El Gobierno negocia una regularización flexible de inmigrantes con niños y solicitantes de asilo como prioridad

Después de casi tres semanas de aparente inactividad, la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a cientos de miles de inmigrantes vuelve a avanzar en el Congreso. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha convocado este martes a varios grupos parlamentarios para negociar la letra pequeña de una regularización extraordinaria que llevaba un año estancada, pero que ahora se ha convertido en una prioridad. La propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, define los perfiles que se beneficiarán de la medida, entre los que destacan las familias con niños, los solicitantes de asilo y los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. También se amplía la fecha inicialmente planteada: la autorización de residencia y trabajo —en principio, de un año— se aplicará a los inmigrantes que residan en España antes del 31 de marzo de este año, en lugar del 31 de diciembre de 2024 de la propuesta anterior.

La definición de los supuestos que podrán acogerse a la regularización responde a las exigencias de algunos partidos para que la medida no se trate de un “cheque en blanco”. La iniciativa necesita los votos de fuerzas políticas con sensibilidades muy distintas. Por un lado, los grupos más a la izquierda y los promotores de la propuesta exigen que los requisitos sean mínimos. Por otro, formaciones como el PP o el PNV, apuestan por limitarla a quienes tengan contratos de trabajo o se encuentren en situaciones concretas de vulnerabilidad. “Las oleadas migratorias [el Gobierno] no las va a parar y la regularización debe ser a través del trabajo”, advirtió este fin de semana en La Vanguardia el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Los requisitos generales están más o menos claros y consensuados: encontrarse en España antes de la fecha fijada; contar con al menos un año de residencia en España antes de presentar la solicitud; no tener antecedentes penales; no representar una amenaza para el orden público; y no estar sometido a una orden de no retorno. La clave está ahora en los requisitos más específicos, que estaban aún por definir. También en la documentación que se exigirá para demostrar que se cumplen.

La nueva propuesta plantea que, además de los requisitos generales, se cumpla al menos uno de cinco supuestos específicos. Entre ellos se encuentra la vinculación al trabajo, pero de una forma flexible, pues exige que se haya trabajado con anterioridad, que se tenga un precontrato de trabajo o una promesa de contratación.

Un segundo supuesto es para las familias arraigadas en España con hijos menores escolarizados o mayores con dependencia. Incluye además a los abuelos. Es un supuesto pensando para sacar de la clandestinidad a padres, madres e hijos. Si los progenitores no tienen autorización de residencia, los niños tampoco, aunque hayan nacido en España y estén escolarizados. Los papeles de estos menores por la vía ordinaria supone pasar al menos dos años en la irregularidad y dependen de que sus padres demuestren ciertos ingresos, una exigencia complicada cuando los padres encadenan empleos precarios.

Entre la casuística se incluye la de encontrarse en una situación de “especial vulnerabilidad”. El concepto es amplio porque cualquier persona en situación irregular, sin empleo o con trabajos clandestinos y expuesto a la explotación, podría cumplir con ese requisito. En este caso es clave cómo se debe demostrar esa condición. Si se exige un informe de los servicios sociales municipales, saturados en muchos casos, el impacto será limitado y contará con la previsible oposición de varios grupos parlamentarios de la izquierda, que defienden que se acepte la valoración de una ONG.

Un cuarto perfil es el de las personas que han pedido protección internacional antes del 31 de marzo de 2025. El requisito en este caso, según se informó en su momento a los grupos parlamentarios, es que renuncien a la solicitud antes de optar a la regularización para no tener dos procesos abiertos simultáneamente.

El de los solicitantes de asilo es un perfil importante porque se trata de decenas de miles de personas, pero es, además, el colectivo que explica el renovado interés del PSOE en sacar adelante una regularización masiva cuanto antes. Las personas que piden protección en España alegando que corren riesgo en sus países, pero que se les deniega su solicitud, son las más perjudicadas con la entrada en vigor, el pasado 20 de mayo, del nuevo reglamento de extranjería. Las nuevas normas que rigen la vida de los extranjeros en España aspiraban a flexibilizar trámites y ser una solución estructural para las bolsas de irregularidad, pero también escondían fallos que empujarán a la clandestinidad a miles de personas, sobre todo, a los que ven sus solicitudes de asilo denegadas.

La diligencia actual del PSOE, que ha involucrado a miembros del Gobierno en la negociación, ha expuesto sus contradicciones con este asunto. Hace unos años, cuando la ILP era apenas un proyecto parlamentario, los socialistas no solo no la defendieron, sino que llegaron incluso a mantener que el marco legislativo europeo no la permitiría. El PSOE votó, como todos (a excepción de Vox), a favor de que la medida siguiese el trámite en el Congreso, aunque ni sus diputados ni el Gobierno hicieron grandes esfuerzos para que saliese adelante.

Pero el escenario cambió tras la aprobación del nuevo reglamento de extranjería. En el mismo texto de la ILP que propuso el Gobierno hace unas semanas para resucitarla, se reconocen sus limitaciones: “A pesar de que esta nueva reforma mejora y flexibiliza los requisitos [...], existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”.

Las conversaciones vuelven a retomarse con el objetivo de sacar la iniciativa adelante antes de las vacaciones de verano. Pero no está claro que, aun llegando al pleno del Congreso, logre una mayoría parlamentaria. El PSOE cuenta —además de con su socio de Gobierno, Sumar— con ERC, con el BNG, EH-Bildu y con Coalición Canaria. Mantiene además una negociación paralela con Podemos. La incógnita es aún el PNV, que quiere perfiles concretos y vinculación al trabajo, y Junts, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre sus condiciones. Del PP, al que susurran al oído la Iglesia y los empresarios ansiosos por mano de obra, se esperan una abstención. De Vox, nada.