Triste sainete de la corrupción

Es inevitable compartir el estupor ciudadano ante los testimonios que esta semana se han sucedido en el Tribunal Supremo alrededor del comportamiento de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. En estas primeras sesiones ha quedado en evidencia que el entonces ministro colocó a dedo —en trabajos ficticios pero en empresas públicas— a dos de sus parejas. A una de ellas le pagaba además el alquiler de un piso el empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil denominó “nexo corruptor” dentro de la trama que durante la pandemia logró del ministerio un contrato de mascarillas presuntamente amañado. Este es el caso que se juzga, no el enchufismo. Pero la puesta en escena judicial ha convertido el escándalo de corrupción en un serial bochornoso.

Una de las mujeres tuvo trabajo en las compañías públicas Ineco y Tragsatec. Otra, en Logirail. De los testimonios de los responsables de estas empresas y de los de las propias interesadas resulta inevitable concluir que estaban allí por recomendación personal de Ábalos a través de su asesor, Koldo García, y que no tenían ni la preparación requerida para el puesto ni funciones precisas. Simplemente, cobraban un sueldo público. Un responsable de Adif apuntó junto al nombre de una de las mujeres “presidencia”, para acordarse de que no debía fiscalizar su trabajo. Otro asegura que fue amenazado y destituido por cuestionar esa inexistente labor.

Bajo la chanza que provoca el esperpento escenificado estos días subyace la desolación de comprobar la facilidad con la que personajes sin escrúpulos pueden poner el Estado a su servicio. Lo relevante no es solo el nivel de corrupción, sino también la constatación de que no hay suficientes controles independientes en la Administración para frenar a un alto cargo político cuando levanta el teléfono para pedir favores —o imponerlos— a cuenta del presupuesto. En casos así, el Estado está al albur de la ética de cada cual mientras no tropiece con los resortes de la justicia. Tampoco se puede contar con los partidos para ese control: cuesta creer que el comportamiento de Ábalos no levantara suspicacias en el PSOE ni en el Gobierno.

En las primeras jornadas del juicio no se ha revelado información nueva respecto a la instrucción. Pero se han abierto otras derivadas aparte del vodevil berlanguiano de los enchufes. Algunas acusaciones buscan una supuesta financiación ilegal del PSOE en los tejemanejes de José Luis Ábalos, que además de ministro era el secretario de Organización socialista. Una empresaria se reafirmó este jueves ante el Supremo en que llevó bolsas de dinero a la sede central de Ferraz por encargo de Aldama. La vaguedad de la afirmación y la falta de pruebas no deberían eximir al PSOE de volver a dar una respuesta a esa acusación. Los socialistas niegan cualquier insinuación de financiación ilegal y llevan a gala su colaboración absoluta con la investigación judicial. No hay evidencias de lo contrario. Pero en el caso de las organizaciones políticas no basta solo con convencer a los jueces; es necesario convencer también a los ciudadanos. Sobre todo, cuando estos han puesto en sus manos las más altas responsabilidades de Gobierno y algunos las han usado en beneficio propio.