Un año normal en Cataluña

Salvador Illa ha salido a correr casi cada mañana en este primer año como presidente de la Generalitat y ha divulgado sus marcas personales. Su política también ha estado marcada por carreras de fondo, pero a sabiendas de que necesitaba marcar el ritmo desde el primer momento. La razón es que la difícil estabilidad de su Gobierno, del que hoy se cumple un año, no solo se juega en el Parlament, sino que la consolidación de su mandato pasa también por la aprobación en Madrid de algunos acuerdos de investidura firmados con los nacionalistas de ERC y de Junts.

Con el objetivo último de afianzar Cataluña como principal bastión socialista en un mapa autonómico claramente dominado por el PP y la sombra de Vox, el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha jugado en las dos velocidades en sus primeras iniciativas. Primero ha desencallado con el Ministerio de Transportes el acuerdo para el traspaso de Rodalies, los trenes de corta distancia de Renfe degradados durante lustros a causa de la falta de inversiones. También ha desbloqueado la ampliación del aeropuerto de Barcelona-Josep Tarradellas, empantanada durante la etapa gobernada por ERC, como le reclamaban las principales instituciones económicas y empresariales de Cataluña. El acuerdo con Aena para prolongar una de sus pistas remenda la amenaza de congestión de El Prat.

Por último, ha puesto sobre la mesa un nuevo sistema de financiación, una cuestión con fuerte demanda social en Cataluña, y el avance de las líneas marco de la que será la nueva Agencia Tributaria de Cataluña. En esta promesa, la recaudación del impuesto de la renta ha tenido que echar el freno por la falta de estructura técnica para crecer y la oposición de los funcionarios a ser transferidos.

Illa ha insistido en la idea de que es necesario impulsar la economía y resituar a Cataluña como locomotora española, papel que cedió durante el procés a Madrid. Se presenta como contrapunto de las políticas liberales de las que hace gala la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de ejercer dumping fiscal aprovechando la capitalidad estatal.

El juego de equilibrios políticos en Cataluña ha sido una constante en este tiempo. El Govern no ha podido sacar adelante los Presupuestos de 2025 y, en cambio, sí ha conseguido convalidar en el Parlament los recursos necesarios para la prórroga presupuestaria. Parte de esos esfuerzos han servido para impulsar políticas de vivienda, aunque no surtirán efecto a corto plazo. Los socialistas han exhibido pese a todo estabilidad parlamentaria: sus socios de investidura (ERC y Comuns) coincidieron en el 67% de todas las votaciones en el Parlament.

El primer Govern de la Generalitat sin presencia nacionalista en cuatro décadas fue saludado como el fin del procés independentista y, en buena medida, consecuencia de él. Un año después, el efecto estabilizador sobre las instituciones catalanas, la sociedad y su relación con el resto de España es evidente. El debate sobre financiación con el resto del Estado puede parecer áspero, pero es, al fin, un debate institucional con argumentos y datos, no una confrontación de banderas. Aun así, las heridas de una década de deriva rupturista no han desaparecido. La superación de la política de bloques cuenta con la resistencia de un problema que siempre está en el radar: Carles Puigdemont. De él dependen los Presupuestos de España. Hasta que Puigdemont no regrese, el socialista considera que no podrá cerrar por completo el capítulo del procés. También para eso habrá que esperar.