Nicaragua, cada vez más aislada

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está cada día más solo en el tablero global. A la presión de las principales instancias internacionales ante su escalada autoritaria se añade un aislamiento autoimpuesto por el propio Gobierno sandinista. La semana pasada, los caudillos nicaragüenses profundizaron su ruptura con Naciones Unidas y retiraron al país centroamericano de la Agencia para los Refugiados (ACNUR). Su argumento fue el habitual, esto es, la intolerancia a la fiscalización de organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, a los que acusan de injerencia. El guion de siempre, que Ortega y Murillo revisten de retórica antimperialista y que, sin embargo, solo contribuye a quitar garantías democráticas a la población.

Con esta decisión, Nicaragua acumula en pocos meses ya siete rupturas unilaterales con instituciones multilaterales. La Agencia para los Refugiados se suma a la FAO, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unesco. Esta última salida resultó especialmente estruendosa al haberse producido después de que la agencia concediera al diario La Prensa el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025. La persecución de los periodistas es una de las mayores obsesiones de los copresidentes, al igual que la represión de activistas y miembros de las ONG.

Ortega y Murillo no quieren testigos, lo que equivale a hacer de Nicaragua un lugar donde solo existe una única versión de los hechos, la oficial. La negación de la realidad, junto a la aniquilación de las disidencias, es hoy uno de los rasgos distintivos de un país convertido en un régimen paranoide, una suerte de Corea del Norte del Caribe. La reforma de la Constitución impuesta a finales del año pasado concede poderes omnímodos a los gobernantes. Una de sus últimas herramientas represivas es la retirada de la nacionalidad a activistas y periodistas exiliados, que se convierten de hecho en apátridas.

Estas prácticas han sido denunciadas en repetidas ocasiones por distintas agencias de la ONU, especialmente por el llamado Grupo de Expertos sobre Nicaragua, que investiga los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por la Administración sandinista desde las protestas sociales de 2018. De ahí la furia contra la ONU, que coincide con la que Ortega y Murillo muestran hacia los opositores. La muerte en Costa Rica, el sábado pasado, de la expresidenta Violeta Chamorro fue un pretexto para la enésima muestra de cinismo. Los copresidentes reconocieron su importancia histórica para lograr la paz en Nicaragua, aunque ellos mismos forzaran su exilio y el de su familia. Su fallecimiento puso, no obstante, de manifiesto la inconsistencia del actual proyecto sandinista, que se mantiene en el poder gracias al sufrimiento de la población.