Sanciones por comida caducada seis meses antes, falta de personal o suciedad en las residencias público-privadas del Madrid de Ayuso

“Se la encontraron con la sujeción abdominal cruzada debajo del brazo hasta el cuello y el hombro izquierdo, quedando totalmente atrapada. Ya no respiraba”.

Doña PGC (así se la denomina en documentación oficial) muere estrangulada por la sujeción de su cama en la residencia de las Peñuelas, en Madrid, el 11 de abril de 2023. El Gobierno autonómico penaliza al centro con una sanción de 24.851,66 euros. Pero no lo hace por la muerte en sí, sino porque considera que la residencia no se la ha comunicado como debería. El castigo, y la cuantía, que la oposición considera irrisoria, no son una excepción en el mundo de las 18 residencias madrileñas de gestión público-privada. Entre 2019 y 2025, las sanciones autonómicas impuestas por comida caducada, falta de personal, suciedad o incumplimiento del deber de comunicar hechos como la muerte de PGC, han superado los 865.000 euros, según documentos consultados por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. En ellos se recoge de puño y letra el testimonio de los técnicos de la administración, que cobran especial relevancia ahora que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por ampliar la red con un nuevo modelo consistente en ceder 40 parcelas públicas para construir otras tantas residencias de gestión público privada.

22 de diciembre de 2023. Un técnico de la administración central visita la residencia y centro de día para mayores dependientes de Mirasierra. Durante la visita a la cocina observa algo que apunta inmediatamente y provoca una sanción de 47.743,57 euros.

“Se detectan varios productos caducados: blíster de salchichas frankfurt, dos barras de salchichón”, detalla sobre unos consumibles a los que hace fotografías por si alguien no se cree que la fecha de consumo de uno de ellos ha vencido ya hace más de medio año, pues es de mayo. Y añade: “Se encuentran varios productos abiertos sin identificar. Fiambre (beicon, jamón york, jamón serrano, queso) sin fecha de apertura, y con envoltorios escasos, sin hacer la función de antioxidación”.

No es el único centro en el que se detecta ese problema. Durante la inspección de una residencia en San Sebastián de los Reyes, ese mismo año, un inspector frena una comida a punto de ser consumida: “Se comprueba que había tarrinas de puré de merluza, zanahorias y arroz de Campofrío caducadas al día 11.02.2022 que se iban a servir”. Esa veintena larga de palabras suponen una sanción de 33.820,47 euros para el centro. No es la única en esa residencia. Ni la primera. En octubre de 2022, otra visita descubre que hay menos personal del que debería para atender a los residentes. Son otros 33.820,47 euros. Una tercera, de 2024, supone 16.910,23 euros por no informar a la Comunidad de un incidente con una anciana.

¿Qué ha ocurrido? MLC, una residente, solicita que le rellenen la botella de agua. Al hacerlo, la auxiliar nota un olor “extraño, como a colonia”, en el recipiente. A los diez minutos, la residente empieza a toser. Le arde la garganta. Vomita tres veces. Entonces alguien se fija en que en la botella hay una especie de espuma, “lo que hace sospechar algún producto jabonoso”. La afectada acaba en el hospital.

Según documentación oficial, la sanción más importante para este tipo de centros desde 2019 son los 83.420,14 a una residencia de Usera por defectos en el mantenimiento. Las falta de personal es otra de las cuestiones más sancionadas, y llegan a costarle 71.615,36 al gestor de un centro en Mirasierra. No se le da tanta importancia a la limpieza y modernidad de las instalaciones. Sirva de ejemplo la residencia del Parque Coimbra. Ahí el inspector describe un panorama dantesco.

“Se observa suciedad, acumulación de enseres, luminarias y esquineras deterioradas en el garaje y exteriores”, escribe, según la documentación consultada por este diario. “Igualmente se observa tanto en habitaciones y baños como en pasillos, zonas comunes y áreas de trabajo que faltan o están deterioradas y sucias algunas placas de techo, las instalaciones de carpintería y pintura de paredes están en mal estado, faltan algunas partes de rodapiés y se observan azulejos caídos o rotos, luminarias fundidas y embellecedores dañadas”.

