El documento del PP para negociar con Vox exige a los de Abascal aprobar los Presupuestos de toda la legislatura

El PP ha elaborado un documento marco de negociación de pactos “único, vinculante y para toda España” para abordar las conversaciones con Vox en las comunidades autónomas. El texto, de diez puntos y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye que los populares exigirán a los de Santiago Abascal que se comprometan a aprobar cuatro Presupuestos de sus Gobiernos autonómicos, es decir, los de toda la legislatura. “Los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre. La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto”, dice el texto del PP.

El documento elaborado por Génova está pensado para fijar unas bases orientativas que guíen las negociaciones con Vox. Una vez la dirección nacional ha anunciado este lunes que da un golpe de mano y participará de forma directa en las conversaciones con los de Santiago Abascal para las investiduras de María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón), así como las que puedan venir después en Castilla y León y Andalucía, la cúpula ha definido un catálogo de principios para esos acuerdos. Se trata de un marco “vinculante”, incide el PP, y de aplicación en toda España, así que regirá por igual en todas las comunidades autónomas.

El preámbulo del texto subraya que los acuerdos deberán respetar “el reparto competencial”, después de que algunos Gobiernos, como el de Aragón, se quejaran de que Vox les exigía acordar medidas que no son competencia autonómica, como por ejemplo la limpieza de los cauces de los ríos. Cualquier pacto, añade el PP, debe basarse en el “principio de coherencia programática”, de forma que los populares podrán “ampliar las ofertas” con las que se presentaron a las elecciones, pero no “contradecirlas”. “El Partido Popular tiene identidad política propia”, remarca Génova, y por tanto “un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”. El reparto de poder, subraya el PP, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, “debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas” y ambos partidos deben respetar que “los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria”.

El texto define una serie de ámbitos prioritarios de acuerdo con Vox e incluye múltiples guiños a los de Abascal. Ninguno de los puntos es, a priori, contradictorio con los postulados de la extrema derecha, aunque el diablo estará en los detalles. Esos ámbitos preferentes para el acuerdo son la rebaja de impuestos y la reducción de la burocracia, la defensa de los agricultores y ganaderos, el rechazo a las políticas climáticas, la vivienda y la okupación ilegal, la política migratoria, la natalidad, la educación, el rechazo a la violencia, los jóvenes, la educación y la sanidad.

El PP hace gestos a Vox para facilitar los acuerdos, con el fin de desatascar unas negociaciones que están empantanadas en Extremadura. El reloj para la investidura de María Guardiola corre a toda velocidad, con la primera sesión el próximo 3 de marzo.

Los populares proclaman, así, su “rechazo a las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”, después de que Vox haya exigido al PP la denuncia del pacto verde europeo, una reclamación que aceptó íntegramente el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido.

También hay en el documento del PP terreno compartido con Vox en política migratoria. “La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho”, apunta el PP, que aboga por exigir al Gobierno que “controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume”.

El texto no aborda con precisión el principal punto de fricción con Vox en este ámbito, la acogida de los menores extranjeros no acompañados, que motivó precisamente la ruptura de los Gobiernos autonómicos con el PP. Algunos barones del PP, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se comprometieron en campaña a cumplir la ley y por tanto a acoger a los menores migrantes. Pero este es un elemento de discrepancia con Vox, que en la negociación de Presupuestos fallida exigió al Gobierno de Azcón que se negara a recibirlos. El documento marco del PP pide al Ejecutivo central que cuente con las comunidades autónomas y deja en el aire la política sobre la acogida de los menores.

El apartado que mayor tensión podría provocar con Vox es el que proclama “la condena de toda forma de violencia”, y establece que “cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase”. El PP cita de forma expresa la violencia “machista”, mientras los de Abascal niegan la existencia de la violencia de género y, de hecho, trataron de imponer al PP en la primera generación de acuerdos que los textos hablaran de violencia “doméstica” o “intrafamiliar” como forma de invisibilizar la de violencia contra las mujeres. El acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana para la investidura de Carlos Mazón fue uno de esos ejemplos en los que Vox impuso el término de “violencia intrafamiliar”.

En este apartado, el PP remarca que combatirá estas violencias con todos los recursos e intensidad que sea posible, pero añade una matización que podría servir como rampa de aterrizaje a otra de las exigencias de Vox. El PP se abre a “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”. Los ultras han reclamado a Gobiernos autonómicos del PP eliminar las subvenciones que reciben “las asociaciones ideológicas de la violencia machista”.

En lo que respecta a las políticas para las mujeres, el documento del PP hace otro guiño a Vox, al proclamar que el partido se opone “aquellas tradiciones o creencias que justifiquen prácticas que oprimen a la mujer” y por eso, dice, el PP continuará promoviendo “la prohibición del burka y el niqab como negación simbólica y práctica de su libertad”. Los populares acaban de coincidir con Vox en el Congreso aprobando una iniciativa de los ultras para prohibir estas prendas islámicas.

En materia de vivienda, el PP hace énfasis, al igual que Vox, en la lucha contra la okupación ilegal. “Desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y seguridad jurídica plena para propietarios e inquilinos”, remarcan los populares. El PP aboga además por “no intervenir” en el mercado de la vivienda, y en su lugar apostar por un “shock de oferta”, con más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible, así como beneficios fiscales para facilitar el acceso a la compra a los jóvenes.

Los populares proclaman también en el documento marco que sus acuerdos con Vox deberán respetar la dignidad de todos los ciudadanos y promover una solidaridad activa con los más vulnerables. Y añaden, con una melodía que también sonará bien a los de Abascal: “Esto pasa por hacer un ejercicio de distinción entre las personas necesitadas y las aprovechadas. No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”.