El debate | ¿La negociación de los pactos autonómicos debe recaer en las direcciones nacionales de los partidos?

El propio concepto de baronías en las principales formaciones políticas muestra el juego polémico que siempre ha existido entre el centro, representado por sus cúpulas nacionales, y la periferia.

El profesor de Ciencia Política Lluís Orriols considera que los hiperliderazgos partidistas erosionan la cercanía a los ciudadanos y el contrapeso territorial. Para el periodista y escritor Ignacio Peyró, importa la unidad de discurso y acción.

Los partidos rechazan la separación de poderes

Lluís Orriols

La desconfianza que en ocasiones generan los partidos políticos no es algo nuevo de nuestros tiempos. Ya los padres fundadores de la democracia estadounidense advirtieron de los potenciales efectos adversos de dejar el sistema en sus manos. Desde James Madison hasta George Washington, muchos los acusaban de fomentar la fragmentación de la sociedad en facciones enfrentadas y de poner en riesgo el bien común. Irónicamente, el propio Madison, quien tanto denostó en sus escritos a los partidos, tardó poco tiempo en fundar lo que hoy se conoce como el Partido Demócrata. La realidad pronto evidenció que, si bien podían tener efectos nocivos, eran muy eficaces en llevar a cabo funciones de coordinación y reclutamiento de élites.

De hecho, cuando no están se les echa de menos. La debilidad o incomparecencia de los partidos está detrás de algunas de las crisis más destacadas de nuestros sistemas. Basta observar el ascenso de Donald Trump ante un Partido Republicano anulado e incapaz de actuar como dique de contención frente a un candidato populista que ha gobernado sin necesidad de someterse a los controles tradicionales de su formación.

Sin embargo, un exceso partidista es tan nocivo como su ausencia. La experiencia nos ha enseñado que cuando los partidos toman demasiado protagonismo acaban siendo también agentes de deterioro institucional. El problema surge cuando se convierten en maquinarias de colonización del Estado, anulando de facto la separación de poderes. En España sabemos algo de eso. Desde hace tiempo, hemos podido observar cómo el hiperpartidismo ha acabado impregnando resortes como, por ejemplo, la Fiscalía, la justicia o el Tribunal Constitucional.

La partitocracia deteriora también la separación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Originalmente, el Parlamento era el corazón del sistema: de él emanaba el Gobierno y ante él debía rendir cuentas. Hoy, los partidos oligarquizados han revertido esta relación. Es el Gobierno el que sustenta la iniciativa política, utilizando la disciplina de partido como correa de transmisión para relegar al Parlamento a mero notario que simplemente levanta acta de las decisiones ya tomadas por otros.

Pero la colonización partidista no se limita a diluir la clásica separación de poderes horizontal entre el Gobierno, el Parlamento y los jueces. Afecta también a nuestro gran contrapeso territorial: la separación de poderes vertical entre el Gobierno y las autonomías. La descentralización tiene virtudes innegables. En primer lugar, permite a los partidos adaptarse a las idiosincrasias y preferencias de los ciudadanos de cada región en lugar de imponer un café para todos desde una sede en Madrid. En segundo lugar, divide el poder al más puro estilo liberal, protegiendo a la sociedad de gobiernos con un mando excesivo. Las baronías territoriales fomentan contrapoderes internos: son un aliado del votante, pues actúan como freno ante los excesos de un líder nacional de turno.

Cuando irrumpen partidos con hiperliderazgos que colonizan los resortes de poder interno, los beneficios de la descentralización se evaporan. Recientemente, hemos observado dos ejemplos claros de cómo las cúpulas nacionales están anulando de facto la autonomía de sus gobiernos regionales. El caso más extremo es cómo Vox instrumentaliza la política autonómica al servicio exclusivo de los intereses de su líder nacional, obligando a sus dirigentes regionales a salir de los gobiernos en bloque por una directriz de la dirección central y a seguir sus órdenes sin apenas margen de autonomía.

Otro deterioro similar lo observamos en la asfixia que el PP impone a sus direcciones regionales, primero propiciando adelantos electorales en Extremadura y Aragón y, posteriormente, tutelando desde Génova las negociaciones para la conformación de mayorías parlamentarias autonómicas. Exigir que las sedes regionales del partido mantengan cierta coherencia ideológica es algo esperable. Cosa muy distinta es que la sede nacional reemplace a sus líderes regionales a la hora de conformar gobiernos y pactos de legislatura, como está ocurriendo hoy.

En definitiva, la virtud está en el término medio. La ausencia de partidos crea terreno abonado para el auge de líderes populistas sin contrapesos internos que frenen su afán de poder. Pero cuando las cúpulas de los partidos lo ocupan todo, el riesgo es igualmente grave. Maquinarias partidistas excesivamente poderosas acaban erosionando uno de los fundamentos más esenciales de nuestras democracias liberales: la separación de poderes.

