo en la negociación: lograr que el PP asumiera el lema “los españoles primero”, reivindicación tradicional de la extrema derecha en España y en toda Europa.

Sin embargo, el pacto no garantiza tal cosa, ya que sería ilegal. Dice que “se establecerá un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional”. Pero a continuación añade que se hará de modo “adecuado a la legalidad vigente”. Y precisa que se procurará “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. Dicho arraigo lo vincula a un “empadronamiento histórico en Extremadura (mínimo de 10 años para la compra y 5 años para alquiler)”, lo que no implica necesariamente poseer la nacionalidad española, ya que un español recién llegado a Extremadura tendría menos arraigo que un extranjero que resida hace años en dicha región. El mismo encaje de bolillos hace el pacto cuando afirma que “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”; para añadir que se dará prioridad a quienes tengan “un arraigo real” y que el sistema será “adecuado a la legalidad vigente”.

El problema es que la llamada “prioridad nacional” se da de bruces con el artículo 14 de la ley de extranjería, que afirma taxativamente: “Los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”; lo que incluye expresamente las prestaciones y servicios de la Seguridad Social. Este mismo derecho de no discriminación tienen, según la ley, “los extranjeros residentes de larga duración” a la hora de acceder “a los sistemas públicos de ayudas en materia de viviendas”.

Por eso, el pacto PP-Vox incluye el compromiso de instar a la reforma de la ley de extranjería, que por su carácter orgánico requiere mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, ni siquiera reformando esta ley es posible aplicar del todo el principio de “prioridad nacional”, ya que el Tratado de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales prohíben la discriminación de los ciudadanos de la Unión en función de su nacionalidad, por lo que solo podría establecerse una preferencia comunitaria, pero no nacional como pretende Vox y ha admitido el PP.

El acuerdo suscrito en Extremadura puede servir de guía para un futuro programa de un Gobierno de los dos partidos a nivel nacional. No solo compromete a los populares a reformar la ley de extranjería sino también la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, para dificultar la inscripción de inmigrantes en el padrón municipal, considerando nulo el empadronamiento de quienes carezcan de título habilitante de ocupación de una vivienda. Para ello, subraya, “se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales”.

Solo ayuda de “urgencia vital” a inmigrantes

Mientras llega esa reforma, anuncia la creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y Residencia Efectiva. Su objetivo, según el pacto, es combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas y prestaciones sociales. Aunque el texto no lo especifica, su perfil es el de una unidad parapolicial, ya que le atribuye no solo “la detección de empadronamientos ficticios y el acceso indebido a ayudas públicas”, mediante la “activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”, sino también “la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados pisos patera”. La creación de una unidad al estilo de la policía antiinmigración estadounidense (ICE) puede chocar con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley de Protección de Datos y la propia regulación del padrón municipal.

Aunque el texto no apela expresamente a reformar la Ley General de Sanidad, lo sugiere implícitamente cuando dice que su objetivo es garantizar “una atención [sanitaria] accesible y de calidad para los españoles”; obviando que la ley le obliga a prestarla también a los extranjeros residentes en territorio español. En otro punto, el acuerdo pone en duda la continuidad de la atención sanitaria universal al excluir “del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

El acuerdo rezuma los postulados ideológicos de Vox cuando “blinda la continuidad de [la central nuclear] de Almaraz”, aunque su prórroga es competencia del Estado; o propone obstaculizar la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos. Incluye también el rechazo expreso del “acuerdo UE-Mercosur”, cuya aprobación corresponde al Parlamento Europeo, y criminaliza a los menores no acompañados a los que, lejos de garantizar su protección como ordena la ley, propone impedir que “gocen de cualquier privilegio o impunidad”.

Aunque haya impuesto sus parámetros ideológicos, Vox se ha dejado también algunos pelos en la gatera y las renuncias del partido ultra son tan significativas como sus logros. No figura en el acuerdo la “supresión del registro de [sanitarios] objetores de conciencia al aborto”, que el partido ultra incluyó en la plataforma de 23 puntos con la que acudió a la negociación y que el PP también quería eliminar en la Comunidad de Madrid, pero le han obligado a poner en marcha los tribunales. Vox también parece haberse olvidado de otro colectivo que estaba tradicionalmente en su punto de mira: el acuerdo final no incluye la derogación de las “leyes de adoctrinamiento ideológico” que pedía Vox, en alusión a la Ley de Igualdad Social LGTBI de Extremadura, una norma pionera en España que aprobó en 2015 el Gobierno de José Antonio Monago, del PP. Es significativo el abandono de las dos medidas que más podían satisfacer al ala ultracatólica del partido. Finalmente, se ha caído del acuerdo la reducción del número de diputados de la Asamblea extremeña, que Vox había convertido en símbolo de su campaña para “recortar el gasto político”.