Necesaria Agencia de Salud Pública

Casi 15 años después de que se dispusiera su creación en la Ley General de Salud Pública, la Comisión de Sanidad del Congreso ha sacado adelante la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Una vez la ley pase por el Senado, el Gobierno tendrá seis meses para aprobar el estatuto de este organismo que dependerá el Ministerio de Sanidad pero que será autónomo. También deberá convocarse el concurso de méritos exigido en la ley (por una enmienda del PP) para nombrar a su director.

Como pasó en marzo, cuando el Congreso de los Diputados tumbó la creación de la AESAP —y al contrario de lo que hizo en primera votación— Junts ha votado en contra, una vez más, para diferenciarse de la coalición de Gobierno. La excusa oficial es el temor de los independentistas a que la nueva agencia invada competencias de la Generalitat. Sin embargo, en la pandemia de covid quedaron claras las lagunas del sistema actual y, al mismo tiempo, las virtudes de coordinar una política unificada en caso de crisis sanitaria. De ahí la necesidad de una entidad destinada a centralizar los datos de salud de las comunidades autónomas, coordinar la respuesta a las emergencias sanitarias y emitir recomendaciones a la ciudadanía. Además de informar sobre riesgos, presentar un informe al Congreso del estado de salud de la población y reforzará los servicios autonómicos. La diferente relación de fuerzas entre los partidos en la Comisión de Sanidad ha impedido a Junts ejercer el veto que sí tiene en el Pleno.

Por su parte, el rechazo de Vox viene, sobre todo, de su oposición atávica a las políticas de salud pública. Esta ofensiva contra la ciencia quedó en evidencia durante la pandemia (con los injustificables ataques al coordinador de la respuesta estatal ante la covid, Fernando Simón) y el partido ultra nunca la ha abandonado. El PP, finalmente, votó incomprensiblemente en contra de la ley no porque critique la creación de la agencia —había dicho “sí” en una primera votación en la Comisión— sino porque ahora considera que la prioridad es que el Gobierno convoque elecciones.

La inconmensurable tragedia que fue la pandemia de covid mostró de forma meridiana la importancia de tener herramientas de Estado para responder rápida y efectivamente ante crisis sanitarias que, además del desastre irreparable que es la pérdida de vidas humanas, provocan disrupciones económicas y sociales cuya cicatrización lleva tiempo y cuesta dinero. Ante unos desafíos tecnológicos y climáticos que acentúan el riesgo de aparición y propagación de enfermedades, todo aquello que nos permita prevenir esas situaciones es bienvenido. Aunque no hay que cejar en la vigilancia de que la implementación de la ley se haga de forma eficiente, científica y alejada de la pugna entre partidos.