El Congreso aprueba la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley que servirá para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un compromiso que data de 2011 y que por dejadez o por la coyuntura parlamentaria no se ha cumplido hasta ahora. Ha salido con los votos en contra de PP, Junts y Vox en la Comisión de Sanidad, que tiene en este caso competencia legislativa plena, un procedimiento que le permite la tramitación de la ley sin pasar por el Pleno, donde estos mismos partidos se unieron en el último minuto para tumbarla el pasado marzo.

La diferencia en la proporción de representatividad en la comisión respecto al Pleno ha permitido que ahora se apruebe con 19 votos a favor y 18 en contra, a pesar de que han sido las mismas fuerzas las que se han alineado en el sí y en el no a la creación de la AESAP.

El texto tendrá que pasar ahora por el trámite del Senado, a partir del cual comenzarán los seis meses como máximo que el Gobierno tiene para aprobar su estatuto, que perfilará qué órganos de la administración se integrarán en ella, cómo se elegirá a su director o el emplazamiento de su sede, que todavía no se conoce.

La necesidad de una agencia se puso de manifiesto durante la pandemia, cuando un exiguo departamento del Ministerio de Sanidad (el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) tuvo que hacerse cargo de la recolección de datos epidemiológicos y de su vigilancia sin el suficiente equipo ni infraestructura.

La nueva AESAP tiene como objetivo reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, reducir las desigualdades y proteger frente a amenazas sanitarias. Con un enfoque “holístico y transdisciplinar” y bajo el principio de “una sola salud” (que integra la humana, la animal y la planetaria), la agencia actuará en coordinación con comunidades autónomas y otras administraciones para vigilar el estado de salud de la población y sus determinantes.

Entre sus funciones figura la información y comunicación pública sobre riesgos, la coordinación ante crisis sanitarias y el refuerzo de los servicios autonómicos. Además, ofrecerá asesoramiento técnico y científico, impulsará la innovación, la investigación y la formación en salud pública, y fomentará la cooperación entre actores del sistema. Todo ello, “con especial atención a los determinantes sociales de la salud y las desigualdades sociales en salud”, según recoge la ley.

Los 18 sistemas sanitarios que rigen en España (los 17 autonómicos y Ceuta y Melilla, gestionado por el Gobierno central) han aportado agilidad para la asistencia directa a los ciudadanos, pero la ha perdido para obtener una visión global de las tendencias nacionales. Recopilar datos del estado de salud de la población (salvo las monitorizaciones que hace el Instituto de Salud Carlos III) es lento y poco eficiente, algo que deberá solucionar la agencia, que cada año deberá presentar un informe al Congreso.

La AESAP dependerá del Ministerio de Sanidad, pero será un organismo autónomo y su titular, Mónica García, ha manifestado en varias ocasiones que la dirección estará regida por un concurso de méritos. “Esto no es un cargo del Gobierno“, aseguraba en una entrevista concedida a este periódico a finales de mayo. Una enmienda del PP ha añadido esta premisa a la ley.

Votos en contra

A pesar de ello, y de que en la anterior tramitación en la Comisión de Sanidad el PP había votado a favor, esta vez lo ha hecho en contra. Su portavoz, Elvira Velasco, ha argumentado el que Gobierno “no es creíble”. “España se encuentra en una emergencia nacional”, ha dicho en referencia al caso de corrupción en el que se han visto involucrados mandatarios del PSOE. “Esto es un verdadero fraude a la ciudadanía y solo tiene una salida: convocar elecciones”.

Velasco ha definido la AESAP como una herramienta “necesaria”. “Pero llegamos a esta comisión con cierta preocupación y escepticismo. El Gobierno ha propuesto una agencia sin financiación, dinero que sí hay para amañar contratos”, ha continuado la popular.

Vox, que siempre se ha opuesto a la agencia, ha argumentado que tras las enmiendas de los partidos nacionalistas e independentistas no tendrá competencias. “La Agencia nace viciada desde el principio, con el objetivo desvirtuado y alejado del espíritu inicial. Todo lo que era coordinación, que es para lo que se creaba, queda por completo borrado de esta ley”, ha argumentado el diputado David García Gomis que, en cualquier caso, iba a votar en contra: “No apoyaremos ninguna ley de un gobierno podrido y corrupto hasta el tuétano”.

Con el argumento contrario lo ha rechazado Junts, cuya diputada Pilar Calvo ha hablado de “invasión de competencias”, pese a que tanto su grupo como el PNV presentaron una quincena de enmiendas que fueron añadidas al texto inicial para que la AEMPS no usurpase funciones autonómicas.

El resto de los grupos han votado a favor de un texto que prácticamente no contenía variaciones con respecto al que aprobó la misma comisión este mismo año y que fue tumbado por sorpresa en el Pleno. “Es un privilegio poder hablar de salud, sobre protección de salud, coordinarnos, trabajar juntos en la salud de la población, hablar de esos estudios que se pueden hacer en la Agencia de lo que influye en salud de ciudadanos, los determinantes sociales, dónde vivimos y cómo nos transportamos”, ha aplaudido Alda Recas (Sumar).

Los grupos se han felicitado por sacar por fin adelante un proyecto que ya se intentó aprobar en anteriores legislaturas, cuando la convocatoria de elecciones impidió la aprobación del organismo que suscita el apoyo de todas sociedades médicas que trabajan en la salud pública.

La ley ha incluido una enmienda no relacionada con la AESAP, referente a la salud animal. Los grupos han acordado que en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, el Gobierno articule “las fórmulas necesarias” para la disponibilidad de los medicamentos, y “en particular los antibióticos”, en farmacias y otros centros dispensadores autorizados, de acuerdo con las presentaciones adecuadas tanto para los veterinarios prescriptores como para los propietarios de los animales.