¿El resultado? En 2025 el centro es sancionado con apenas 1.967,96 euros, la misma cantidad que en 2023, cuando la lista de desperfectos era kilométrica. Finalmente, con poco más de 5.208,76 euros es multada la residencia de El Berrueco, especializada en personas mayores dependientes con alteraciones de conducta, por no acreditar “el cumplimiento de la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, a trabajadores discapacitados en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa”.

Cesión de parcelas

“Ayuso ha subastado la vida de los más vulnerables, las personas mayores en residencias, al peor postor”, opina Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y especialista en analizar el complejo mundo de las residencias. “Lo mínimo sería que controlase lo que ocurre dentro de esas paredes”, sigue. “Pero las penalidades que impone son mínimas, mientras que las quejas de las familias son un clamor”, añade. Y denuncia: “Su única prioridad es el negocio. Nada le importa el sufrimiento de quienes deberían ser atendidos con toda la dignidad”.

Con ella coincide Diana Paredes, diputada de Más Madrid. “El gran problema es el modelo de privatización de los cuidados de Ayuso”, sostiene. “No solo hay pocas inspecciones, es que la gran mayoría son pactadas”, continúa. “Y la realidad que cuentan los trabajadores y recogen las propias inspecciones es alarmante: falta de personal, ratios que no se cumplen, ausencia de enfermería en turnos clave e incluso situaciones en las que no hay nadie que pueda administrar medicación en momentos críticos”, prosigue. “A eso se suma la falta de mantenimiento en centros antiguos y la ausencia constante de profesionales básicos como gerocultoras o personal de cocina. Es decir, un sistema que debería garantizar cuidados dignos está funcionando con mínimos… o directamente incumpliendo sus propios pliegos". Y se pregunta: “¿Por qué pasa? Porque no hay consecuencias reales. Las sanciones son escasas y, cuando existen, son irrisorias".

Frente a esas acusaciones, un portavoz de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales, que encabeza Ana Dávila, argumenta que las penalidades y las cuantías se aplican cumpliendo lo establecido en la Ley de contratos públicos y en el contrato.

“Los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid están bien atendidos y la Administración regional vela permanentemente por el correcto cumplimiento de los criterios de calidad en la atención y de los contratos”, asegura. “La Comunidad de Madrid ejerce un control estricto sobre las residencias de gestión indirecta”, recalca. “Estos centros pasan cada uno al menos dos visitas de la inspección al año y al menos otras 10 visitas de los técnicos que hacen seguimiento para que se cumpla correctamente el contrato de gestión”.

Lo que es seguro es que el sistema de residencias público privadas va a crecer, aunque este interlocutor del gobierno precisa que lo hará con un modelo distinto. El actual implica un contrato de gestión de servicios: un privado se hace cargo de un edificio público. El futuro es una concesión: un privado construye y explota la residencia sobre una parcela municipal cedida. Ambos tienen en común que el dinero público financia la operación privada.

Así, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han aliado ahora para ceder gratis por 70 años una parcela de 8.000 metros cuadrados de suelo público en la capital que está valorada en más de dos millones de euros, con el objetivo de que una empresa invierta en construir y equipar una residencia que podrá explotar por dos vías. Una, a precio decidido por la Administración, pues tendrá 80 plazas públicas (60 de residencia y 20 de centro de día). Otra, la mayoritaria, a precio de mercado, con 120 plazas privadas (90 de residencia y 30 de centro de día).

La apuesta, según documentación consultada por este diario sobre el concurso público que ahora se abre, es la punta de lanza de un proyecto para construir una cuarentena de centros de este tipo por toda la región. Un plan lleno de ventajas para el concesionario: en este caso, por ejemplo, la Administración calcula que la empresa ganadora del concurso deberá invertir 16,7 millones de euros en levantar y equipar el centro, lo que recuperará con los 2 millones anuales que podría llegar a cobrar por las plazas públicas, a los que se añadirán los ingresos de las plazas privadas, cafetería, párking y otros servicios. Además, la concesión del terreno podrá prorrogarse desde los 70 años iniciales a los 75, el máximo permitido por la ley.

Los interesados en este negocio ya han planteado una duda, según documentación pública, que refleja que en este modelo cada euro cuenta: ¿podrán cobrar por otros servicios a gente que no sean residentes? En principio, parece que no. De las inspecciones de Madrid y el compromiso de los adjudicatarios dependerá que todas las normas se cumplan.