Bruselas amenaza a Hungría con medidas si aprueba una ley contra ONG y medios que “viola los principios de la UE”

Hungría ha redoblado sus intentos de silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes con un nuevo proyecto de ley. La norma, titulada Transparencia en la vida pública, ya se ha debatido en el Parlamento y la supermayoría de Fidesz, el partido del primer ministro ultraconservador Viktor Orbán, garantiza su aprobación. La Comisión Europea ha subido el tono para intentar impedir in extremis ese último trámite parlamentario. “Si se adopta tal como está redactado, constituiría una grave violación de los principios y del derecho de la Unión Europea”, afirma un portavoz del Ejecutivo comunitario. “Por lo tanto, pedimos que este proyecto se retire del proceso legislativo”, añade.

La Comisión sostiene que sigue muy de cerca el caso y ha manifestado “serias preocupaciones”. “No dudaremos en tomar las medidas necesarias si este proyecto es aprobado”, advierte el portavoz. El Ejecutivo comunitario asegura que “otorga gran importancia al papel de la sociedad civil y mantiene su compromiso de proteger la libertad de asociación y de fomentar un entorno propicio para su labor en toda la UE, incluido el acceso a la financiación”.

La ley —que recuerda a la norma rusa sobre agentes extranjeros, pero también a los movimientos de la Administración de Donald Trump contra las voces críticas—, etiqueta como amenazas a la soberanía a las organizaciones que reciben fondos del extranjero, incluso si provienen de otros Estados miembros de la UE o de instituciones europeas. ONG, empresas, universidades, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones religiosas pueden ser incluidas en una lista negra del Gobierno. Las organizaciones se enfrentan a perder el acceso a recursos financieros, a sanciones que multiplican por 25 la financiación recibida desde el exterior y al cierre de sus actividades.

Orbán sostiene que la norma es “suave comparada con la regulación en Estados Unidos”. “Los actores políticos no deben aceptar dinero extranjero. Ya sean ONG o medios de comunicación, el público merece saber quién está detrás del mensaje”, afirmó en una entrevista en la radio pública el viernes. “Esta transparencia es un interés nacional básico”, subrayó.

Tras su adopción en el Parlamento, prevista para la sesión del 10 al 12 de junio —pero que podría adelantarse—, la norma entraría en vigor inmediatamente y las entidades incluidas en la lista podrían perder el acceso a sus recursos en un plazo de tres días. Ante la amenaza inminente, organizaciones como Transparencia Internacional, Amnistía Internacional y la rama húngara del Comité Helsinki han urgido al Ejecutivo comunitario a actuar con rapidez ante lo que denominan “Operación asfixiar y estrangular”. Le piden que solicite medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que dirime una denuncia en relación con la ley de protección de la soberanía, otra norma de 2023 con la que Orbán ponía en el punto de mira a la sociedad civil.

Marta Pardavi, copresidenta del Comité de Helsinki, califica la propuesta de “horrorosa” en un intercambio de mensajes por WhatsApp. La experta en derecho, una de las voces más conocidas de la sociedad civil húngara, afirma que el proyecto de ley “no solo pretende marginar las voces independientes de Hungría, sino extinguirlas”.

Amenaza al Estado de derecho

La propuesta legislativa que está ahora en el Parlamento contempla un conjunto de sanciones severas que van desde el bloqueo de acceso a la financiación de las entidades que el Gobierno considere que “influyen en la vida pública” a señalar a sus directivos como “personas políticamente expuestas”, sujetos a vigilancia financiera intensiva. Todo este sistema se aplicaría sin garantías procesales adecuadas, denuncian las organizaciones. Las decisiones se tomarían por decreto y sin posibilidad de apelación judicial, lo que representa una grave amenaza al Estado de derecho y a las libertades fundamentales, aseguran.

El polémico proyecto de ley, presentado por un diputado de Fidesz, ha generado una ola de protestas en Hungría, que han tenido eco en otros países, con la movilización de apoyos de organizaciones y medios de comunicación internacionales. Tras un debate en el Parlamento Europeo el pasado miércoles, un grupo de 26 eurodiputados ha instado además a la Comisión a suspender todos los fondos europeos al país. Los firmantes recuerdan que Budapest tiene bloqueados unos 18.000 millones de euros de financiación por la deriva del Estado del derecho y la corrupción, entre otros asuntos, y piden redoblar la previsión.

El portavoz de la Comisión Europea recuerda que en otoño del año pasado, el Ejecutivo comunitario denunció de nuevo a Hungría al TJUE, después de abrirle un procedimiento de infracción. En ese caso, uno de tantos que se le acumulan al Gobierno de Orbán, “porque considera que la ley que establece la Oficina de Protección de la Soberanía y sus actividades de investigación infringe el derecho de la UE”.

El Gobierno húngaro ya aprobó en 2017 otra ley dirigida a controlar la financiación extranjera de las ONG, pero la norma fue derogada tras un procedimiento de infracción iniciado por Bruselas. La norma que estableció la creación de la oficina en 2023 iba un paso más allá, al dirigirse no solo a escrutar la financiación extranjera, sino las actividades que desde su punto de vista sirvan a intereses extranjeros. Ahora, lamentan las organizaciones y medios afectados, el Ejecutivo húngaro pretende silenciar definitivamente a la sociedad civil y a los medios independientes.

Las instituciones europeas están al límite de su paciencia con el Gobierno de Orbán. El Parlamento, la Comisión y el Consejo redoblan la presión en respuesta a sus constantes desafíos. Preocupa mucho el desplome cada vez más grave del Estado de derecho en el país. A estas leyes contra la financiación extranjera se suma el acoso a las minorías, especialmente el colectivo LGTBI. Este año el Gobierno ultraconservador ha prohibido por ley el desfile del Orgullo en Budapest, pero los organizadores están dispuestos a desafiar el veto y esperan contar con delegaciones políticas de otros Estados miembros. España ha anunciado que acudirá.

Las capitales observan con impotencia cómo Orbán, cercano al presidente ruso Vladímir Putin, socava la unidad europea en asuntos cruciales como la respuesta de la Unión a la amenaza rusa y a la invasión de Ucrania, con el bloqueo o retraso sistemático de decisiones clave. Este martes, la agenda del Consejo de Asuntos Generales vuelve a tener sobre la mesa el procedimiento previsto en el Artículo 7 del Tratado de Lisboa, que puede acabar con la conocida como “opción nuclear”, que retira el derecho a voto a un Estado miembro. La magnitud de esta medida sin precedentes iniciada a instancia del Parlamento Europeo en 2018 y las mayorías que requiere hacen poco probable, sin embargo, que la decisión salga adelante.