España afronta los retos de la gerontocracia

Empieza la campaña de la renta, y circula por las redes sociales un meme de José Luis Ábalos junto a varias de las mujeres que estos días declaran en el Tribunal Supremo, como diciendo: “A esto van tus impuestos”. En la política del espectáculo, lo grotesco acaba asfixiando los verdaderos debates. El Estado de bienestar en España no depende de una presunta trama corrupta. El reto que tenemos es a largo plazo: como tantos países de Europa, empezamos a enfrentar el riesgo de convertirnos en una gerontocracia.

Basta con analizar los datos. El Gobierno volvió a batir récords de recaudación en 2025, como hizo en 2024, debido a que hay más gente trabajando, los salarios nominales han subido por efecto de la inflación —aunque no por ello haya aumentado el poder adquisitivo—, y no se han deflactado los tramos de la tarifa del IRPF. Algunos se preguntan adónde ha ido el dinero: existen recelos sobre el estado de ciertos servicios públicos, y algo está desconectando a la gente joven del contrato social que implica el pago de impuestos. No es una cuestión exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de prioridades de país. Según datos de la Intervención General del Estado, entre 2004 y 2024 el mayor incremento de gasto —computando todas las administraciones públicas— se concentró principalmente en las pensiones —pasaron del 33% al 42% del presupuesto general en 15 años— y, en menor medida, en sanidad. Mientras tanto, partidas tan sensibles como las de vivienda y transportes han ido a menos en términos relativos sobre el gasto total.

España y Europa se arrojan a un debate entre las necesidades de los hijos y las de sus padres, fruto de tener democracias muy envejecidas. Habrá quien crea que incentivar unas partidas no limita las otras, pero esa afirmación es cuestionable. El déficit de las pensiones contributivas implica que, en 2024, unos 60.000 millones de euros no se cubrieron con las cotizaciones de empresarios y trabajadores, por lo que hizo falta tirar de transferencias corrientes —dinero que sale de otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado— y de emisión de deuda. Ello compromete a las generaciones más jóvenes, porque se reduce más el margen monetario para hacer política en función de sus intereses. Para entender las magnitudes de las que hablamos: ni renunciando al gasto en igualdad, Casa del Rey, defensa, sindicatos, o políticos y asesores cubriríamos un 15% del volumen total de las pensiones contributivas y su déficit.

Pese a lo estructural del fenómeno demográfico, lo cierto es que el Gobierno ha sido más activo que otros acentuando esa brecha. De un lado, la inflación de este año será un nuevo —y abultado— compromiso de revalorización de las pensiones para el siguiente, como ya ocurrió tras la pandemia. Por otro, España fue en 2024 la única economía del euro (junto al rico Luxemburgo y la más modesta Eslovaquia) en el que la mediana de los mayores de 65 años ganó algo más que la mediana de los adultos en edad laboral —de 18 a 64 años—, según Eurostat. Si no hubiera cierto electoralismo en la indexación de todas las pensiones conforme al IPC, o si fuera una cuestión solo de justicia social, La Moncloa encontraría mecanismos para ayudar solo, y aún más, a los jubilados realmente necesitados.

La consecuencia es que nuestro sistema de bienestar ya ha empezado a mutar, pero sin abrir un debate al respecto. Primero, suben las cotizaciones sociales y las cuotas de los autónomos, se eleva la edad de jubilación a los 67 años, mientras que el Ejecutivo no deflacta el IRPF porque lo necesita para seguir promoviendo políticas sociales. El resultado es una mella en las clases medias, que de por sí ya se deslizan a la baja. Segundo, la solución de nuestros gobernantes pasa por atraer inmigración para cuadrar las cuentas, pero esas personas cobran hoy de media un 29,3% menos que los nacionales, mientras se enfrentan igualmente al infierno del acceso a la vivienda.

El Gobierno celebra el número de afiliaciones, pero la realidad es que el salario mínimo se parece cada vez más al más frecuente, y cobramos menos por hora que la media europea. Nuestro Estado de bienestar, pues, gira hoy alrededor de la generación por encima de los 60 años. Es lícito pensar que eso tiene que ver con el malestar antisistema de nuestros jóvenes, y con el auge de la ultraderecha y de los valores autoritarios: existe el sentimiento de que votar quizás ya nada cambie para ellos. La cuestión es que el debate demográfico solo irá a más en los próximos años por la creciente jubilación de los baby boomers. Mientras tanto, el sistema hace creer a nuestros mayores que les favorecerá siempre, pero ni siquiera eso es cierto. Claro que no es una lucha entre generaciones: si el motor se ha gripado para la juventud, que son los adultos del mañana, y si España superaba en 2024 el 100% de deuda pública —cuando en 2008 apenas llegaba al 40% y las consecuencias de los recortes fueron ya muy dolorosas—, nadie garantiza que nuestros mayores salgan ganando si, de repente, llega una crisis económica, teniéndose incluso que enfrentar una red sanitaria y de cuidados muy deficitaria o saturada. El conformismo con el presente, a veces, ni impulsa el futuro ni honra el pasado.