La histórica influencia de la Iglesia sobre el PP encalla con la regularización de migrantes

En abril de 2024, el arzobispo Luis Argüello, por entonces secretario de la Conferencia Episcopal Española (CEE), levantó el teléfono para contactar con el portavoz del grupo parlamentario del PP, Miguel Tellado. Hasta ese momento, el partido llevaba semanas advirtiendo de que no apoyaría la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la regularización de más de medio millón de inmigrantes. La iniciativa, impulsada en 2021 y en la que la Iglesia había desempeñado un papel determinante, llegaba a la Cámara baja con el respaldo de 906 organizaciones y más de 612.000 firmas. Después de superar tantos trámites, Argüello lucharía hasta el final para que esa iniciativa no muriera sin pasar por el Congreso.

Tras la charla, el PP votó a favor de la toma en consideración de la regularización, aunque siempre ha insistido que las presiones de la CEE y de otras entidades eclesiales no tuvieron nada que ver en ese repentino cambio de opinión. Un año después, la ILP —que son propuestas de cambio legislativo impulsadas por al menos 500.000 ciudadanos— revive en el Congreso tras meses paralizada por una reforma del Reglamento de Extranjería que sigue sin resolver la situación de miles de migrantes, y lo hace con el apoyo de los socialistas, que hasta hace un mes eran reticentes a su aprobación. Pese al acelerón del PSOE para sacar adelante la medida, en parte para enmendar los errores del nuevo reglamento, la ILP vuelve a estar en la cuerda floja: Junts y el partido de Alberto Núñez Feijóo han anunciado que votarán no.

Ante la perspectiva de que la iniciativa no salga adelante, los obispos buscan influir de nuevo en el PP, pero la situación es diferente. El partido de Feijóo ha grabado en piedra su postura, más cercana al discurso antiinmigración de la ultraderecha que a la reguladora de la Iglesia. De hecho, este tema abarcará “una parte importante” de los debates del congreso nacional del partido de este julio. La línea, según las declaraciones de este lunes del líder del PP, es clara: “Necesitamos mano de obra, sí, eso no significa que puedan entrar centenares de miles de personas irregularmente en nuestro país”. Esta referencia sobre la “mano de obra” sale de la llamada de atención del año pasado del Banco de España, que alertaba de que se necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas.

El discurso de la Iglesia ha estado muy ligado al del Partido Popular en las últimas décadas, especialmente en lo referido a reformas legislativas como el divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario, la asignatura de religión e incluso las inmatriculaciones de inmuebles en favor de la Iglesia. Aunque el Gobierno de José María Aznar ejecutó tres regulaciones masivas (en total, se beneficiaron 524.621 personas) entre 1996 y 2001, el PP se ha alejado en los últimos años del ideario más integrador católico, a pesar de las constantes presiones y alusiones públicas de los obispos.

De hecho, Argüello, ahora presidente de los obispos, envió el pasado marzo una carta a los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP para ofrecerse a intermediar entre ambas formaciones para que lleguen a un acuerdo e impulsen la regularización. Un primer acercamiento que no ha recibido respuesta por parte de los populares, según ha confirmado a EL PAÍS el director del Departamento de Migraciones de la CEE, Fernando Redondo. Preguntado por la invitación de los prelados españoles, el PP se ha negado a contestar a este periódico. El PSOE, como adelantó ayer este diario, ha aceptado la oferta de los obispos y ha propuesto una reunión el próximo 10 de junio en el Congreso.

Redondo se lamenta del enfrentamiento político: “Todo se politiza. Da mucha pena. No se distingue, no se quiere distinguir entre el discurso político y el bien común”. El director episcopal de Migraciones describe cómo la Iglesia “siempre ha estado empujando para que salga adelante la ILP” e insiste en la importancia de que los partidos políticos dejen de lado sus diferencias para solucionar la situación de “miles de personas”. La Iglesia española cuenta con 137 centros de ayuda a inmigrantes, donde atiende a 142.937 personas, según los datos de la última memoria anual de la CEE. “Es una cuestión de justicia regular a esta gente”, remacha Redondo, que incide en “la hipocresía” de la sociedad actual, donde los datos apuntan a que necesitamos migrantes, pero luego no se los quiere acoger con la dignidad que merecen".

Pese a la falta de respuesta oficial a los obispos, las entidades eclesiales no han dejado de reunirse con varios diputados para trasladarle sus preocupaciones ante la realidad con la que trabajan cada día. Xabier Parra, director del Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (Sercade, perteneciente a la plataforma eclesial REDES) y una de las personas que estuvieron implicados desde el primer momento en la ILP, relata que las organizaciones han entregado a los grupos del Congreso “los perfiles de las personas que sufren una situación de mayor vulnerabilidad” y han mantenido encuentros con los diputados para avisar sobre las grietas de la reforma del reglamento de extranjería.

El director del Sercade recuerda que “no es papel de la Iglesia que los partidos lleguen a un acuerdo entre sí” e insiste en que es necesario derribar la percepción de que el Partido Popular “siempre obedece a los obispos”. Parra subraya que, desde 2021, las asociaciones eclesiales han tenido encuentros “más profundos” con diputados de partidos ubicados en el extremo opuesto al del PP, cuya postura es más cercana a la esencia de la ILP. De hecho, las conversaciones entre las entidades que impulsan la ILP y los diputados del PP durante las últimas semanas están siendo “muy frías”.

La posición del PP ante la migración, aseguran otras entidades implicadas, ha llevado al propio Gobierno a reclamarles en los últimos días que los obispos presionen al PP para que se abstenga en la votación. Jorge Serrano, coordinador de la ILP, del partido Por un Mundo Más Justo, lo explica así: “Están constantemente diciéndonos: ‘Oye, a ver si conseguís que la Iglesia influya en la posición del Partido Popular”.

Pero, ¿por qué los partidos se demoran tanto en contactar directamente con la CEE? Serrano argumenta que tanto los socialistas como el PP saben que “la Iglesia tiene mucha influencia”, pero no lo reconocen. “No quiere que se vea que la Conferencia Episcopal ha influido en el Partido Popular. Y mucho menos en el PSOE”, afirma.

Serrano recuerda el episodio de la llamada de Argüello a Tellado que “salvó” la ILP hace un año. “Cuando el PP finalmente pasó de un rechazo clarísimo a terminar por aprobarlo en dos días, nos llamaron para decirnos que su cambio de opinión no fue por las presiones de la Iglesia”, subraya el coordinador, que insiste en que el papel de la CEE sigue siendo “clave para arrastrar de nuevo hacia la abstención del Partido Popular”. No obstante, esa influencia ha perdido fuerza tras chocar con el muro levantado por el PP para frenar la regularización de inmigrantes.