La familia del hombre muerto en un lavabo del hospital Vall d’Hebron y hallado 48 horas después reclama 200.000 euros

La familia de Manuel M., de 89 años, tardó dos días, con sus dos noches, en saber que su padre estaba muerto. Su cadáver permaneció todo ese tiempo en los lavabos del área de análisis del hospital Vall d’Hebron (Barcelona), donde entró para coger una muestra de orina y ya no salió. Fueron 48 horas de sufrimiento de sus hijos, desde que Manuel acudió el 7 de octubre de 2020 al hospital para una analítica rutinaria hasta que la policía halló su cuerpo. Su familia reclama 200.500 euros al Institut Català de la Salut (ICS) por los daños morales que sufrieron. El ente considera que no hubo ninguna “negligencia”, pero el órgano consultivo de la Generalitat —la Comisión Jurídica Asesora— acepta parcialmente su petición por el daño moral, la angustia y la incerteza que sufrieron, aunque rebaja la indemnización a 9.000 euros.

La familia de Manuel se queja en su reclamación que el hombre sufría diabetes y problemas de riñón, y aun así le citaron a la una y media de la tarde para unos análisis. En ayunas, cuando le llegó el turno, le informaron de que además necesitaba muestras de orina. Le indicaron el baño al que ir y el box donde entregarla, pero nadie comprobó si volvió con la muestra. “Desapareció dentro del hospital, a pesar de los avisos” que dieron, se quejan. “Nadie revisó las instalaciones, incluso cerraron el paso a un familiar que intentó acceder”, añaden. Pasaron “más de dos días buscándolo, con gran nerviosismo, sufrimiento y ansiedad” y lo encontraron por su “persistencia” y la denuncia ante los Mossos. No valió de nada llamar y visitar el hospital repetidamente.

La Comisión Jurídica Asesora —cuya consulta es obligada en reclamaciones de más de 50.000 euros, pero sus resoluciones no son vinculantes— atiende las quejas de los hijos de Manuel. Si bien niega que existiese una negligencia en la asistencia médica, critica la actuación del centro hospitalario una vez les alertaron de que el hombre había desaparecido. Considera que “el sufrimiento de la familia, provocado por la desaparición y la incerteza durante más de dos días se habría podido evitar si, actuando con una diligencia ordinaria, se hubiese hecho la comprobación y alertado al servicio de seguridad”, reprocha. Y añade que en el expediente no consta “ninguna explicación razonable de los motivos por los que se actuó así, ni se acredita que se hiciese siguiendo ningún protocolo”.

Su resolución también repasa el desdén que soportó la familia de Manuel. En la ventanilla de atención al usuario le dieron por toda respuesta “que ya era molesto que hubieran preguntado tantas veces por el paciente a lo largo del día”. También detalla que, ante los intentos de otro familiar de acceder a los baños, donde finalmente le hallaron muerto, se generó una discusión, salió un médico, les aseguró que “allí no estaba, que era imposible, imposible, imposible”, y no le dejaron entrar. Hasta el punto que la dirección del hospital, en una reunión que mantuvieron y que no han negado ante la Comisión, admitió que “falló todo”.

Los responsables del hospital ni siquiera informaron al servicio de seguridad del recinto que había desaparecido un hombre, ni comprobaron las grabaciones correspondientes de extracciones hasta que lo pidió la policía. “El director de la empresa de seguridad acredita que se tuvo conocimiento de la desaparición del paciente cuando se personaron los Mossos”, abunda la Comisión. Por último, añade que nadie corroboró si los lavabos estaban realmente “fuera de servicio” cuando una trabajadora alertó a su encargado que no había podido limpiarlos porque la puerta estaba cerrada por dentro.

Los Mossos hallaron el cuerpo de Manuel M. el 9 de octubre a la una de la tarde —dos días después de que acudiese al análisis de sangre rutinario—, en el baño de la zona de extracciones, por donde se escapaba un “fuerte olor”. Antes, a través de las cámaras, comprobaron que se veía al hombre entrar en la zona, pero no salir. El informe forense concluyó que se trató de una “muerte natural, por un fallo multiorgánico secundario” en un paciente con pluripatología. Se había caído, pero como no se le practicó una autopsia completa, no se puede saber con seguridad la causa de la muerte.

“Existió una ventana de oportunidad en la cual se podría haber prestado una asistencia médica inicial de carácter urgente”, insiste la familia, que sospecha que sufrió una hipoglucemia. Aunque del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) rebate que no tenía los índices de glucosa como para desmayarse, y que eso ocurre con síntomas premonitorios que le hubiesen dado margen de reacción. “Del estudio del cuerpo del finado se desprende que la causa de muerte más lógica, plausible y coherente es la muerte repentina de origen cardíaco”, y aseguran que en ese caso, teniendo en cuenta sus patologías previas y su edad, difícilmente podrían haberlo salvado, incluso estando en un hospital.

La familia insiste que hubo una dejación de funciones de los sanitarios que lo trataron, mientras que el ICAM considera que no se cometió ninguna “negligencia”, ya que solo estaba en el hospital para unos análisis. Las “instalaciones y medios materiales” fueron los “adecuados”, insisten, y descartan “cualquier funcionamiento anormal y deficiente del centro hospitalario”. “Era un usuario procedente del exterior, autónomo, que acudió a una prueba rutinaria sin ningún tipo de riesgo para su salud”, repiten. Y añaden que la responsabilidad última estaba en sus familiares, y que además ya habían advertido en diversas ocasiones que lo más indicado era que Manuel acudiese acompañado a las visitas médicas. Por todo ello, el ICS negó que existiese una “relación de causalidad entre la muerte del paciente y la asistencia sanitaria prestada”.

La Comisión Jurídica Asesora admite que no hay ninguna prueba que “sustente la supervivencia del paciente después de haber sufrido la caída”. Y añade que de haber sido así, “el margen de actuación” habría sido muy pequeño. Por eso concluye que no hubo una “mala praxis médica”. “La atención y la asistencia prestadas al paciente en el hospital fueron correctas y adecuadas”, considera. Razona que la unidad de análisis solo “había de realizar la prueba y no tenía que supervisarlo como paciente ni tampoco prestarle el deber de cura como tal”, y considera que “era responsabilidad de la familia acompañarlo y vigilarlo, teniendo en cuenta la edad avanzada y la situación médica”.