Vox hace suyo el terror trumpista

Vox convirtió la presentación de su programa económico este domingo en una exhibición de sus posiciones más extremas contra la inmigración, decorada con teorías de la conspiración, cifras inconexas o inventadas y xenofobia mal disimulada. Una batería de ideas que se concreta programáticamente en tres puntos: llevar a cabo “deportaciones masivas”, “anular” las seis regularizaciones extraordinarias aprobadas desde el inicio de la democracia —y de las que se beneficiaron 1,2 millones de personas—y “auditar las concesiones de nacionalidad” para ver “cuantas hay que anular”, idea de una aterradora arbitrariedad.

Todo el documento está empapado de un tono apocalíptico tanto sobre la sociedad española como sobre los efectos de la inmigración. Tres millones de extranjeros están afiliados —y, por lo tanto, aportan— a la Seguridad Social (y muchos más serán necesarios, según el Banco de España, para mantener el actual sistema de pensiones). Pese a los datos, Vox ve en el crecimiento de la población de origen inmigrante la justificación de una teoría de la conspiración fundamentada en el racismo y en una presunta homogeneidad que no existe en España. Paradójicamente, tanto esa teoría como las propuestas del partido de Abascal son de inspiración extranjera. Con esta propuesta, Vox hace suyo el mensaje antiinmigración más radical de la extrema derecha global, en especial el terror contra los migrantes que está imponiendo Donald Trump en Estados Unidos. Esta es una evolución obvia habida cuenta del endurecimiento de la política migratoria de la UE, como se manifestó con la aprobación del pacto europeo sobre migraciones el pasado año. Con partidos antaño moderados haciendo suyas en Francia o Alemania la retórica y las políticas propugnadas por la extrema derecha, estas recurren a una mayor radicalización para diferenciarse de sus rivales, un círculo vicioso en el que toda la sociedad pierde.

Aun así, no hay que desdeñar sin más las propuestas de Vox por supuestamente inaplicables. Si se llegasen a poner en práctica, serían desastrosas para la sociedad española y condenarían a la ilegalidad a miles personas. Además de ser un atentado contra los derechos ciudadanos, económicamente el efecto sería devastador: abriría un hueco en el mercado de trabajo que no habría forma legal de cubrir y revertiría de un plumazo décadas de combate contra la economía sumergida. En consecuencia, y dado que en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas el PP ha hecho suyas sucesivas propuestas de Vox —para garantizarse investiduras o aprobar presupuestos—, sería tranquilizador un compromiso por parte del principal partido de la oposición de que nunca, por mucho que necesite los votos de la ultraderecha, darán su visto bueno a tamaño suicidio ético, social y económico. Porque solo la aquiescencia de los moderados puede convertir en políticamente viables las propuestas de los extremistas.