Un PP atado a Vox

El Partido Popular ha entregado todo el poder a Alberto Núñez Feijóo en su 21º Congreso, que concluyó este domingo en Madrid. El presidente del PP fue reelegido por los compromisarios con el 99,24% de los votos y aclamado como candidato a la presidencia del Gobierno. Los nombramientos de dos duros como Miguel Tellado como secretario general y de Ester Muñoz como portavoz parlamentaria deja claro que su objetivo es, ahora mismo, uno solo: derribar a un Pedro Sánchez que pasa por su peor momento desde que llegó a La Moncloa.

Con el viento de cola que sopla desde Ferraz para los conservadores, nadie quiere ser un obstáculo para Feijóo. El amago más serio de contestación —la intención de Isabel Díaz Ayuso de pelear por el protagonismo a los militantes en la elección del líder— se disipó antes de que el congreso abriera sus puertas. Las primeras palabras de la líder madrileña en su discurso como anfitriona fueron para a cerrar filas con su presidente nacional. El resto fue el acostumbrado repertorio de comparaciones insostenibles entre la España de Sánchez y la Venezuela de Maduro. Su tono apocalíptico se alineó con el de José María Aznar y Mariano Rajoy, que se entregaron a su papel de azote de los socialistas por el caso Cerdán pero callaron toda autocrítica a la multitud de gravísimos episodios de corrupción que asediaron al PP en el pasado y que terminaron con el propio partido condenado como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel.

Al Partido Popular no se le escapa que en 2023, pese a ser la fuerza más votada en las elecciones generales, la aritmética parlamentaria le privó de un poder que tocaban con la punta de los dedos. En su fijación por llegar a La Moncloa sin descartar ningún apoyo antes de tiempo, los populares aprobaron una ponencia que endurece su postura sobre inmigración —lo que facilita un entendimiento con Vox— pero lo suficientemente vaga en otras materias como para no cerrárselas a la derecha nacionalista.

La esperanza de Feijóo es obtener un resultado que le permita practicar la geometría variable en el Parlamento sin tener que compartir poder directo con nadie, algo importante para una formación que ha calificado al primer Ejecutivo de coalición de la democracia como “Gobierno Frankenstein”. Solo así se explica su interés en abrir vías de comunicación con Junts pese a las reticencias del PP catalán y a que para muchos de sus militantes resulta incomprensible reatar cabos con Carles Puigdemont, cuyo encarcelamiento llevan años pidiendo en la calle.

La gran incógnita es cómo conseguir algo imposible en 2023 si hiciera falta de nuevo: colocar en la misma ecuación a los nacionalistas periféricos y a Vox, naturalizado como socio preferente por los populares, que ya han olvidado cualquier antiguo escrúpulo hacia su populismo extremista. La buena posición de Vox en las encuestas (según el estudio de 40dB. publicado este viernes por EL PAÍS, la formación ultraderechista ha superado el 15% de la intención de voto y es la primera fuerza entre los jóvenes) ha llevado a Feijóo a aceptar que toda negociación de Gobierno ha de contar con la fuerza que encabeza Santiago Abascal. Y por ende, a asumir parte de su ideario, algo que puede asustar a sus votantes moderados y movilizar de nuevo a la izquierda. La sintonía entre derecha y ultraderecha ya no es mera teoría. En las comunidades autónomas en las que gobierna con el apoyo de Vox (incluso después de que los ultras rompieran las coaliciones surgidas del 28-M), el PP ha tenido que hacer peligrosas cesiones para mantenerse en el poder, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde son los únicos que sostienen a Carlos Mazón tras su indefendible gestión de la dana.

El Partido Popular ha aplazado su dilema clave hasta la deseada victoria, pero de su definición depende en gran parte el futuro de la democracia española dados los continuos ataques de Vox a las libertades fundamentales. Pese a las supuestas ansias de centralidad y al programa liberal conservador apuntado este domingo por Feijóo, el partido de Abascal no oculta su afán por imitar los recortes sociales y las medidas autoritarias adoptados en sus países por Trump y Milei o, ya en Europa, por el régimen iliberal de Viktor Orbán. Trasladarlos a España supondría rechazar muchos de los progresos alcanzados desde 1977, revertir el Estado autonómico, aparcar la lucha contra el cambio climático y dar marcha atrás en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+. El PP es el único que puede permitírselo. Como partido de Gobierno, Vox ha pasado a ser responsabilidad suya.