Vox quiere devolver a la ilegalidad a más de un millón de inmigrantes regularizados

Vox ha presentado este domingo, en un acto público, su programa económico y de vivienda. Sin embargo, la mayor novedad del documento radica en la asunción por parte del partido español del discurso más xenófobo de la extrema derecha europea, con medidas como “revertir todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el bipartidismo”, lo que supone devolver a la ilegalidad a más de un millón de personas que residen y, en gran medida, trabajan en España. O realizar “deportaciones masivas”, lo que está prohibido por la legislación española y los convenios internacionales, así como “auditar las concesiones de nacionalidad para ver cuántas hay que retirar”; es decir, que extranjeros que se han convertido legalmente en españoles dejen de serlo.

Lo que subyace bajo estas propuestas es una concepción de la nacionalidad que ya no está ligada a la ciudadanía, sino que se basa en la pertenencia a un grupo étnico, una tendencia que ya existía en Vox, pero que ahora se consolida. Una muestra de ello es que el documento asegura que, “si en 1996 la población extranjera [en España] era el 1% del total, hoy ya supera el 20%”. Sin embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al primer trimestre de este año, señalan que en España hay 6,9 millones de extranjeros, equivalentes al 14,1% de la población. En cambio, hay 9,4 millones de habitantes nacidos fuera de España, que suponen el 19,3% de la población. Lo que hace Vox es convertir en extranjeros a casi tres millones de españoles nacidos en el exterior.

El diputado Carlos Hernández Quero, doctor en historia, ha sido el encargado de defender desde la tribuna la versión española del gran reemplazo, la teoría conspiranoica de la ultraderecha francesa según la cual hay un plan de las élites globalistas para sustituir a la población europea por inmigrantes musulmanes. “Algunos que están tan preocupados por el fin del mundo, por el cambio climático, deberían preocuparse más por el fin de España por sustitución demográfica. En 2045, los españoles seremos minoría en nuestro propio país”, ha asegurado. El documento se remite a unas supuestas “estimaciones” cuya autoría no identifica para sostener esta afirmación, bajo la que subyace una concepción racista: para que el pronóstico pudiera llegar a cumplirse algún día, los descendientes de inmigrantes nacidos en España no podrían ser considerados nunca como españoles.

Pese a su formación académica, Hernández Quero se ha remitido genéricamente a “diversos estudios”, que no ha citado, para asegurar que “el sobrecoste de la inmigración en España es de más de 30.000 millones de euros al año”. También ha culpado a los inmigrantes de la existencia de salarios bajos y empleos precarios en el mercado laboral español; de la saturación de los servicios públicos; de “tener un impacto directo y dañino en forma de inseguridad en los barrios” e incluso de la subida del precio del alquiler y la falta de viviendas. “No nos pagan las pensiones ni salvan nuestro Estado del bienestar”, sostiene Vox.

La formación ultra propone realizar “deportaciones masivas” de inmigrantes, aunque la ley exige el examen individualizado de cada expediente de expulsión, y “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos años” con el objetivo de proceder a su retirada, a pesar de que la ley limita a casos tasados aquellos en los que un español puede ser privado de la ciudadanía. Bajo la premisa de que muchas de ellas han sido “regaladas”.

Además, Vox quiere “revertir todas las regularizaciones masivas llevadas a cabo por el bipartidismo”. Aunque el documento no las detalla, han sido seis las regularizaciones realizadas sucesivamente por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en las que fueron legalizadas casi 1,2 millones de personas, a las que habría que sumar más de medio millón de inmigrantes que podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria que se tramita en el Congreso.

Vox acusa a la inmigración de “poner en jaque la viabilidad de las redes de solidaridad con los españoles más humildes”, por lo que propone también “reservar a los españoles las ayudas sociales”, así como los “incentivos y bonificaciones a la contratación”. Y quiere hacer aún más difícil la vida a los inmigrantes irregulares, persiguiendo el “empadronamiento fraudulento” y prohibiéndoles arrendar viviendas. “El español, siempre primero”, ha proclamado Hernández Quero, asumiendo el principio de prioridad nacional, que antes identificaba a grupos neonazis como Hogar Social.

El documento de Vox incorpora, además, el término “remigración”, acuñado por la extrema derecha alemana para referirse a la expulsión del país de millones de residentes de origen extranjero, aunque tengan la ciudadanía alemana, que no demuestren “buena asimilación”. El partido ultra español quiere echar por su parte a aquellos inmigrantes legales que, a su juicio, “decidan no integrarse” en España.

En la intervención con la que ha cerrado el acto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a cargar contra el PP. Aunque el pasado miércoles se reunió en el Congreso con el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, por vez primera desde septiembre de 2023, ello no le ha llevado a rebajar el tono de sus críticas a los populares: “El problema no es solo la traición del PSOE, sino la estafa del PP. Lo digo con tanta pena como claridad”, ha dicho.