Sabine Verheyen, ponente del ‘Reglamento Europeo de Libertad de Medios’: “La libertad de prensa está bajo amenaza en muchos países de la UE”

Sabine Verheyen, vicepresidenta primera del Parlamento Europeo por los populares del PPE y ponente del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que será de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la UE a partir del próximo 8 de agosto, recibió a principios de julio a EL PAÍS en el despacho que ocupa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo. Y lo hizo “decepcionada” por los “pobres argumentos” esgrimidos durante el debate celebrado el día anterior entre los eurodiputados sobre la entrada en vigor de esta normativa, al que asistió este periódico durante un viaje financiado por la oficina española del Parlamento Europeo. Verheyen (Aquisgrán, Alemania, 60 años) conoce bien el ecosistema mediático, sus debilidades y los adversarios que acechan su pervivencia, desde las plataformas digitales que compiten por la publicidad y pueden restar visibilidad a determinadas noticias hasta los gobiernos autoritarios empeñados en amordazar el periodismo libre.

La defensa de este oficio y la pluralidad de los medios es el objetivo del Reglamento Europeo. Sintetizado como EMFA en sus siglas en inglés, conforma la primera normativa de la UE para salvaguardar el periodismo de calidad. Un concepto entendido en su considerando octavo como capacitante de la ciudadanía “para tomar decisiones con conocimiento de causa, también sobre el estado de sus democracias”. Entre otras novedades legislativas, los artículos de este Reglamento promueven la protección a los medios frente a injerencias y la obligación de que estos sean transparentes sobre su propiedad e ingresos de publicidad institucional; el control a las grandes plataformas que restringen arbitrariamente los contenidos producidos por los medios; la protección de la profesión periodística de amenazas externas que minan su independencia y de los medios públicos frente al poder político, así como la prohibición de espiar a los periodistas o a sus familiares directos y la protección de sus fuentes.

La adaptación en España de los preceptos de esta legislación, que ha tenido a Sabine Verheyen como ponente, queda a expensas del desarrollo de parte de las medidas que componen el Plan de Acción Democrática anunciado hace un año por el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó el pasado 22 de julio durante el anuncio de un nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica para regular el secreto profesional de los periodistas que dicho Plan del Ejecutivo lleva avanzadas 18 de sus 31 medidas, bien aprobadas o en tramitación. En la rueda de prensa de este martes tras el Consejo de Ministros ha sido Óscar López, jefe del gabinete de Transformación Digital, quien ha dicho que la cifra sube a 19 con la aprobación y posterior remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los medios de Comunicación, que adapta medidas previstas en la EMFA y en la Ley de Servicios Digitales. Verheyen insistió en la Eurocámara en que ha llegado el momento de aplicar la normativa y no de empezar a adaptar la legislación.

Pregunta. El último debate en el Parlamento Europeo sobre la EMFA le provocó “desolación”. ¿Cree que los ciudadanos entenderán el significado de lo que está en juego con esta legislación si ni siquiera muchos de los eurodiputados parecen haberla leído?

Respuesta. Partimos además de un ecosistema mediático muy complejo. Mi impresión durante ese debate parlamentario, especialmente desde la ultraderecha, es que predomina una narrativa sobre esta legislación según la cual se pretende censurar opiniones y acabar con la libertad de expresión. Pero nada de eso forma parte de la normativa. La aproximación es justo la contraria, por eso me enfadé tanto al contemplar los discursos. Esa narrativa considera a los periodistas como mentirosos recurrentes mientras pone en valor a las redes sociales como baluarte de veracidad. En parte también se debe a las críticas que ellos reciben por parte de los medios. Esta legislación defiende tanto la independencia frente a injerencias políticas como la propia diversidad del ecosistema mediático. Las distintas maneras de informarte se integran en los derechos fundamentales de cualquier democracia.