Muchas sensibilidades, pero una sola voz

Ignacio Peyró

No deben de ser muchas las cosas capaces de unir a Edmund Burke con José Luis Ábalos: el rechazo del mandato imperativo es una de ellas. En su Discurso a los electores de Bristol, el gran ilustrado (Burke) afirma que un diputado debe sacrificar a sus electores hasta “su descanso y sus ocios”, pero en ningún caso les sacrificará “su discernimiento maduro, su conciencia iluminada”. En su escaño, por tanto, el diputado debe ejercer el criterio con que le invistió —y por el que le pedirá cuentas— “la Providencia”. Y aun cuando “la felicidad y la gloria” de un diputado esté en mantener “la más estrecha unión con sus electores”, el escaño y su libertad de acción no quedarán en manos ni de las buenas gentes de Bristol ni, para el caso, del Partido Socialista.

Estas nobles prevenciones del parlamentarismo clásico nunca dejan de emocionarnos, y mantienen su vigencia aun cuando se invoquen en casos —Ábalos, Cerdán, las purgas albanesas de Vox— que pocos juzgarán ejemplares. Con todo, el mismo parlamentarismo que por un lado defendía la conciencia libre del representante, por otro instituyó la figura del portavoz o whip para asegurar la disciplina de voto. Quizá no sea casual que whip también signifique “látigo”: baste decir que, en el Reino Unido, era común que estos portavoces mantuvieran un cuaderno con los pecadillos de los diputados para, llegado el caso, orientar el voto de los díscolos con un chantaje no siempre suave. Esto ha ocurrido en el Parlamento británico, donde el diputado goza de mayor autonomía y de un vínculo mucho más cercano con sus electores. En la propia España, son habituales las multas para quien vote lo que no toca y, en los infrecuentes casos en los que un diputado se vuelve contestatario, los partidos bajan el pulgar y quitan, sin más, la militancia.

Una y otra vez, los partidos se encuentran el problema de conjugar distintas sensibilidades en una sola voz. En España no suele haber dificultades en los Parlamentos y sí fricción entre el partido central —Ferraz o Génova, pongamos— y los partidos en las autonomías. Los presidentes tienen problemas con sus barones como Luis XIV los tenía con sus nobles: nada nuevo. Sí es más novedoso escuchar quejas sobre “injerencias” de la autoridad externa, como también lo es ver que los partidos locales renuncian a los símbolos —e incluso a la presencia de los jerarcas— del partido central en sus campañas. Estos desencuentros se dan aunque se comparta un miedo: la creencia de que los electores castigan la división.

Para los partidos conservadores y liberales, que creen en la subsidiariedad del poder, el debate es agudo. También lo es para la izquierda de la izquierda, que tiene en España una tradición problemática con la autoridad, cuando no una tendencia autolesiva a la atomización. En ambos casos, podemos pensar qué carencias tiene un líder cuando no logra que su auctoritas se imponga como algo evidente entre los suyos; cuando no logra de modo natural el respeto para ser el primero, indiscutido, entre iguales.

En este planteamiento es habitual que las cúpulas nacionales parezcan el villano: desprecian el conocimiento local y el trabajo de las bases, y sus propios líderes quedan sometidos a la razón de Estado del partido, encarnada en el líder nacional. No olvidemos, sin embargo, el papel que han adquirido los partidos regionales a la hora de forjar los liderazgos: ¿qué hubiera sido de Rajoy sin el apoyo de Andalucía y la Comunidad Valenciana en 2008? Y no solo a la hora de forjarlos; también a la hora de derribarlos: que le pregunten a Pablo Casado, un presidente emanado de un congreso nacional. Véanse si tienen poder. En ocasiones, como se ve con García Page, blindados en su feudo, se arrogan también la legitimidad de la crítica interna, en su caso la única visible contra Sánchez.

Un Aznar podía tener como líderes autonómicos a Fraga, a Lucas y a Cañellas. Hoy, Feijóo tiene un coro de una docena de barones, cada uno con su agenda y su presupuesto. En el mejor de los casos, la maquinaria del PP podría activarse en todo lo que va del extremo Bonilla al extremo Ayuso. En el peor, hay rivalidades y cacofonía. Los partidos pueden tener muchas sensibilidades, pero deben tener una voz. Como el Parlamento burkeano, son menos un conglomerado de intereses parciales que una unión de deliberantes que buscan servir a “la razón general del conjunto”. “Toda casa dividida contra sí misma no subsistirá”: lo dijo Jesucristo, lo repitió Abraham Lincoln, y hasta Burke y Ábalos estarían de acuerdo.