Ofensiva contra los abusos turísticos

El pasado fin de semana más de 23.000 personas salieron de nuevo a la calle en Canarias para reclamar límites a la masificación turística en el archipiélago. Es la enésima demostración del creciente malestar que existe entre buena parte de la población española por la presión que el elevado número de visitantes ejerce sobre la oferta de vivienda, la convivencia vecinal y los servicios públicos. Las autoridades están desplegando distintas estrategias para intentar atajar tanto las consecuencias negativas de la industria del turismo como los abusos que se cometen en el sector.

Uno de los más recurrentes tiene que ver con las viviendas destinadas a uso turístico. La justicia ha avalado esta semana la decisión del Ministerio de Consumo de ordenar a la plataforma Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios por contravenir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos, dado que no incluyen el número de licencia o registro ni especifican si el arrendador es un particular o se trata de gestoras profesionales de una amplia cartera de viviendas.

Es la última medida adoptada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy en su lucha contra el incumplimiento de la ley por parte de estas plataformas de alquiler y muy especialmente Airbnb, contra la que ya ha adoptado tres resoluciones en los últimos meses. España no está sola en esta iniciativa. Grandes ciudades del mundo como Nueva York o Ámsterdam han adoptado medidas similares ante la necesidad de equilibrar el turismo —vital para la economía— con el derecho a una vivienda asequible y la calidad de vida en los barrios residenciales. Aunque el enfoque está siendo muy diverso.

Madrid, la ciudad española con mayor número de pisos turísticos —que en su inmensa mayoría (más de un 90%) operan al margen de la ley— también ha puesto el foco en este tipo de viviendas. El Ayuntamiento del popular José Luis Martínez-Almeida acaba de aprobar el Plan Reside, que se espera entre en vigor en agosto. A partir de entonces, los pisos que se encuentren en edificios de uso residencial dentro del centro histórico, incluidas plantas bajas, no podrán destinarse a uso turístico. Solo podrán funcionar como tal en edificios que se destinen solo a ese fin. La medida puede mejorar la convivencia entre visitantes y residentes pero, paradójicamente, deja el control de este tipo de oferta en manos de grandes tenedores y profesionales, lo que puede provocar la expulsión de los arrendatarios si, por ejemplo, un fondo de inversión adquiere un bloque con inquilinos para destinarlo al turismo.

También el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado nota del creciente malestar ciudadano, y el plan de vivienda presentado este jueves en el Congreso de los Diputados incluye, entre otras medidas, que todos los pisos destinados a uso turístico paguen un IVA del 21%, como una actividad económica más, ya la ejerza un particular o un profesional. La fragmentación del Congreso augura una difícil vida parlamentaria al proyecto pese a su ambición, pero la gravedad del problema obliga a las autoridades a buscar soluciones urgentes.