P. ¿Ese ecosistema mediático diverso y libre de injerencias que usted defiende será posible en los Estados de la UE una vez que esta normativa sea aplicable?

R. Creo que puede ser posible. Y es necesario para consolidar la democracia. Los periodistas siempre reciben influencia de los propietarios de los medios donde trabajan. Por eso la transparencia es obligada. Si, como prevé la EMFA, sabemos quiénes son los dueños quizá sea más sencillo conocer los intereses que hay detrás.

P. Pero hay países como España que van con retraso en la adaptación de las normas que prevé esta ley. ¿Qué Estados son los más lentos en esta labor?

R. España no es de los que más tarde van entre la lista de los 27, donde hay algunos que directamente bloquean su aplicación. Hungría mantiene una oposición frontal; Malta no ha hecho nada hasta ahora por adaptar sus preceptos; Grecia no hizo mucho hasta hace unas semanas, cuando empezaron a recibir presión por parte de la Comisión Europea… Entre los países que más han avanzado en la futura aplicación de la EMFA están Dinamarca y Suecia.

P. Sus compañeros del Partido Popular que ejercen la oposición al Gobierno socialista en España se han mostrado en contra de varios preceptos de esta normativa cuando el Ejecutivo los presentó como propios al incluirlos en su Plan de Acción Democrática que adapta esta legislación.

R. Los problemas de adaptación de esta ley no provienen tanto de un aspecto político sino del poder en sí mismo. Hay países cuyos Gobiernos tienen ideologías que abarcan desde partidos socialistas hasta de extrema derecha y ponen trabas a la aplicación.

P. ¿Usted ha hablado sobre esta normativa con el líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo?

R. No. En nuestro grupo de trabajo sobre la EMFA estamos centrados en los aspectos que deben implementarse en los Estados miembros y todo lo que tiene que ver con el nuevo Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación encargado de vigilar su cumplimiento.

P. España es uno de los países donde su cumplimiento no será efectivo en su totalidad a partir de agosto y podrán entrar en juego los tribunales.

R. Antes llegará una carta de la Comisión Europea a los países que incumplen. Desde el grupo de trabajo sobre la ley presionaremos a la Comisión para que actúe contra los Estados infractores y después del verano espero que empiecen a enviarse esas cartas. No sé si lo harán, pero espero que lo hagan y presionaremos al respecto. Los Estados miembros se comprometieron a cumplir esta normativa. Y la libertad de prensa está bajo amenaza en muchos países de la UE.

P. ¿Dónde localiza la raíz de esa amenaza?

R. Tenemos una sociedad cada vez más polarizada. Mucha gente se ha acostumbrado a buscar el refrendo de sus propias opiniones en las redes sociales. Ya no existe un verdadero debate de ideas contrapuestas. La discusión hoy acaba al nivel de una taberna: a favor o en contra, sin matices ni puntos de encuentro pese a la discrepancia. Y los medios, que cada vez cuentan con menos recursos porque la publicidad se traslada a las redes sociales, también polarizan más las posiciones. Uno de los artículos de la EMFA más controvertidos es el 18, que refuerza a los medios frente a las plataformas cuando estas bloquean sus contenidos. Aspiramos a que no puedan ser robados ni bloqueados externamente, evitando entrar en conflicto con la Ley de Servicios Digitales (DSA, en sus siglas en inglés) que contempla otros aspectos como que los algoritmos no deberían ser adictivos. Y son adictivos.

P. ¿Cómo controlar esa adicción?

R. No podemos controlarla de momento porque no tenemos acceso al algoritmo. Los algoritmos deberían defender la diversidad, opiniones y posiciones diferentes. Todavía no podemos abordar este asunto, pero forma parte de los temas que debemos afrontar más allá del ruido que pretende imponerse en los debates parlamentarios. Se trata además de una discusión que mantenemos con Estados Unidos, porque Trump pone a Europa bajo presión con aranceles y otras amenazas al no querer que las plataformas estén reguladas en la UE.