Un organismo de Hacienda pide al Gobierno ajustar los impuestos a la subida de la inflación

Un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda ha reclamado formalmente al Gobierno que tome medidas para compensar los efectos de la inflación en el sistema tributario español. El órgano en cuestión es el Consejo para la Defensa del Contribuyente, que denuncia que buena parte de las cifras que dan forma al impuesto sobre la renta y otros tributos llevan casi dos décadas congeladas, lo que en la práctica supone un aumento encubierto de la presión fiscal. Más todavía, insiste, en un contexto como el de los últimos años, marcado por el fuerte repunte de los precios.

No se trata de una recomendación de política fiscal en sentido estricto, pues el propio consejo admite que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes decidir sobre la materia, pero sí de una llamada de atención con un argumento que califica de indiscutible: “Es matemáticamente incontestable que no deflactar estas cuantías comporta un incremento efectivo de la presión tributaria que, además, afecta de forma más incisiva a las personas menos pudientes”, explica el organismo en su memoria anual, correspondiente al año 2024.

Los argumentos están recogidos en el dictamen para la Adecuación de cuantías monetarias a la inflación, publicado recientemente en la propia memoria. En él, el consejo analiza cómo la subida de los precios ha ido erosionando año tras año los beneficios que el legislador quiso reconocer a los contribuyentes en conceptos como los mínimos personales, las reducciones o las deducciones.

El organismo recuerda que la mayor parte de estas magnitudes se fijaron en 2006 y que, desde entonces, ni las bases de cálculo ni los umbrales se han actualizado en paralelo a la evolución del índice de precios al consumo. El decalaje pasó medianamente inadvertido durante mucho tiempo, pero en los años 2021 y 2022, cuando el IPC se disparó hasta situarse en el 6,5% y el 5,7%, respectivamente, la cosa cambió. El resultado es una tributación más exigente, en la que personas con rentas que apenas han variado en términos reales pasan a soportar un gravamen superior simplemente porque el valor nominal de sus ingresos ha crecido con la inflación.

El caso más llamativo que recoge la memoria es el del mínimo personal y familiar, la parte de la renta que queda libre de tributación por considerarse imprescindible para la subsistencia. Actualmente, está fijado con carácter general en los 5.550 euros. Según los cálculos del propio consejo, si se hubiera actualizado conforme al IPC acumulado desde 2006, debería situarse en los 7.681 euros, un 30% más. Algo simular ocurre con la reducción por cuidado de ascendientes, que permanece en 8.000 euros pese a que, aplicando la misma lógica, tendría que alcanzar los 11.072 euros. “Hay casos más flagrantes”, remarca el consejo, como el que afecta al impuesto de sucesiones y donaciones, cuya tarifa y tablas por patrimonio preexistente “no han sido objeto de adecuación a la inflación desde su aprobación, hace más de 35 años”.

El organismo, encargado de atender las quejas de los contribuyentes y efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes, subraya que esta situación genera una percepción creciente de injusticia y ha dado lugar a numerosas quejas de ciudadanos en el último ejercicio. No se trata solo de un debate técnico sobre cifras abstractas, sino de un problema tangible en la vida de los hogares de menor renta, para los que unos cientos de euros de diferencia en el mínimo exento o en las reducciones familiares pueden suponer una carga significativa.

Por ello, sugiere el consejo, sería deseable que el legislador reflejase de algún modo en los elementos de cuantificación de los tributos ―reducciones, tarifas, deducciones, coeficientes, límites monetarios― el desajuste que la inflación produce en el gravamen de la capacidad económica efectiva de los contribuyentes. De lo contrario, en periodos inflacionarios como el reciente, la presión fiscal sobre la renta se agudiza por el mero transcurso de los años, siendo perjudicadas comparativamente en mayor medida las personas más desfavorecidas. “No parece que tal cosa sea muy razonable”, recalca el organismo.

Consciente del coste recaudatorio que supondría indexar todas las magnitudes fiscales a la inflación, el consejo se limita a señalar el impacto del problema y a subrayar sus implicaciones sociales. No recomienda expresamente una deflactación de la tarifa del IRPF, pero sí plantea que resulta oportuno revisar el conjunto de cuantías monetarias que estructuran el sistema tributario.

El Ministerio de Hacienda siempre ha argumentado que el Gobierno rechaza deflactar la tarifa del IRPF y actualizar los mínimos personales porque ha centrado sus políticas en efectuar rebajas fiscales en los tramos más bajos del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, ha ampliado la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y ha ampliado los mínimos exentos. A su vez, sostiene Hacienda, el aumento de la recaudación ha permitido llevar a cabo rebajas temporales focalizadas en otros impuestos ―como el IVA energético o de los alimentos― para aliviar a las rentas más bajas sin descuidar los objetivos de déficit.