El acuerdo sobre la financiación modula las condiciones del pacto inicial con ERC

Ha pasado casi un año desde que Esquerra le arrancó al PSC la promesa de que Cataluña contara con un modelo de financiación singular. En plena negociación para la investidura de Salvador Illa, los republicanos lograron entonces fijar hitos como que el IRPF fuera el primer tributo en gestionarse, a lo largo de 2026, por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña. O que el nuevo modelo de financiación garantizara que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema, el llamado principio de ordinalidad. Pese a la insistencia de los socialistas respecto a que cumplen sus acuerdos, algunas de esas condiciones han quedado moduladas, según el texto bendecido ayer en la Comisión Bilateral. “Entendemos que son acuerdos que solo son un punto de partida”, aseguró el portavoz de ERC, Isaac Albert, en un claro ejercicio de privilegiar la mirada del vaso medio lleno.

El caso más evidente es el del calendario de la gestión del IRPF. El pacto PSC – ERC fijaba, de manera progresiva, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) gestione, liquide y recaude todos los impuestos que se cobran en la CC AA, comenzando con el de la renta. La Comisión Bilateral y la de Asuntos Económicos, dice el texto “tomarán todos los acuerdos para asegurar su ejecución a lo largo de 2026”. El acuerdo firmado ayer rebaja ese compromiso a “analizar” la cobertura convencional y legal que permita que “se puedan presentar las declaraciones del IRPF de 2025 ante la ATC”. Sí hay una apuesta por “intensificar” la participación del ente catalán en la próxima campaña de la renta, para así “prestar un mejor servicio a los contribuyentes catalanes”.

En un año, el Gobierno de la Generalitat ha tenido que pasar de defender que la ATC cuenta con 16 años de experiencia que le avalan para asumir nuevas competencias tributarias a decir públicamente que está aún lejos de tener la musculatura necesaria para el reto de pasar los 5.000 millones de euros que ahora gestiona -de los tributos propios- a los 30.000 millones que implicaría que se hiciera cargo del IRPF. Con todo, el departamento que lidera Alícia Romero mantiene el plan de fortalecimiento de la entidad más allá del calendario en que le cambio pueda ser efectivo, para llegar realmente preparados.

El otro aspecto descafeinado es el de la ordinalidad, que además pone en evidencia el choque de visiones entre los socialistas. Esquerra y el PSC consignaron en su texto del año pasado que “la solidaridad tiene que estar limitada por el principio de ordinalidad”. Las contribuciones de las CC AA por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben”, decía otro apartado del acuerdo de investidura. Respecto a este punto, la única mención que aparece en lo tratado en la Comisión Bilateral es la expresión de la voluntad del Ejecutivo catalán, sin dejar claro qué piensa el Gobierno central y no figura entre los principios que marcarán el nuevo modelo. “Cataluña considera que esta aportación [a la solidaridad] debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final”, dice el texto.

El documento firmado ayer por ambas partes se limita a esbozar las ideas básicas del futuro modelo y de ahí que es muy pronto para entrar en detalles como las condiciones de la cuota de solidaridad. ERC pidió hace un año que la solidaridad buscaba que “los servicios prestado a los ciudadanos puedan lograr niveles similares” independientemente de la zona del estado, “siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal. A esto se suma que Esquerra ya había tenido que aguantar las críticas por la supuesta artificialidad de la “singularidad” del modelo. Se refugió en que si bien era escalable al resto de CC AA que lo quisieran, la nueva fórmula sí abordaría el hecho de que tiene competencias singulares, como la de las prisiones, que ahora serán tenidas más en cuenta a la hora del reparto de recursos. Efectivamente, el acuerdo sellado ayer plantea “una financiación singular para las competencias específicas”.

“Las fechas son importantes, pero también lo es el contenido. Si el PSOE necesita unas semanas más, que se las coja”, había asegurado el propio líder republicano, Oriol Junqueras, cuando el pasado 28 de junio justificó que Illa no alcanzara a cumplir con el calendario fijado en el pacto de la investidura, que ponía el primer semestre de este año como el momento en que la Comisión Bilateral debería “certificar” el acuerdo para la financiación singular. Una doctrina de comprensión ante la compleja situación política del Gobierno, tras la explosión del escándalo de corrupción en el seno del PSOE, pero también un ejercicio de realidad respecto ante la complejidad de las reformas que se persigue.

Con todo, Esquerra mantiene en alto la advertencia de que no llegará a nuevos acuerdos si no se cumplen los que están en marcha. Albert consideró ayer que falta contenido en lo acordado pero evitó sacarle la tarjeta roja a los socialistas. “Esta poca concreción hace que seguramente no acabe nada, sin duda, pero cuesta que empiece, porque nosotros entendemos que podía haber empezado hace unos meses”, explicó. El propio Junqueras dio a entender el pasado sábado que la división de criterios entre el PSC y el PSOE estaba afectando la negociación e incluso señaló como culpable del retraso a la vicepresidenta Maria Jesús Montero.