80 testigos y hasta 30 años de cárcel: el Supremo juzga a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

José Luis Ábalos y Koldo García se juegan desde este martes en el Tribunal Supremo su futuro penitenciario y judicial. El exministro de Transportes y quien fue su asesor afrontan peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel por tejer una red corrupta para la compra de material sanitario aprovechando la falta de controles durante la pandemia de covid-19. Junto a ellos el Supremo juzga al empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil considera el “nexo corruptor”, pero para quien las acusaciones solo reclaman siete años de cárcel tras aplicarle una atenuante por haber confesado parte de los delitos que se le atribuyen. El alto tribunal ha reservado para la vista oral 13 días, en sesiones de mañana y tarde, y ha convocado a 81 testigos, entre los que se encuentran cargos públicos, empresarios y familiares de los acusados.

Este será el primer juicio del caso Koldo, que estalló en febrero de 2024 con la detención del antiguo asesor del exministro de Transportes y ha acabado llevándose por delante no solo a Ábalos, primer secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, sino también al sucesor en el cargo, Santos Cerdán. Este último no se sentará en el banquillo del Supremo porque solo está imputado por la supuesta adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, cuya investigación está aún muy incipiente y que ha pasado del alto tribunal a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos, en enero pasado, a su escaño en el Congreso, lo que implicó que ya no esté aforado.

La pérdida del fuero no afecta, sin embargo, al juicio por la trama de las mascarillas, que se celebrará en el Supremo porque cuando Ábalos dimitió como diputado el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, ya había dictado la apertura de juicio oral. El alto tribunal juzga el supuesto cobro de comisiones a cambio de favorecer la adjudicación de contratos de compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19 a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada al empresario Aldama. También se juzga la contratación irregular en empresas públicas de dos mujeres vinculadas a Ábalos y el alquiler por parte de Aldama y sus socios de varios inmuebles para pagar los favores del exministro.

A Ábalos y quien fue su asesor se les atribuyen siete delitos ―organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación― por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años (en el caso del exministro) y 19 años y medio de cárcel (en el del asesor), mientras que las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección del PP, piden que ambos sean castigados a 30 años de prisión. Para Aldama, en cambio, tanto el ministerio público como la acusación popular piden solo siete años después de que este haya admitido los hechos y aceptado su condena por los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. El empresario rechaza, no obstante, otros dos delitos de los que también se le acusa: falsedad documental y tráfico de influencias.

Los tres acusados llegan al juicio en situaciones muy distintas: el exministro y su antiguo asesor están desde noviembre pasado en prisión preventiva y serán trasladados cada día desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) al alto tribunal, al que está previsto que accedan en vehículo policial por una puerta lateral para recorrer después, a pie y custodiados, el camino hasta el Salón de Plenos. Aldama, en cambio, afronta el juicio en libertad y con una petición de cárcel muy inferior a la de los otros dos. Esto explica en parte que Ábalos y Koldo García hayan alineado en los últimos meses sus defensas frente a la del empresario, al que reprochan actuar casi como una acusación. Esta situación ya se puso de manifiesto durante la audiencia preliminar que se celebró en el Supremo el pasado 12 de febrero y en la que las defensas del exdirigente socialista y quien fuera su asistente unieron fuerzas, sin éxito, para intentar anular el juicio y acusaron a Aldama y a la Fiscalía Anticorrupción de haber cerrado, de forma extraoficial, un pacto de conformidad para rebajar la pena del comisionista, un extremo que rechazaron tanto el abogado del empresario como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS descartan cualquier posibilidad de que pueda alcanzarse un acuerdo al inicio de la vista de este martes.

En aquella sesión que se celebró en febrero, Ábalos, Koldo y Aldama se enfrentaron por primera vez al tribunal que los va a juzgar, integrado por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández. Como entonces, los acusados podrán situarse este martes en el Salón de Plenos del Supremo detrás de sus abogados, en lugar de ocupar un lugar en el banquillo en el que, en principio, solo tendrán que sentarse cuando se celebre su interrogatorio como investigados. A petición de las defensas, el tribunal ha fijado la declaración de los acusados en último lugar, una vez que hayan declarado todos los testigos y se hayan desarrollado las periciales previstas por la sala. Si se cumple el calendario, Aldama, Koldo García y Ábalos declararán, por este orden, la mañana del 28 de abril.

Entre los 81 testigos que había citado el tribunal estaban la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, citados por los contratos de compra de mascarillas adjudicados a los empresarios de la trama en Baleares y Canarias cuando ellos presidían estas comunidades. Pero el Supremo ha aceptado la petición de ambos para que se sustituya su interrogatorio ante el tribunal por un informe escrito, un privilegio previsto en la ley para los miembros del Gobierno, del Congreso y el Senado y los presidentes de comunidades autónomas que sean llamados a testificar sobre hechos de los que tengan conocimiento “por razón de su cargo”. Según la ley, este informe debe ser leído en la sala antes de que empiece la comparecencia de los primeros testigos citados por el tribunal, por lo que es previsible que la sesión de este martes arranque con la lectura de ambos escritos.

Para el primer día de la vista el Supremo ha citado a 11 testigos. El primero en comparecer será Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro, quien, según la Guardia Civil, hizo a su padre varias transferencias de dinero y entregas en efectivo durante los años en los que se centra la investigación (entre 2018 y 2024) También está prevista este martes la declaración de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos que, supuestamente, fue contratada por petición de aquel en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes de Transportes, de las que, según ella admitió cuando fue interrogada durante la instrucción, cobró sin trabajar. Rodríguez, además, vivió durante dos años y medio en un piso en la plaza de España de Madrid de cuyo alquiler, valorado en 2.700 euros mensuales, se hicieron cargo empresarios vinculados a la trama.

El tribunal ha convocado también para la primera sesión a varios cargos de las empresas públicas en las que trabajaron tanto la expareja del exministro como Claudia Montes, otra mujer a la que los investigadores vinculan con Ábalos; a Javier Álvarez Montalvo, ocupante de un piso en el paseo de la Castellana que la trama supuestamente alquiló a Ábalos con opción a compra como garantía de futuras mordidas; y a Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.