Las rentas bajas y medias pagarán entre 250 y 350 euros de más por la negativa de Hacienda a ajustar el IRPF a la inflación

La negativa del Ministerio de Hacienda a ajustar la tarifa estatal del IRPF a la evolución de la inflación y de los salarios continúa teniendo efectos sobre el bolsillo de los contribuyentes, aunque dispar en función del nivel de renta. En la práctica, la decisión implica que, aunque los ciudadanos hayan visto incrementados sus sueldos en los últimos años para compensar el encarecimiento del coste de la vida, ese aumento nominal no se traduce en una mejora real de su capacidad adquisitiva, sino en una mayor carga fiscal. El resultado es que en 2026 los contribuyentes pagarán en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ―en la declaración que se produzca el año que viene― entre 250 y 2.160 euros adicionales en función de su nivel de ingresos.

Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, se produce cuando los tramos del impuesto y los mínimos personales y familiares que están exentos de tributación permanecen congelados mientras suben los precios y los salarios. Al no actualizarse estos elementos clave del impuesto, muchos contribuyentes pasan a tributar en tramos superiores sin que su poder adquisitivo real haya aumentado. Hacienda argumenta que la deflactación, debido a la escala del impuesto, beneficia más a los contribuyentes ricos. Y defiende que las rebajas aprobadas en los últimos años por el Gobierno suponen un alivio mayor para las rentas bajas que esos aproximadamente 250 euros que ahorrarían cada año si se hubiera producido el ajuste de los tramos con lo que han subido los precios.

Según los cálculos realizados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en impuestos del Consejo General de Economistas, un contribuyente con unos ingresos anuales de 25.000 euros pagará alrededor de 250 euros más de lo que le correspondería si la tarifa estatal estuviera actualizada conforme a la inflación. En el caso de rentas de 30.000 euros, el sobrecoste ronda los 350 euros, mientras que para ingresos de 45.000 euros la subida se sitúa en torno a los 500 euros. A medida que aumenta el nivel de renta, la diferencia se amplía: quienes perciben 70.000 euros anuales abonan cerca de 760 euros adicionales, y en los escalones más altos, de 400.000 euros de renta, el exceso supera los 2.100 euros. En todos los casos, las cantidades varían levemente entre comunidades, ya que los territorios aplican unos tipos diferentes en la tarifa autonómica.

El REAF lleva años estimando el impacto de la no deflactación de la tarifa estatal del IRPF. Hasta ahora, sus cálculos se basaban en la evolución del índice de precios al consumo (IPC). Sin embargo, en esta ocasión el organismo ha afinado la metodología al incorporar la variación salarial media recogida en la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, que refleja un incremento acumulado del 18,1% entre 2022 y 2026. A ello añade, además, el efecto de no haber actualizado ni el mínimo personal ni los 2.000 euros correspondientes al concepto de otros gastos deducibles, tomando como referencia el IPC con base en 2025, que registra un aumento del 15,8%.

La consecuencia directa de la progresividad en frío ha sido un notable aumento de la recaudación tributaria. A medida que los salarios suben en términos nominales y el impuesto no se ajusta, Hacienda ingresa más sin necesidad de aprobar subidas explícitas. De hecho, parte del récord de recaudación anotado en los últimos años, el último en 2025, se explica por este fenómeno.

A este escenario se suma un cambio relevante en el ámbito de las comunidades, y es que la deflactación del IRPF ha desaparecido casi definitivamente del mapa autonómico. Durante los años más intensos de la crisis inflacionaria, la mayoría de los territorios adaptaron la tarifa propia del impuesto a la evolución de los precios. Sin embargo, ese enfoque ha cambiado por completo. En 2025, con el IPC en fase de corrección, las comunidades pusieron fin a esa fórmula. Ahora, en 2026, según los últimos datos recopilados por el REAF, los territorios parecen haber consolidado la tendencia.

Ni en las comunidades del PP

Los asesores fiscales presentaron este martes su tradicional Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, un documento que cumple 25 años y que recoge todos los cambios tributarios aprobados por las comunidades para el ejercicio en curso. Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF, recuerda que otros años, sobre todo entre 2022 y 2024, las autonomías redujeron su tarifa del impuesto. Lo hicieron o bien a través de la deflactación, o bien con la disminución de los tipos hasta ciertos umbrales o con el aumento de los mínimos personales y familiares, y siempre con el objetivo de contrarrestar los efectos de la inflación. En 2026, sin embargo, solo La Rioja introduce una cláusula en su normativa que contempla algo parecido.

Según explica Gimeno, la escala de gravamen y los mínimos personales y familiares de La Rioja serán objeto de deflactación cuando la tasa de variación interanual del IPC autonómico del mes de diciembre sea superior al 3%. Es decir, solo se actualizarán los importes de los tramos de la base liquidable general y los mínimos personales y familiares si se supera ese porcentaje. En el resto de territorios, al menos por ahora, no hay ninguna modificación aprobada.

La decisión de las comunidades de haber puesto fin a esta fórmula convive con un debate político que sigue abierto. El Partido Popular, que gobierna la mayor parte de las autonomías, mantiene la presión sobre Hacienda para que deflacte el IRPF ―en este caso la tarifa estatal―, una medida que el Gobierno ha rechazado de forma reiterada año tras año al considerar que beneficia en mayor medida a las personas con más ingresos. Sin embargo, por segundo año consecutivo, sus comunidades optan por no replicar la medida que el partido exige al Ejecutivo.