Cinismo para la libertad de medios

El 8 de agosto entró en vigor una norma comunitaria que España tampoco aplicará en su totalidad por el momento. Se trata del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Tras un largo debate en la Eurocámara, fue aprobado en abril del pasado año y contiene, entre otros, un apartado interesante y necesario para garantizar la independencia de los medios públicos.

Al poco de aprobarse el reglamento, el Gobierno español ideó, sin embargo, un decreto que le permitió situar a su candidato al frente de RTVE sin necesidad de mayoría cualificada (dos tercios) y crear un nuevo consejo de administración con 15 representantes políticos (incluidos los socios de legislatura) con un sueldo de 125.000 euros al año. Ese reglamento exige transparencia y mandatos cerrados para los directivos y consejeros para reforzar su independencia política.

Pero en este terreno una cosa es lo que nuestro país negocia en Bruselas y otra muy distinta lo que los políticos en ejercicio estiman que les conviene. Impera el cinismo. El trágico día de la dana de Valencia en la que murieron 228 personas, el Congreso de los Diputados decidió, debido a la emergencia, cancelar toda su actividad menos una: la convalidación del citado decreto de RTVE. En Valencia, ese mismo día, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantenía un larguísimo almuerzo con la periodista que el político quería al frente del canal autonómico.

Ambos movimientos ya alertaban del posicionamiento de nuestros gobiernos sobre este asunto. Lo que no sabíamos entonces es que este curso político terminaría con otro grave ataque a la libertad de los medios de comunicación en nombre de la regeneración democrática.

Antes de irse de vacaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó proyectos legislativos que apuestan por imponer sistemas de vigilancia y multas millonarias. Al Consejo de Estado le ha parecido excesivo que a un periodista se le pueda imponer una sanción de hasta 2,5 millones por revelar “altos secretos”, como recoge la propuesta gubernamental. Así que, en efecto, de convertirse en ley, en España se penaría gravemente publicar algo parecido a los Papeles del Pentágono.

Frente al fomento europeo de libertad de los medios y las palabras grandilocuentes sobre los avances democráticos, La Moncloa ha optado fundamentalmente por el control. Incluso la concentración —beneficiosa en ocasiones en todo sector productivo— estará vigilada desde la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y no solo por razones económicas. Se le encomendaría valorar las repercusiones “sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial”. Da miedo.

Los medios tradicionales intentaban recuperarse de la crisis existencial provocada por la Gran Recesión de 2008 y la competencia desleal de las grandes plataformas digitales cuando las primeras acusaciones de corrupción en el entorno del Gobierno central los convirtieron el año pasado en chivo expiatorio. Se habló de bulos, se criticó la acción judicial sobre la base de “recortes de prensa” (que tantas veces han dado pistas a los tribunales de presuntas corruptelas políticas) y se innovó el diccionario hablando de “seudomedios”, así, en genérico, expandiendo la sospecha.

La reputación de los medios de comunicación, públicos o privados, sumidos en graves problemas financieros, vive sus horas más bajas y los políticos, no solo los españoles, ya se ocupan de seguir socavándola. Cada vez que uno de ellos utiliza una red social para anunciar sus éxitos, publicar una carta a la ciudadanía o criticar a la oposición envía un sutil mensaje sobre la inutilidad de los medios tradicionales, empeñados en contextualizar la información y sortear la propaganda. Prefieren acudir a la X de Elon Musk, donde circula la mentira y el odio sin control. Gran paradoja.

El reciente informe de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa afea a España que desde 2019 no haya aplicado al 100% sus recomendaciones, como reducir aforamientos o regular los lobbies. Reprocha al Gobierno haber dejado pendiente también una efectiva defensa del derecho a la libertad de expresión.

España desoye también, por ahora, regular la publicidad institucional para evitar favoritismos en los medios privados. Los públicos, por su parte, seguirán al albur del político de turno. El Estado español dispone de potentes medios públicos a nivel nacional y autonómico, pero como denuncia el Consejo de Informativos de RTVE, ni las normas ni los modos adoptados en la corporación responden a la tan cacareada agenda progresista. Un informe del Instituto Reuters de junio concluye sobre España que los últimos meses están marcados por las presiones políticas, las disputas legales y los debates sobre RTVE.

Todavía hay tiempo para enmendar los proyectos legislativos de este Gobierno y favorecer de verdad la pluralidad informativa. De lo contrario, Bruselas impondrá multas por incumplir sus directivas y reglamentos. Pero lo de menos será la sanción. Lo de más es que no se está cuidando la democracia.