El ‘sueño húmedo’ de la Hacienda catalana

Se rumorea en Madrid que los independentistas quieren la Hacienda catalana para “lograr la independencia que no fue en 2017”. Recuerdan aquellos tiempos en que el sueño húmedo de ciertos hiperventilados amantes de la ruptura era tomar la oficina de la Agencia Tributaria en Barcelona. Dicen que controlar la caja solo permitirá desconectarse de España más fácilmente. En resumen: algunos tienen demasiado idealizado aún al independentismo.

Si algo ha aprendido el movimiento a lo largo de esta década es que no basta con tener “estructuras de Estado,” como mito que repetía Artur Mas en su momento. Una secesión no es tan fácil como desconectarse de un sistema informático, del mismo modo que las leyes de desconexión del Parlament eran papel mojado sin capacidad de aplicarlas de facto. El artículo 155 podría ahora entrar en vigor, a la mínima de movimiento sospechoso, sin necesidad de estar años amenazando con ello como la vez primera. Cuesta tanto imaginar a Salvador Illa liderando una supuesta rebelión, como creer que la base civil del independentismo todavía se cree el “ho tenim a tocar” de sus líderes.

Al contrario, la gente de a pie está muy frustrada desde que a ERC y Junts se les vio el plumero: intercambian sus votos a cambio de su salvación judicial —indultos y amnistías—, mientras siguen prometiendo un referéndum que no llega. La prueba es la enorme abstención de los últimos comicios catalanes. En la pantalla autonomista del posprocés, incluso, la demografía es distinta. El apoyo a la ruptura es menguante entre la juventud: esta no se está socializando en más deseos de independencia, sino en la imagen de unos partidos luchando por cesiones competenciales o autogobierno.

Precisamente, el crecimiento de la soberanista y xenófoba Aliança Catalana, según el CEO, también bebe de ese caldo de cultivo. Una vez el procés ha sido enterrado, a una parte del votante independentista le ha entrado nostalgia. Lo que más le aflige hoy no es tanto cuándo podrá cambiar de pasaporte, sino sentir que sus hijos hablan menos catalán que antaño —la inmersión lingüística hace aguas—, o qué poco queda ya de aquel proyecto de construcción nacional de Jordi Pujol en los noventa. El rechazo a la inmigración que propone Aliança se ha vuelto, para muchos, el chivo expiatorio sobre el que protestar por su añoranza de un catalanismo perdido, la vertiente emocional a la que agarrarse, tras el fracaso del 1 de octubre.

Sin embargo, que Alejandro Fernández (PP) se abone a la teoría de la Agencia Tributaria como antesala de la ruptura quizás sea la forma sutil de tapar otras lagunas. Para empezar, en 2015 se decía que Cataluña no tenía ningún déficit fiscal, que era lo que le tocaba, y ahora se leen titulares afirmando que otras comunidades perderían calidad en los servicios públicos con el presunto cupo. Segundo, porque si Sánchez no logra impulsar una reforma de la ley de financiación autonómica, la Hacienda catalana se convertirá en una mera gestoría donde solo cambiará la titularidad de quien la dirige. Es ya difícil pensar que una modificación de la LOFCA pueda salir adelante en esta legislatura, si algunos partidos del antiguo espacio de Sumar incluso se oponen. Muchas voces en Cataluña recelan de la inconcreción del pacto, pese a la buena voluntad de Salvador Illa.

En consecuencia, hablar de cupo catalán es de momento un ente abstracto, más inviable que posible. Hasta ciertos altavoces conservadores piensan entre bambalinas que no llegará a producirse, tal que Pedro Sánchez estaría cimentando así un nuevo agravio, al estilo del Estatut, para reactivar al independentismo. Entienden poco de cómo ha cambiado la sociología catalana en este tiempo, o no quieren verlo. Ya no hay gente para seguir montando manifestaciones de La Diada, ni tampoco, ánimos para ello. Que se no lograra hoy el pacto fiscal cambiaría pocas cosas, la gente se resignaría, pero haberlo logrado cuando Mas pisó La Moncloa con Mariano Rajoy en 2014, seguramente, habría cambiado muchas de ellas.