Apagón de responsabilidad

El fin de curso político, señalado por la celebración del último pleno del Congreso antes del descanso estival, es un buen reflejo de la situación que atraviesa la política española, con un Gobierno marcado por la precariedad de sus apoyos parlamentarios y una oposición más interesada en asestar una derrota al Ejecutivo que en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.

El Congreso aprobó el martes una amplia batería de proyectos que incluye las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal para los perceptores del salario mínimo o la creación de la Agencia Estatal de la Salud Pública. Pero su aprobación quedó opacada por el rechazo del decreto antiapagones con el voto de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y la Chunta Aragonesista. Una extraña alianza de partidos que únicamente coinciden, por distintas razones, en su voluntad de marcar distancias con el Gobierno de coalición.

El paquete de medidas impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica para reforzar la resistencia del sistema eléctrico español —como respuesta al apagón que el pasado 28 de abril dejó a oscuras la península Ibérica— suponía además un balón de oxígeno al sector en un momento de gran incertidumbre para las energías limpias. El decreto incluía reformas para agilizar permisos de almacenamiento, facilitar el autoconsumo compartido y asegurar inversiones críticas para la red y el sector renovable. Tanto las empresas energéticas como la industria y organizaciones ecologistas habían pedido a los grupos que lo aprobaran por responsabilidad y para proteger la competitividad de la economía española. En juego estaba, advertían, la pérdida inmediata de 3.000 millones de euros de inversión y el encarecimiento de la factura de la luz para la industria electrointensiva entre un 3% y un 12%. Las consecuencias del rechazo no se quedan, pues, confinadas en el hemiciclo. La incertidumbre normativa y la falta de incentivos ralentizan la ejecución de proyectos cruciales para la electrificación y la descarbonización de la economía. Las eléctricas registraban este miércoles pérdidas en la Bolsa y el sector industrial teme por la modernización de algunas infraestructuras.

El rechazo deja un escenario político preocupante. El Gobierno no puede aferrarse a la retórica de la mayoría de investidura cuando carece de fuerza parlamentaria para sacar adelante proyectos importantes, como la rebaja de la jornada laboral o la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, que retiró del orden del día por falta de apoyos. Por no mencionar el reiterado incumplimiento de su obligación de presentar un proyecto de Presupuestos, cuyas bases en forma de cuadro macroeconómico y techo de gasto deberían aprobarse antes de fin de mes.

Los partidos que bloquean la acción de gobierno tampoco plantean una agenda alternativa y demuestran estar atrapados en la lógica del desgaste. Incluido el PP que, consciente del impacto de la no convalidación del decreto y presionado por las eléctricas, ha anunciado que llevará al Parlamento su propio plan pese a que no cuenta con los votos para sacarlo adelante y, sobre todo, pese a la factura que el simple retraso en adoptar algunas de las medidas supone para empresas y proyectos. Dada su elevada dependencia energética del exterior, España necesita consensos para afrontar los desafíos del sector pero, sobre todo, no puede permitirse el lujo de jugar con el futuro de la industria y de los hogares. Ni boicotear la apuesta por las renovables. Si la política se instala en el cálculo electoralista, quienes salen perdiendo son los ciudadanos.