Trumpismo no es atlantismo

España ha abierto ya el debate que ocupará la cumbre de la OTAN que se celebra en La Haya la próxima semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este jueves por carta al secretario general de la organización, Mark Rutte, que España no está en disposición de comprometerse a un aumento del gasto de defensa que suponga el 5% del PIB nacional para los próximos 10 años, tal como exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha aceptado acríticamente el primer funcionario de la Alianza. La carta quiebra la estrategia de Rutte, que pretendía obtener un consenso sin discusión sobre el texto de la declaración final de la cumbre.

Las tareas actuales de la OTAN tienen poco que ver con el arbitrario objetivo del 5% de gasto para 2035, un señuelo que de facto es una forma de asentir a la concepción mercantilista de Trump, que entiende la relación transatlántica como una compraventa de seguridad —ventajosa para él— en lugar de como una cooperación multilateral entre países soberanos con valores e intereses compartidos.

En su carta, Sánchez reafirma la disposición de España a aliviar la carga ocasionada por la guerra de Ucrania y el compromiso con la seguridad colectiva europea. Pero, con razón, recuerda que la OTAN tiene ya fijados para cada uno de los socios unos objetivos sobre capacidades militares. Establecidos por los mandos estratégicos cada cuatro años y asimétricos por definición, junto a esos objetivos se marcan también distintos niveles de gasto según el país. En marzo, se determinó que, si bien en algunos casos ese gasto necesita alcanzar el 5% del PIB, en el caso de España se requiere un 2,1%.

Amén de que un incremento tan súbito —de los 33.000 millones de euros se pasaría a 80.000— solo se lograría mediante la compra de suministros en mercados ajenos a Europa, es decir, en EE UU, el endeudamiento y la dispersión de las inversiones perjudicarían a la economía española y, por ende, también su capacidad de gasto en defensa. Además, obligaría a subir los impuestos, recortar los servicios públicos, desatender el Estado de bienestar y ralentizar la transición verde. Son sacrificios que resultan inasumibles y, sobre todo, que no se corresponden hoy con las necesidades de seguridad ni con los criterios establecidos por los mandos militares de la propia Alianza hace unos meses.

Cualquier Gobierno responsable, con independencia de su color, habría tomado una decisión análoga. Lo contrario significaría aceptar ahora hipócritamente un compromiso que no se puede cumplir —y que incluso es perjudicial cumplir— en lugar de suscitar el debate entre los socios atlánticos bajo dos premisas: realismo y flexibilidad.

La insuficiente financiación de la defensa europea —evidenciada por la anexión de Crimea en 2014 y exacerbada por la invasión de Ucrania en 2022— es resultado tanto de la confianza ciega en la protección estadounidense —ahora cuestionada por el propio Trump— como de reducciones de gasto de las que han participado todos los gobiernos españoles. La coyuntura internacional obliga a repensar ese rumbo. Pero no de forma precipitada y solo para cumplir con una cifra arbitraria ajena del todo a la realidad y a la capacidad de España. Queda por ver si el Gobierno tiene fuerza para atraer a otros países y reforzar su posición. De momento, el trumpismo usó la noche de este jueves la Casa Blanca para lanzar una de sus tradicionales advertencias: todos los países, “incluida España”, tienen que alcanzar el nuevo umbral del 5% sin más discusión. La inédita negativa española a ese diktat augura una cumbre agitada.